El cantonalismo de Segovia, otro problema interno de UCD

Los orígenes de lo que se ha dado en llamar «el contencioso segoviano» se remontan a mediados de octubre del pasado año, en que los tres parlamentarios de UCD de Segovia miembros del Consejo General deciden, poco antes, de que éste tome la iniciativa y abra el período de adhesión de las corporaciones locales al proceso castellano-leonés, suspender sus actividades dentro del ente preautonómico por discrepancias con su propio partido a nivel regional sobre el sistema de representación de las distintas provincias en los futuros órganos que recoja el Estatuto. Para los centristas segovianos no era ni es aceptable otro sistema que el absolutamente igualitario, sin considerar negociable ningún tipo de proporcionalidad corregida.En estas circunstancias, el Consejo General (Palencia, 26 de octubre) inicia constitucionalmente, vía artículo 143, el proceso autonómico, con un acuerdo plenario que considera principios básicos del Estatuto a elaborar «el respeto a las provincias, entes locales e instituciones, y la representación igualitaria de aquéllas en los órganos autonómicos», así como la «solidaridad intrarregional con la potenciación de las provincias menos favorecidas, evitando, por consiguiente, todo tipo de centralismo». Pese a los términos del acuerdo -que asumía las condiciones expuestas por UCD de Segovia para su adhesión al mismo-, no se produce la reincorporación de los parlamentarios centristas segovianos al Consejo General, donde Modesto Fraile ocupaba la Consejería de Interior y Administración Local.

Así las cosas, va transcurriendo el plazo de seis meses que establece la Constitución sin que en la provincia de Segovia se registren apenas pronunciamientos municipales sobre la cuestión.

Descolgada de la iniciativa castellano-leonesa

Terciado marzo, antes de que el recién elegido presidente de UCD de Castilla y León, Salvador Sánchez Terán, por entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, pueda llevar a cabo su anunciado propósito de reunirse con el comité ejecutivo provincial de Segovia para conocer con exactitud su posición, éste acuerda «aconsejar» a la Diputación y ayuntamientos de UCD «se abstengan por el momento de tomar decisiones sobre el proceso autonómico en marcha, vista la imposibilidad actual de asegurar que en un futuro Estatuto de Autonomía se recojan las exigencias mínimas de salvaguardia fijadas por la asamblea provincial del partido».Tales exigencias, el «respeto absoluto» a la provincia y el municipio, así como sus órganos de representación (Diputación y ayuntamientos), la igualdad de representación de las provincias en todos los órganos del futuro ente autonómico, la evitación de cualquier tipo de centralismo regional y la articulación de una solidaridad intrarregional, figuraban, no obstante, expresamente en el acuerdo por el que el Consejo General inició el proceso.

De ahí que el entonces presidente del mismo, Juan Manuel Reol Tejada, en un discurso pronunciado en Villalar, señalara que se llegaba al final del proceso con una sombra, Segovia, considerando la postura de sus correligionarios segovianos como «absolutamente incomprensible». «Todas las garantías que Segovia indica que son necesarias para adherirse», afirmó, «son las que 1.500 ayuntamientos han ido suscribiendo».

Los esfuerzos desplegados por Sánchez Terán tratando de persuadir a los centristas segovianos no ofrecen resultado positivo y, concluido el plazo, en la provincia tan sólo se han adherido a la iniciativa-castellano-leonesa la docena de municipios con mayoría socialista, los independientes más importantes (San Ildefonso, Cantalejo, Santa María de Nieva, etcétera) y algunos regidos por él Partido Ruralista, en total unos veinte ayuntamientos. Segovia queda formalmente descolgada del proceso de Castilla y León, y únicamente la aplicación del artículo 144, apartado C, de la Constitución, según el cual las Cortes, mediante ley orgánica, pueden, por motivos de interés nacional, sustituir la iniciativa de las corporaciones locales, puede posibilitar su incorporación antes de cinco años.

La negativa de UCD de Segovia a sumarse a la autonomía castellano-leonesa se consuma, y ello es posible tanto a la debilidad del aparato regional del partido, apenas organizado, como al apoyo, cuando mnenos tácito hacia su actitud, por parte de figuras centristas como Rafael Calvo Ortega y Fernando Abril Martorell, ambos con amplias vinculaciones políticas en la provincia, sin olvidar el peso espécífico -por la confianza de que gozan, en la Moncloa- de los parlamentarios Modesto Fraile, vicepresidente primero del Congreso, y Julio Nieves Borrego, secretario del Grupo Centrista del Senado, presidentes de honor y ejecutivo, respectivamente, de la UCD provincial.

La postura de ésta, argumentada básicamente sobre los peligros de un pretendido centralismo vallisoletano, es objeto de unánime repulsa por la oposición, que, por contra, sostiene que marginar a Segovia de su adscripción a Castilla y León equivale tanto como a condenarla a ser apéndice del área metropolitana de Madrid.

