Después de la caída

EL CRIMINAL atentado, perpetrado en Hendaya el pasado domingo por el Batallón Vasco Español puede desencadenar una dinámica, imprevista por sus autores, que desate algunos de los enredados nudos que bloquean el conflicto vasco. El santuario que ofrece el departamento francés de los Pirineos Atlánticos a los etarras, de un lado, y las complicidades institucionales con esos crímenes de la ultraderecha, que tan poderosamente ayudan a la cohesión de las bases sociales de ETA en el País Vasco de otro, han entrado bajo la luz de los focos tras la accidentada fuga del supuesto comando asesino.En un comentario publicado hace dos días señalamos la vergonzosa circunstancia de que los atentados de la ultraderecha nunca sean satisfactoriamente esclarecidos y que sus autores rara vez sean detenidos. La conjetura de que algunos medios institucionales españoles, infringiendo la legalidad constitucional, puedan prestar a esas bandas terroristas sostén y apoyo ha recibido un poderoso refuerzo con la incalificable estampa de la puesta en libertad en la frontera de Irún de las personas que huyeron de territorio francés minutos después del crimen de Hendaya y se adentraron en nuestro territorio como Pedro por su casa. La medida gubernativa de cesar al comisario de fronteras, pero sin entregar su caso al juez y sin anunciar la ampliación de las investigaciones, fue el primer indicio de que, una vez más, un atentado de la ultraderecha podía entrar en el polvoriento camino del carpetazo y del olvido, Pero las descabelladas explicaciones que nuestras autoridades comienzan a balbucir sobre unos invasores con acento extranjero, de los que nadie recuerda la nacionalidad, el número de pasaporte y el nombre, rebasan ya el límite de lo imaginable y constituyen una ridícula tomadura de pelo que humilla a quienes la padecen y degrada a quienes la gastan.

Algunos medios pretenden justificar lo injustificable esgrimiendo un derecho de asilo político que las Cortes Generales todavía no han estatuido y argumentando que la gendarmería francesa se comporta de idéntica manera con los terroristas etarras. Sin embargo, las graves responsabilidades de las autoridades del país vecino nacen de su tolerancia para con los etarras que habitan en el País Vasco francés, pero no de su permisividad en los puestos fronterizos. Los activistas de ETA cruzan la muga por el monte, o con documentación falsa, por Hendaya, Behovia o Dancharinea, pero no se precipitan en automóviles con matrícula de San Sebastián, armados hasta los dientes y rompiendo las barreras aduaneras españolas, para refugiarse en el pecho protector de los gendarmes.

Ahora bien, el crimen de Hendaya también ha confirmado la pasmosa impunidad con que los terroristas de las diversas ramas de ETA campan por sus respetos en una reducida área del País Vasco francés fronteriza con el País Vasco español. En un pañuelo de pocos kilómetros cuadrados, punteado por centros urbanos que durante el invierno albergan escasa población, las organizaciones terroristas se dedican, sin ser molestadas por la policía francesa, a comprar y, almacenar armamento y explosivos, planear atentados, organizar el cruce de la frontera, encontrar refugio inmediato después de perpetrado un crimen, negociar y recibir los pagos por las extorsiones de que son víctima los ciudadanos vascos y blanquear ese dinero negro mediante negocios legales y depósitos bancarios acogidos al secreto profesional. Las investigaciones que el crimen ultraderechista ha puesto en marcha permiten ahora saber, disipada la bruma inicial del salvaje atentado, que el bar de Hendaya asaltado por los pistoleros del Batallón Vasco Español era un lugar habitual de citas de los etarras, sin que se descarte la hipótesis de que esa misma tarde Domingo Iturbe Abasolo, uno de los principales dirigentes de ETA Militar, se hallara en el local. ¿Tienen que morir dos ciudadanos para que las autoridades francesas reparen en hechos tan gruesos?

Por lo demás, la noticia de que el embajador español ha sido llamado a consultas a París hace pensar que el incidente fronterizo puede dar lugar a un serio conflicto diplomático. La escalada del Gobierno francés contra las libertades, en la que se inserta el proyecto «seguridad y libertad», de Alain Peyreffite, y el procesamiento del director de Le Monde, priva, por supuesto, de cualquier ejemplaridad democrática al desvelo de París por los llamados «refugiados» vascos, al igual que el asunto de los diamantes de Bokassa ha despojado al presidente Giscard de autoridad moral en las cuestiones que se refieran a la defensa de los derechos humanos. La inclusión de los tres territorios vascos de Francia -Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa- en el departamento de los Pirineos Atlánticos demuestra, por lo demás, que la tolerancia protectora del Estado vecino hacia quienes asesinan en nombre de una Euskadi independiente, que incluiría en su descabellado proyecto del zazpiak bat (siete en una) al País Vasco francés, poca relación guarda con el propósito de adecuar la organización administrativa provincial napoleónica a las peculiaridades culturales y lingüísticas de sus habitantes. Pero las incongruencias de París respecto a la autonomía vasca a uno y otro lado de los Pirine os y la voluntad del Gobierno francés de pisotear las libertades dentro del hexágono o en Africa Central tan pronto como siente amenazados sus intereses no invalidan el terco hecho de que el presidente Giscard, por razones electoralistas o por exportar problemas internos a sus vecinos, puede tal vez convertir el incidente fronterizo en un serio conflicto diplomático.