Un concejal de UCD, acusado de corrupción

La presunta corrupción del presidente de la comisión de obras del Ayuntamiento de Santander, el centrista Pedro del Mazo, acusado por sus compañeros de Corporación de utilizar el cargo público en beneficio de su fortuna personal, tomó ayer una nueva dirección al conocerse que el encartado se ha querellado contra los concejales Jesús Cabezón, portavoz del PSOE, y José Ramón Saiz Viadero, del PCE, por supuestas injurias vertidas en el pleno que destapó el caso y del que el ponente de obras y teniente de alcalde salió dimitido de sus cargos por el alcalde, Juan Hormaechea.

Jesús Cabezón, después de lamentar que un caso político quiera llevarse al terreno de lo personal, dijo que se consideraba «incompatible con sujetos de la catadura moral del demandante», por lo que no se van a sentar en ningún pleno en el que Pedro del Mazo ocupe los bancos de los concejales. No parece probable que el concejal centrista abandone voluntariamente su escaño, a pesar de que el alcalde se lo pidió públicamente.Por lo demás, el portavoz del grupo socialista añadió que se está estudiando la manera de proponer a la Corporación municipal una fórmula para, al menos, dificultar la posibilidad de utilizar el cargo público para fines impropios. «Nosotros hicimos una declaración jurada de bienes nada más ser elegidos, y habrá que pedir que esto se extienda a toda la Corporación, con un añadido notarial de declaración de actividades, o alguna otra cautela, para que los que no sepan estar en su puesto lo tengan difícil ».

Según las pruebas aportadas hasta ahora por la izquierda con la colaboración de algunos concejales centristas, al exponente se le acusa de utilizar su cargo para desviar proyectos hacia un estudio que abrió en compañía de otro ingeniero técnico poco después de ser elegido concejal. La investigación ha demostrado que de las últimas veintinueve obras de cierre de terrazas, diez las ha realizado el estudio de este concejal, mientras que los demás arquitectos de Santander, en el mismo período de tiempo, han redactado un máximo de un proyecto cada uno. La esposa de un dirigente de UCD de Cantabria, que acudió al Ayuntamiento a pedir información sobre unas determinadas obras a realizar en su comunidad de vecinos, fue quien advirtió, en primer lugar, las irregularidades, al ser remitida por el propio teniente de alcalde a un estudio en concreto.