La inflación que acabó con Carter

En 1976, Jimmy Carter ganó las elecciones presidenciales americanas presentándose como abanderado de la lucha contra el paro. En 1980 las perdió, según dicen las encuestas, a causa de la inflación.Entre ambos acontecimientos media un ciclo económico entero. Cuando Ford perdió sus elecciones, la economía americana llevaba casi un semestre de recuperación y se habían logrado importantes éxitos en la lucha contra la inflación. El empleo empezaba a aumentar de forma sustancial (como trató de señalar Ford ante quien quiso oírle), pero, debido a que las mujeres americanas habían decidido desertar en masa de sus puestos en el hogar, la fuerza laboral crecía tan aprisa como el empleo, por lo que la tasa de paro seguía manteniéndose con un preocupante 7,5% (aspecto sobre el que Carter insistió machaconamente durante la campaña electoral). El déficit del presupuesto federal se situaba en 66.000 millones de dólares, lo que constituía un récord histórico. Carter ganó la jornada prometiendo que haría que América volviese a trabajar y que acabaría con el desastroso estado de las finanzas federales mediante una política económica que estimulase el crecimiento y, por tanto, los ingresos fiscales, y atacando el despilfarro en la Administración.

Cuando Carter sufrió la misma suerte electoral, la economía americana volvía a encontrarse saliendo de una recesión. Aunque durante un cierto tiempo consiguió una redacción del paro, al final de su mandato la tasa de desempleo, siempre acrecentada por las tránsfugas de las faenas domésticas, seguía representando el 7,6% de la población. El déficit federal registraba su segundo récord histórico con 5 9.000 millones de dólares, frente a los 66.000 de Ford en 1976. Pero mientras los republicanos legaban a la historia una inflación inferior al 5 %, los demócratas dejan un generoso 13%.

Más eficacia productiva

El electorado americano ha rechazado categóricamente la política inflacionaria de los últimos años (como también ha rechazado la política internacional, ya que ambos ternas constituyeron la base de la ofensiva republicana y, de nuevo según las en cuestas de opinión pública, de su éxito). La alternativa, que ofrece Reagan es la de un crecimiento basado en una mayor eficacia productiva. La política del partido demócrata tenía sus raíces en la vieja escuela keynesiana, que piensa que lo importante para conseguir el crecimiento es estimular la demanda a base de gasto público y de política monetaria expansiva. Reagan está muy influenciado por los economistas de la oferta, quienes piensan que el problema no es la falta de demanda, sino la necesidad de estimular la producción. La economía no crece lo suficiente porque está maniatada por engorrosas regulaciones federales, lastrada por el ineficiente sector público y porque además se penaliza a los individuos exitosos y a las empresas eficaces mediante el sistema fiscal.

Reagan propone, fundamentalmente, reducir el impuesto sobre la renta de las personas en la friolera de un 30%, reducción que se articularía en tres fases del 10% cada una. Esta medida, basada en las propuestas de Arthur Laffer, miembro destacado del grupo de economistas de la oferta, tiene por objeto estimular el esfuerzo de los individuos y el ahorro. A medio plazo se espera que genere suficiente aumento de la renta y, en consecuencia, de los ingresos fiscales, para compensar la disminución del tipo impositivo. La medida se complementará con una reducción de la presión fiscal sobre las sociedades, propuesta aún no perfectamente delimitada, pero que implicará también nuevas normas sobre amortizaciones más acordes con una situación de rápida inflación. Estas medidas tienen bastante sentido en una sociedad que muestra una de las tasas de ahorro más bajas de su historia y experimenta una grave desaceleración en el ritmo de aumento de productividad.

Normativa abrumadora

Las empresas americanas se quejan de la abrumadora normativa federal en temas como la protección del medio ambiente, la salubridad de los procesos productivos y la seguridad de los productos de consumo. En los últimos diez años, tras la promulgación de la ley de Aire limpio, el país ha logrado importantes avances en la lucha contra la contaminación atmosférica; igualmente se ha progresado en la defensa de los recursos fluviales, forestales y, en general, paisajísticos. Desde las primeras campañas de Ralph Nader en pro de la seguridad del automóvil se han multiplicado las medidas legislativas en relación no sólo con la seguridad de este producto, sino también con la de otros bienes de consumo y con la composición de los alimentos. De resultas de ello, la calidad de la vida en Estados Unidos ha experimentado una notoria mejoría, pero, al mismo tiempo, empiezan a hacerse evidentes algunos de los excesos de esta legislación y de los mastodónticos organismos administrativos creados a su amparo. Bajo la presidencia de Reagan se espera una clara relajación de esta normativa, unida a un traspaso de facultades de la jurisdicción del Gobierno federal a la de los Estados, quienes deberán, por tanto, decidir en buena medida el grado en que piensan defender sus recursos naturales.

Desde finales de los años sesenta, el presupuesto federal americano viene experimentando fuertes déficit. Estos déficit son causa tanto de la inflación como de la disminución en el ritmo de crecimiento de la productividad (al competir el sector público con la inversión privada en la obtención de recursos financieros). Desde hace unos años circula por Estados Unidos la llamada propuesta Kemp-Roth, que, de ponerse en práctica, obligaría legalmente al Gobierno federal a mantener el presupuesto equilibrado. Reagan ha expresado su apoyo a esta propuesta, pero, al mismo tiempo, se propone disminuir los impuestos e incrementar los gastos de defensa. Todo ello implica que su Administración deberá acometer reducciones del gasto en otros sectores. Dado que tiene compromisos de no reducir sustancialmente los gastos de seguridad social, las prestaciones de paro o la ayuda médica, los recortes en los restantes sectores, como por ejemplo educación, deberán ser drásticos.

El problema del equilibrio presupuestario constituye una de las interrogantes más importantes del programa Reagan. El presidente electo espera no sólo poder reducir el gasto público, sino también que la disminución en la carga impositiva, al generar mayor crecimiento económico, acabe produciendo mayores ingresos fiscales y, finalmente, equilibrando el presupuesto en 1983. Para muchos economistas es imposible que este fenómeno opere en suficiente escala. En este caso, la nueva Administración se vería obligada a parar su calendario de reducciones del impuesto sobre la renta o a incurrir en fuertes déficit. Dado que Reagan se encuentra también muy influenciado por economistas de la escuela monetarista, enemigos acérrimos del déficit público (el máximo representante de la misma, Milton Friedman, apoya tanto a Reagan como a las proposiciones Kemp-Roth), el riesgo de que se opte por la segunda solución se considera débil. Por ello, la postura antiinflacionaria del nuevo Gobierno, del que posiblemente formen parte figuras como William Simon o Alan Greenspan, destacados defensores del conservadurismo fiscal en la etapa de Ford, goza de considerable credibilidad.

Reagan llega al poder con un planteamiento económico radicalmente distinto al de la Administración que le precede. El electorado ha manifestado abrumadoramente su hastío ante la inflación.