"La historia de los presuntos malos tratos en Herrera acaba de empezar"

Para Gonzalo Martínez Fresneda, Jaime Sanz de Bremond y José Galán, tres de los 36 abogados madrileños que interpusieron la querella por presuntas torturas, en la cárcel de Herrera de la Mancha y que, por su condición de colegiados en Ciudad Real, están personados en el sumario que se sigue en Manzanares por esta causa, «la verdadera historia de Herrera no ha hecho más que empezar tras el auto de procesamiento dictado por el juez contra cinco funcionarios» (véase EL PAÍS de ayer).

La frase de «no ha hecho más que empezar» significa para estos tres abogados que «es ahora cuando nos encontramos en igualdad de condiciones con los funcionarios acusados».Partiendo de esta consideración, los tres aseguraron estar dispuestos a «llegar hasta el final», y para ello tienen previsto recurrir mañana contra el auto de procesamiento. «Y lo vamos a hacer por dos razones», explica José Galán: «En primer lugar, porque no admitimos que estos funcionarios hayan sido procesados por el artículo 187 del Código Penal -que habla de utilizar un rigor innecesario en el trato con los reclusos-, sino que pediremes que lo sean por el de tortura, como también lo hizo el fiscal en su día. Y, en segundo lugar, porque queremos que se amplíe el procesamiento hasta a una veintena de funcionarios, incluído el director de la prisión».

Llamar a las cosas por su nombre

La distinción entre el delito por el que han sido procesados y el que tipifica la tortura (el 204 bis) tiene, para el citado abogado, el objetivo final de «llamar a las cosas por su nombre, ya que este artícuto establece que cualquier amenaza, coacción o lesiones causadas a un preso por un funcionario tienen la consideración de torturas, y tarabién porque el último párrafo de este artículo responsabiliza a quienes, en razón de su cargo, hubieran ordenado o consentido en el delito».«El juez ha procesado por el artículo 187», señala Jaime Sanz, «si lo hubiera hecho por el de tortura habría llegado hasta la misma cúspide de la Dirección General de Prisiones». En este sentido, los tres abogados manifestaron que pedirán responsabilidades, en un futuro próximo, al director general de Instituciones Penitenciarias, Enrique Galavís, y al inspector general, Emilio Tavera.

La responsabilidad del director de Herrera, Santiago Martínez Motos, es evidente, según los tres abogados. «Si el director no conocía lo que estaba pasando en su propia cárcel», razona Gonzalo Martínez Fresneda, «demuestra que es un incompetente, porque su obligación es estar al tanto de lo que ocurre, y más contando con un circuito cerrado de televisión. Y si resulta que lo sabía y que no ha hecho nada por evitarlo, entonces es cómplice del delito». Sin embargo, ninguno de los tres cree que Martínez Motes abandone su puesto.

Rueda de reconocimiento clarificadora

El momento más «interesante y clarificador» de todo el proceso judicial que se sigue en la cárcel de Herrera ha sido para los abogados la rueda de reconocimiento practicada el pasado día 17 en el interior de la cárcel. Jaime Sanz relató así los hechos: «El juez Hijas había tomado todas las precauciones, especialmente después de que la Audiencia de Ciudad Real le ordenase practicar la prueba. Se escogieron hasta un total de cincuenta funcionarios: veintitrés que figuraban como acusados y otros veintisiete ajenos a los hechos. Los diecinueve presos citados estaban extremadamente nerviosos, o, por decirlo claro, muertos de miedo. Hasta tal punto que dos se negaron a participar en esta prueba porque -dijeron-, «si ahora les identificamos y luego volvemos a Herrera nos pueden machacar, así es que nosotros no reconocemos ni a nuestro padre». Pese a ello, se mantuvieron firmes en todo lo declarado durante el sumario. A los diecisiete restantes les colocaron, uno a uno, detrás del locutorio, con los cristales cubiertos, excepto una rendija por la que miraban. Los funcionarios iban pasando, en grupos de diez y con un número sobre el uniforme, por delante del recluso, y éste iba diciendo quién le había agredido y quién no; y también los funcionarios que, aunque no le hubieran maltratado, hubieran estado presentes durante las supuestas palizas».Así se hizo a lo largo de casi diez horas y de las conclusiones vinieron los procesamientos. De los cinco funcionarios afectados, uno fue reconocido por trece presos, otro por once y los; restantes por siete. «También hubo un jefe de servicio, que estaba incluido en la lista del fiscal, al que reconocieron siete presos, pero que no ha sido procesado», puntualizó Martínez Fresneda.

Barbas cambiantes y gafas innecesarias

Algunos funcionarios habían tomado también sus precauciones. «Así», cuenta José Galán, «nos encontramos de pronto con barbas crecidas o barbas acabadas de rasurar, multitud de gafas innecesarias y extraños bigotes, así como toda una variedad de peinados distintos a cuando se produjeron los hechos». Tanto fue así que algunos presos les reconocían, pero le decían al juez: «Mire, éste creo que es uno de ellos, pero con esas gafas y ese bigote no estoy muy seguro». El juez Hijas hubo de mostrar las fotografías del carné de identidad para su reconocimiento.Poco después, los presos fueron devueltos a sus cárceles, pero antes le habían preguntado a Eduardo Hijas: «¿Y qué nos va a pasar después de esto?», porque, en definitiva, como apuntaba ayer Jaime Sanz, «los auténticos protagonistas de esta escabrosa historia han sido los presos, porque han sido ellos los que verdaderamente han soportado todo el peso moral del proceso».

EL PAÍS ha intentado entrevistarse con el director de la prisión de Herrera, Santiago Martínez Motos, para conocer su punto de vista sobre los sucesos de la cárcel. Sin embargo, éste ha preferido guardar silencio, aunque añadió que «más adelante, cuando no esté tan ocupado» accedería a ello.