Posible apertura de nuevos expedientes contra ingenieros de la Diputación

El diputado provincial responsable de Vías y Obras de la Diputación, Lorenzo Hernández, presentó el pasado lunes ante el consejo de gobierno de dicho organismo un informe en el que se plantea la apertura de nuevas diligencias previas y, en su caso, de nuevos expedientes disciplinarios a diversos funcionarios.

Los posibles nuevos expedientes serían, en este caso, por la supuesta percepción indebida, en concepto de honorarios por dirección de obra, del 4% del importe total de los proyectos relativos a cooperación y coordinación, percepciones que el diputado en cuestión considera que se vienen cobrando en forma no ajustada a derecho.El consejo de gobierno decidió, ante los argumentos presentados, trabajar sobre los mismos con el fin de instruir los procedimientos a que hubiera lugar. Es conocida la postura de su presidente, José María Rodríguez Colorado, de investigar a fondo cualquier posible irregularidad en los servicios de la Diputación, por lo que se considera como muy posible que en plazo breve se ordene la apertura de nuevas diligencias previas.

Según declaraciones del diputado Lorenzo Hernández, el informe presentado el lunes incluye también los razonamientos legales en que se basa para presumir la irregularidad de las percepciones. Así se cita la obligatoriedad por parte de las diputaciones de prestar asistencia técnica, asesoramiento, redacción de proyectos y dirección de las obras, tanto las ejecutadas directamente por ella misma como las realizadas por convenio con los ayuntamientos. En este supuesto, los funcionarios de la Diputación, entre ellos los ingenieros, no pueden percibir cantidad alguna por ningún concepto en el transcurso de obras dependientes de la Diputación, ya que su papel como técnicos no lo ejercen en régimen privado, sino por su condición de funcionarios. A este respecto se citan el Decreto 1.087/ 1976, de 23 de abril; la ley 41/75, de bases del Estatuto de Régimen Local, y el Real Decreto 3.046/1977, de 5 de octubre, entre otros.

De acuerdo con esta normativa, la única posibilidad de que los ingenieros pudieran percibir algo por este tipo de trabajos sería si previamente existiera un acuerdo motivado en el sentido de que tales trabajos son especiales y no se incluyen entre sus obligaciones como funcionarios, lo que no ha ocurrido en la Diputación madrileña.

El informe del diputado incluye además la exigencia al interventor general para que ejerza su función fiscalizadora en materia económica y financiera, lo que supone que, en caso de que sea procedente, exija a los implicados la devolución de los honorarios percibidos.

Evitar incompatibilidades

La normativa legal parece alcanzar también al Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, una de cuyas obligaciones legales es precisamente la de evitar que sus colegiados puedan incurrir en casos de supuestas incompatibilidades como el descrito.Lorenzo Hernández ha recogido por sí mismo diversas sentencias judiciales que parecen apoyar sus postulados. Destaca por su importancia una sentencia de 1978 de la Audiencia Territorial de Sevilla contra dos ingenieros de caminos y tres ayudantes de obras públicas, todos ellos funcionarios de la Diputación de aquella provincia. En la sentencia se desestima un recurso interpuesto por los cinco aludidos, en base a que por su calidad de funcionarios «no tenían derecho a percibir honorario alguno, por impedirlo expresamente la normativa reguladora de esta materia».

En el mismo sentido se pronuncia un informe de la sección central de asesoramiento del Ministerio del Interior dirigido al presidente de la Diputación sevillana el 18 de mayo de 1978. En dicho informe se dice textualmente: «Los cargos de plantilla ocupados por funcionarios técnicos provinciales tienen como razón de su propia existencia, entre otras funciones, la prestación de asistencia a los ayuntamientos, que puede consistir en la dirección técnica de las obras, sin que puedan percibir honorarios por tal concepto».