El Opus Dei y los democristianos boicotean el divorcio y la autonomía universitaria

Viene de primera páginaLuis González Seara dijo, con tono airado desde la mesa presidencial: «He observado que el planteamiento general de este grupo no tiene que ver con la discusión normal que han tenido otras leyes. Hablemos claro. Si esto sigue así yo me callaré, pero he de decir que, como miembro del Gobierno, no acepto que se aplace la Comisión de Universidades y no me responsabilizo de las consecuencias que tal aplazamiento pueda tener».

«Tampoco entro», siguió el ministro, «en aceptar que se modifiquen los sistemas normales del trabajo de la comisión por los temas conflictivos. Por consiguiente, mantengo mi postura y, como ministro del Gobierno, quiero que la comisión comience mañana y haga su trabajo normal. Lo que no sea esto, lo estimo improcedente». Terminada su intervención, González Seara abandonó la mesa presidencial.

Las cuatro propuestas que se plantearon para enfocar la convocatoria de la comisión fueron: 1) Reunión de la comisión. 2) Reunión, pero con «aplazamiento» de los temas polémicos. 3) Que el grupo aconsejara a su consejo de dirección la designación de una ponencia de cinco o seis miembros para que, junto con los ponentes habituales de UCD y de acuerdo con el Gobierno, estudiara los puntos conflictivos. 4) Que los extremos polémicos se plantearan el viernes en la ejecutiva del partido. Estas propuestas fueron sacadas de intervenciones de los diputados Carrascal, Martín Oviedo y Camacho, entre muchos otros. «Tras mantener contactos con el Gobierno y con las diversas posiciones», según dijo el portavoz del grupo centrista, Miguel Herrero de Miñón, salió adelante una solución que no puede calificarse como luz verde a la comisión para que realice su «trabajo normal», como quería González Seara. En medios socialdemócratas cunde la impresión de que una dimisión del ministro no es descartable si la LAU es modificada en el aspecto que pretenden los democristiarios.

«La Comisión de Universidades», dijo Miguel Herrero, «se reunirá a las doce de la mañana (por hoy), en vez de a las 10.00 horas, porque Coalición Democrática y las minorías vasca y catalana sólo tienen un diputado para esta reunión y la de la Comisión de Justicia, convocada para la misma hora. La comisión trabajará al ritmo conveniente para llegar al artículo 5. Hasta este artículo habrá numerosos problemas, por lo que las decisiones de la comisión no serán irreversibles para UCD. Los principales problemas se plantearán en los artículos 3 (universidad como servicio público) y 5 (libertad de creación de centros universitarios)».

Las intervenciones de Herrero de Miñón

«Sobre el artículo 3», añadió Herrero de Miñón, «deberán pronunciarse el grupo parlamentario, la comisión interna y otros órganos del partido. Tendremos presente la enmienda de Meilán (desaparición del concepto de universidad como "servicio público") que, en principio, no prosperaría, porque debe recibir un número de votos que le permitan ser honrada, no honrada de honra, sino de honradez. Esta enmienda quedaría viva para el Pleno y el artículo 3 quedaría abierto».

Así, en medio de los eufemismos del portavoz («ritmo conveniente», cuando habían debatido hasta la saciedad darle al debate un ritmo francamente lento; «artículo 3 abierto», porque preferían no lanzar la consigna final de artículos «aparcados») se llegó al final de las intervenciones y de la sesión, mientras Herrero de Miñón les decía a los diputados centristas que la solución que se había arbitrado «permite que no haya vencedores ni vencidos, que el grupo siga siendo corresponsable de decisiones políticas tan importantes como ésta y que se dé entrada en esas decisiones a otros órganos, como la ejecutiva del partido».

De los aproximadamente setenta diputados que había para entonces (nueve de la noche) en la sala, sólo votó en contra uno -la nueva incorporación por Granada- y once se abstuvieron, entre ellos la presidenta de la Comisión de Universidades, Carmela García Moreno, el ministro de Justicia, Fernández Ordóñez, y los socialdemócratas Javier Moscoso y Carmen Solano.

José Luis Meilán -«yo no estoy en ningún bando, aunque soy del Opus Diei; mi propuesta es sólo académica y estética»- atacó la consideración de la universidad como «servicio público» hasta la saciedad. «No puedo admitir», decía por la mañana en un pasillo, «que me digan que el obstáculo es el artículo 3 de la ley Villar, que ya dice que la universidad es un servicio público, porque entonces yo, con perdón, me cisco en la ley Villar, porque prefiero basarme en la Constitución que en una ley ordinaria anterior a ella».

Meilán explicó que en lo que la universidad verdaderamente representa es un «servicio esencial a la comunidad» y dijo que en el tema del profesorado su permanencia y acceso cabían dos sistemas: el de la habilitación, que les permite ingresar en el funcionariado, y el del contrato, «que yo no lo veo como un sistema de elección del profesorado permanente, sino como una fórmula residual. Hay que optar por uno de ellos porque no se pueden hacer sistemas modelo hermafroditas».

En el fondo de este debate radica lo que Carmela García Moreno calificó como «miedo a que la universidad se convierta en el reino de los profesores no numerarios». «La ponencia», siguió la presidenta de la Comisión de Universidades, «establece contratos temporales para los PNN, lo que hace que la calidad de la enseñanza sea mayor, ya que ahora se les contrata indefinidamente».

Como otra aportación a la batalla del «servicio público», Satrústegui afirmó que «no es procedente considerar la universidad como un servicio público, como no lo son los periódicos, las carnicerías o las panaderías».