En opinión generalizada de la izquierda, los rectores de la UCD segoviana pretenden, permaneciendo al margen de la autonomía, consolidar aún más, dadas sus buenas relacion iis con el poder central, su feudo político utilizando como instrumento para tal fin la Diputación, corporación que dominan con amplitud. Se recuerda a este respecto que tres de los cinco parlamentarios segovianos de UCD, los citados Fraile y Nieves, junto con el senador Zamarriego, han tenido como Irampolín político, al igual que el propio Abril Martorell, la presidencia de la Diputación Provincial de Segovia.

Aparte las duras críticas, coincidentes en calificar la actitud como «caciquismo provinciano incontrolado», de la oposición de izquierda -en Segovia UCD asume el espacio político de Alianza Popular, que no existe, teniendo a su derecha tan sólo a Fuerza Nueva, lógicamente idertificada con su postura antiautonómica-, la posición de los centristas segovianos ha sido denunciada públicamente dentro de la propia UCD castellano-leonesa.

Así, los centristas burgaleses, quienes preside Reol Tejada (ahora secretario de Política Territorial de UCD), y de los que fonna parte su sustituto en la presidencia del Consejo General, José Manuel García Verdugo, han llegado a plantearse el abandono del comité ejecutivo rógional del partido si no se clarifica la postura de sus correligionarioá segovianos, ya qÍue «no podríamos compartir una actitud que contribuye a confundir a la opinión pública en materia tan delicada».

Y otros destacados centristas castellano-leoneses, como el soriano Gabriel Cisneros, secretario general de Relaciones con las Cortes, o el zamorano Víctor Carrascal, secretario de Estado para las Corporaciones Locales, han expresado su perplejidad ante la actitud de UCD de Segovia; para el primero, «lo de Segovia es un accidente», mientras que para el segundo, «si no fue un error, pienso que no puede estar del todo cerrada».

Enfrentamiento con Martín Villa

Tras varios meses de obligado punto muerto, impuesto por el propio impasse del proceso castellano-leonés, el asunto vuelve a suscitarse al llegar a la cartera de Administración Territorial Rodolfo Martín Villa, quien en su primera y hasta ahora última toma de contacto con los parlamentarios segovianos de UCD ha apuntado como única solución la incorporación de Segovia a Castilla-León, a través del procedimiento establecido en el apartado c del artículo 144 de la Constitución. Ante lo que interpreta como una velada amenaza, el consejo político provincial de UCD aprueba, a raíz de ello, a propuesta de una ponencia presidida por Modesto Fraile, una serie de acuerdos ratificando posiciones anteriores, ya que «no sería conveniente modificar dicha actitud cuando en el momento presente no se conoce por nosotros el proyecto de autonomía de nuestro propio partido a nivel regional». Por su parte, Martín Villa reconocía a mediados de octubre, ante la Comisión de Administración Territorial del Congreso, que la oposición de UCD de Segovia representa «un grave problema interno», añadiendo que «el Gobierno recurrirá a todos los mecanismos que le otorga la Constitución para resolver el contencioso».Ese mismo día, los dos diputados de UCD por la provincia, Modesto Fraile y Carlos Gila, elevaban un escrito a la Mesa del Congreso recordando que la iniciativa autonómica castellano-leonesa ha existido, pero no ha prosperado, en Segovia para que sea tenido en cuenta «en el supuesto de que por medio de la presentación del proyecto de Estatuto de Castilla y León se pretendiera aplicar a la provincia el apartado c del artículo 144 de la Constitución».

El enfrentamiento ha quedado ahora polarizado entre UCD de Segovia y el ministro de Administración Territorial. No puedo aceptar eso de que el ministro nos llame y nos regañe, pues si él nos ha regañado, también nosotros le hemos regañado a él. Y, desde luego, no hay ministro que nos haga entrar por donde sólo él quiera», ha dicho Modesto Fraile.

¿Hacia el bloqueo del contencioso?

Presumiblemente, más como medio para contrarrestar los posibles intentos de integración por parte de Martín Villa, que, como fin en sí mismo, Modesto Fraile ha llegado a apuntar, de no ser admitida una situación especial para Segovia dentro del régimen castellano-leonés, la posibilidad de iniciar el camino hacia la constitución de una comunidad autónoma uniprovincial. «Tan pronto paremos la ofensiva de Martín Villa por el apartado c del 144, ha manifestado ante responsables de la patronal segoviana, «comenzaremos la nuestra por el del mismo artículo, puesto que entendemos que podemos disfrutar de igual autonomía que Logroño o Santander, por ejemplo».Sin embargo, cuando las dos fuerzas mayoritarias en Castilla y León se disponen a iniciar negociaciones sobre el proyecto de Estatuto, siendo el tema de Segovia prioritario para los socialistas, todo parece indicar que la situación lleva camino de bloquearse. Ni el ministro de Administración Territorial parece tener capacidad para enmendar a una UCD provincial de cuyas posiciones se corresponsabilizan Calvo Ortega y Abril Martorell, ni, por elementales razones de Estado, resulta factible la comunidad autónoma uniprovincial de Segovia. Salvo que medie en el contencioso el que fuera gobernador civil de la provincia, Adolfo Suárez, Segovia puede permanecer como reducto único del centralismo anterior en la configuración del Estado de las autonomías.