Juan José Pujana: "La derogación del decreto de gobernadores generales es deseable y posible"

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Euskadiko Ezkerra (EE) han sido hasta el momento los únicos grupos parlamentarios que han presentado sendas proposiciones no de ley Zobre el decreto de gobernadores generales. Las dos fuerzas políticas piden la derogación del decreto-ley amparándose en el artículo 154 de la Constitución española y en el artículo 23 del Estatuto de Autonomía. El presidente del Parlamento vasco, Juan José Pujana, declaraba ayer a EL PAÍS que la derogación del mencionado decreto «es deseable y perfectamente posible».

Las dos peticiones de derogación, que se estudiarán en el próximo Pleno del Parlamento vasco, que tendrá lugar el día 26 del presente mes, insisten en la conveniencia de que las Cortes procedan al desarrollo del artículo 154 de la Constitución, en el que se dice textualmente: «Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la Administración propia de la comunidad».Mientras que Euskadiko Ezkerra crítica el mencionado decreto, por entender que desborda. las previsiones del artículo 154 «bajo una concepción centralista», el Partido Nacionalista Vasco se muestra más cauteloso y, en previsión de que la derogación no se lleve a cabo, hace especial hincapié en la necesidad de profundizar en el desarrollo del mencionado artículo.

«Si la derogación total no es posible, hay que prever la regulación de otra ley que contemple el desarrollo de esas lagunas del artículo de la Constitución. En este sentido pensamos presentar proposiciones de ley en las Cortes Generales», declaró Pujana, refiriéndose al Partido Nacionalista Vasco.

Ante las declaraciones del presidente del Parlamento catalán, Heribert Barrera, en el sentido de que la derogación del real decreto de nombramiento de gobernador general puede poner en entredicho al Gobierno, el presidente del Parlamento vasco, Juan José Pujana, precisó: «Pedir la derogación es perfectamente viable. Teniendo en cuenta que el artículo 154 está todavía por desarrollar y concretar, las Cortes pueden derogar ese decreto-ley y dictar una ley en la que se especifique muy claramente las tareas de cada comunidad autónoma».