La huelga de los profesores de BUP entra hoy en su octavo día

Ayer entró en su séptimo día la huelga de catedráticos y agregados de bachillerato, cuya importancia es cada día mayor, según las asociaciones convocantes, en tanto que para el Ministerio de Educación el proceso es justamente de signo contrario.

Frente a los 19.600 profesores en paro contabilizados por el comité de huelga, cuyos datos reflejan 46 provincias afectadas, tras sumarse ayer las de Baleares y Santa Cruz de Tenerife, el Ministerio registra 11.000 huelguistas, es decir, 3.000 menos que en la jornada del miércoles, lo que supone el 32% del profesorado numerario de todos los institutos. Las fuentes ministeriales puntualizan que para la obtención de este porcentaje se descontaron las plantillas docentes de las provincias de Sevilla y Almería, en las que la jornada no tuvo carácter lectivo con motivo de las elecciones al Senado.Las asociaciones promotoras de la huelga criticaron ayer una vez más las informaciones del Ministerio de Educación respecto de la repercusión del conflicto. «Lamentamos profundamente», señalaron en una nota de Prensa, «que el Ministerio centre su estrategia en una simple guerra de datos y en maniobras que pretenden enfrentar a los docentes entre sí, y que están enconando innecesariamente la situación, en vez de afrontar de una vez la razón de fondo: la discriminación inadmisible de sus profesores de enseñanza».Mientras el conflicto de los catedráticos y agregados de BUP parece haber entrado en un callejón sin salida (los dirigentes de las dos asociaciones profesionales pedían ayer que el titular de Educación lleve sus reivindicaciones a la reunión del Consejo de Ministros de hoy), portavoces de FETEUGT aseguraron que Juan Antonio Ortega parece dispuesto a «iniciar negociaciones con las centrales sindicales y asociaciones profesionales, que permitan mejorar sustancialmente las condiciones de vida y trabajo de los funcionarios docentes».

La comisión ejecutiva de FETE-UGT explicó ayer en un comunicado que el pasado miércoles habían acordado, en una entrevista mantenida con el ministro de Educación y con el director general de personal del departamento, iniciar un proceso de negociación sobre la reducción de la edad de jubilación de los maestros; política de personal (traslados, oposiciones, plantillas y convocatorias), en el contexto de los problemas derivados de las transferencias a las autonomías; elecciones sindicales, y temas de retribuciones.