Los consejeros de administración de RTVE declaran sus criterios profesionales y no políticos

Los doce vocales del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española (RTVE), máximo órgano de gestión de este ente público, junto al director general, aceptaron ayer sus cargos en un acto celebrado en el salón de ministros del Congreso y presidido por Landelino Lavilla y Cecilio Valverde, titulares respectivos del Congreso y Senado que les eligió el 30 de octubre y 5 de noviembre, respectivamente, tras nueve meses de negociaciones entre UCD y PSOE.

Los representantes de los distintos partidos que les eligieron manifestaron a EL PAIS que los objetivos prioritarios del Consejo de Administración son velar por el cumplimiento del Estatuto y, en concreto, por los principios que deben inspirar la actividad de la radio y de la televisión estatales, como la objetividad y el pluralismo político y cultural. Todos los vocales, unánimemente, manifestaron que su función en el consejo obedecerá más a criterios profesionales que a instancias de las opciones políticas que representan.«Las actividades y funciones del consejo van a depender, en buena parte, de lo que éste se proponga», afirmó José Antonio Escudero, vocal electo a propuesta de UCD. «Algunas funciones, como las que se refieren a competencias en temas presupuestarios, de plantilla, etcétera, están claramente reglamentadas. Yo entiendo que la primera y más importante es velar para que se cumplan los principios en que debe inspirarse la programación de radio y de televisión, es decir, la objetividad, la separación entre informaciones y opiniones, el respeto a los pluralismos políticos, religiosos y lingüísticos».

Respecto a la posible influencia de poder de los distintos grupos políticos en la gestión de RTVE, José Ignacio Wert, elegido a propuesta de UCD, afirmó: «El hecho de que el consejo sea un órgano de emanación pluripartidista, fruto del acuerdo entre los distintos grupos políticos, no quiere decir que se vaya a una dinámica de repartición entre las esferas de influencia partidistas. Nuestro objetivo es el respeto a los principios del estatuto, en concreto, a velar por la objetividad, imparcialidad y pluralismo en la programación, más allá de las discrepancias que pueda haber entre los distintos miembros».

El próximo director general

La puesta en marcha del diseño constitucional que prevé el estatuto y, en concreto, el nombramiento del próximo director general, la constitución de las sociedades estatales y el nombramiento de sus directores-administradores, son, según Ramón Gómez Redondo, vocal electo a propuesta del PSOE, algunas de las tareas más inmediatas que tiene asignado el Consejo de Administración. «Por otra parte, deberemos de revisar y adecuar los presupuestos a las nuevas circunstancias, así como revisar a fondo todas las previsiones hechas en materia de programación y política informativa por el equipo saliente, evitando que las funciones del consejo se vean hipotecadas por decisiones de última hora de los actuales directivos ».Antonio Kindelán, vocal electo, en representación del PCE, manifiesta que los objetivos prioritarios son la constitución de las tres sociedades estatales y de sus organigramas directivos, así como el nombramiento del próximo director general. «El estatuto nos confiere además funciones competentes en directrices presupuestarias y de gestión económica financiera. Nosotros queremos que la imprevisión que hasta ahora ha reinado en estas materias se convierta, a corto plazo, en una mínima programación de gastos y de ingresos sin aplazar otros objetivos orientados a la renovación de la programación informativa, cultural e infantil, así como todo lo que se derive de las obligaciones contraídas para la retransmisión del Mundial de Fútbol de 1982».

Carmen Llorca, vocal electa a propuesta de Coalición Democrática, afirmó: «El Consejo de Administración es un órgano democrático de gobierno, y una de sus funciones más importantes es velar para que la información sea absolutamente transparente, completa e imparcial. En otro sentido, nuestro deber es cuidar que los medios de que disponga el ente público no cuesten a los españoles más de lo necesario».