No se le abonará la deuda al ex secretario general hasta que no justifique gastos

La Dirección General de Economía del Consejo del País Valenciano afirma que no se ha negado a pagar a Fernando Ramón, ex secretario general de la presidencia de este organismo cuando la desempeñaba José Luis Albiñana (PSOE), la cantidad de dinero que, según Magistratura, debe percibir en concepto de salarios atrasados. Pero agrega que, en tanto no justifique el uso de fondos del Consejo por un valor superior a aquella cantidad realizado mientras ocupaba el cargo, no se hará efectiva la deuda.Fernando Ramón, quien ha interpuesto querella contra el presidente del Consejo, Enrique Monsonís (UCD), por presunto delito de desobediencia a la Magistratura, que dictó sentencia a su favor para percibir remuneraciones atrasadas no satisfechas por el Consejo, manejó fondos sin llevar libros de contabilidad, por valor superior a las 500.000 pesetas.

A raíz de la sentencia de Magistratura, el Consejo presentó requerimiento notarial para que el ex funcionario de la Presidencia justificara la liquidación de utilización de los citados fondos, a los que tuvo acceso en 1979, en la época del ex presidente Albiñana. Al mismo tiempo se depositó en notaría un cheque por importe de la deuda contraída con el querellante, del orden de las 450.000 pesetas, para que, una vez justificados, se le entregara. Asimismo se notificó que el Consejo se reservaba la iniciación de un procedimiento penal contra Fernando Ramón «para esclarecimiento de lo que en principio aparece como una estafa, apropiación indebida o malversación de caudales públicos», según informó a EL PAIS la Consejería de Economía.

A lo largo de este contencioso, según fuentes del Consejo, Fernando Ramón admitió que se le descontara una cantidad superior a las 100.000 pesetas que había cobrado por fotocopias realizadas a la Consejería del Interior que no constaban en ningún libro de contabilidad. Por otra parte, matizaron que las remuneraciones adeudadas corresponden al período de la gestión del ex presidente José Luis Albiñana, «al haber agotado en el mes de septiembre de 1979 su asignación presupuestaria».