La política agraria de la Comunidad Económica Europea necesita reestructurarse al margen del ingreso de España

Los servicios técnicos de la Comisión Europea tienen prácticamente finalizados tres documentos de gran importancia para España, aunque no se refieran directamente a las negociaciones hispano- comunitarias para la adhesión. Se trata de tres informes sobre las modificaciones que debería sufrir el «acervo comunitario», es decir, el conjunto de normas y reglamentos de la CEE, en los sectores «vino», «aceite» y «frutas y legumbres», los tres más decisivos desde el punto de vista de los intereses agrícolas españoles.

, Los informes, que no cuentan aún con la aprobación del Correper (representantes permanentes de los nueve países miembros de la CEE) ni del Consejo de Ministros, contienen «orientaciones sobre las reformas reglamentarias que debería introducir la Comunidad Económica Europea, antes del ingreso de España y Portugal. Estos trabajos se inscriben dentro del mandato recibido por la Comisión Europea de preparar un informe completo sobre la política agraria común, y sobre los mecanismos presupuestarios, antes del verano del próximo año.Fuentes comunitarias consultadas por EL PAÍS señalaron que era posible que la reforma de estos tres sectores Fuera aprobado, antes incluso de dicha fecha tope. Un portavoz de la misión negociadora española. reconoció, por su parte, que por el momento la CEE no había establecido ningún mecanismo de consulta con Madrid, aunque, añadió, los expertos comunitarios mantienen contactos continuos con los expertos españoles y saben muy bien cuáles son nuestras posiciones respecto a la reforma de la reglamentación agrícola.

Según los expertos de la CEE, con los que ha hablado este periódico, en el capítulo del aceite de oliva los servicios técnicos comunitarios siguen manteniendo que la adhesión de España significará que los excedentes globales llegarán a las 200.000 toneladas anuales, con un presupuesto aproximado de 1.200 a 1.500 millones de unidades de cuenta europeas (cada «uce» equivale A unas 95 pesetas).

Los expertos estiman, sin embargo, que la CEE no puede imponer una reducción de la producción de aceite de oliva, tanto por razones sociales como ecológicas. Los olivos no pueden ser reemplazados generalmente por otro tipo de cultivo y su desaparición implicaría la desertización de amplias zonas de tierra. Por otra parte, las zonas típicamente olivareras, tanto en España como en Italia, son zonas con pocas alternativas de empleo.

Partiendo de la conclusión de que habrá que mantener la producción actual -tanto España como Italia han adoptado ya medidas para evitar que aumente-, los técnicos estudian la forma de reducir el presupuesto comunitario dedicado a los excedentes oleícolas mediante medidas que favorezcan el consumo del aceite. Para ello se busca una mejor relación de precio entre este producto y los otros aceites vegetales. La relación de precio a nivel comunitario es actualmente de 1 a 2,5, mientras que en España es de 1 a 1,6. Los expertos creen que sería aconsejable lograr una relación 1 a 2 en toda la CEE, España incluida. Ello supondría un aumento del precio en nuestro país y una disminución en los nueve.

De esta forma se ganarían consumidores en Italia y, además, no se perjudicaría a Estados Unidos, el mayor productor de grasas vegetales.

En el capítulo de «frutas y legumbres» el problema que se plantea no es presupuestario, sino de «grado de concurrencia». Los agricultores franceses fundamentalmente, se oponen al ingreso de España, que, a su juicio, va a distorsionar el mercado.

Para evitarlo, la Comisión Europea propone el fortalecimiento de las agrupaciones de productores a nivel europeo. De acuerdo con la óptica francesa, serían estas agrupaciones -en las que los galos serían los más fuertes- quienes impusieran la disciplina de mercado a todos los productores comunitarios, españoles incluidos. En el caso concreto de los agrios (en el que Italia pone serios reparos) se eliminaría la llamada «prima de penetración» antes del ingreso de España, aunque garantizándola temporalmente para los italianos.

Por último, en el sector «vino», los técnicos proponen un mayor control de las plantaciones y una «consolidación» de la situación actual.

En definitiva, los expertos de la Comisión Europea señalan que la adhesión de España plantea ciertamente numerosos problemas, pero que la política agraria de la CEE y su situación presupuestaria necesitarían una seria reestructuración aun en el caso de que el «club» estuviera cerrado. «Con o sin ampliación», dijo a EL PAÍS uno de los más relevantes especialistas en la política agraria comunitaria, «el Mercado Común tendrá que aumentar sus recursos. Y no es justo achacar esta situación a España, porque en la realidad no es la agricultura del Sur la que gasta más dinero, sino la del Norte».

Avances en la negociación no agrícola

La última sesión negociadora a nivel de ministros, celebrada el pasado martes en Bruselas, dejó entrever algunos avances en la negociación hispano-comunitaria no agrícola. El ministro para las Relaciones con la CEE, Eduardo Punset, que acaba de hacer una gira por diversas capitales europeas, señaló que la actitud de algunos de los países miembros sobre los problemas económicos y financieros que plantea la adhesión de España está cambiando.

«Incluso algunos subsectores agrícolas franceses empiezan a darse cuenta de que la integración de España puede resultarles positiva», afiadió Punset. El ministro español está empeñado en mejorar las relaciones Madrid-París, conocedor de que la adhesión de nuestro país sólo será posible en las fechas previstas con el «empujón» final de Francia. En esta teoría de «descrispación» habría que considerar el reciente acuerdo por el que Francia ha vendido a España cerca de 10.000 toneladas de peras y manzanas.