Juristas españoles, contra la nueva Constitución uruguaya

Durísimas acusaciones contra la dictadura militar que rige los destinos de Uruguay desde el golpe de Estado de 1973 se sucedieron anoche ante unas 3.000 personas asistentes al «Primer foro por los derechos humanos y sobre el plebiscito constitucional uruguayo», que se celebra en Madrid.La Constitución que se pretende someter a referéndum el 30 de noviembre es «un texto de corte totalitario, correspondiente a una ideología fascista», elaborada por un reducido grupo de militares, según se puso de relieve en el acto. El plebiscito fue calificado de «fraude total».

Conocidos juristas españoles presidían el foro. Entre otros, los parlamentarios centristas Fernando Alvarez de Miranda y Justino de Azcárate: el obispo auxiliar de Madrid, Alberto Iniesta, los abogados Jaime Miralles, José María Mohedano y Gregorio Peces-Barba del Brío y el magistrado Rafael Estévez.

Numerosos testigos describieron detalladamente secuestros, detenciones e innumerables violaciones de derechos humanos. La abogada comunista Cristina Almeida calificó a Uruguay de «cementerio viviente», en tanto que José Federico de Carvajal, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se unió a un portavoz de Miguel Roca, líder de Convergencia Democrática de Cataluña, en la denuncia de torturas y asesinatos.

Cerca de 3.000 presos políticos tienen las cárceles uruguayas, en un país cuya población no llega a 2.800.000 ciudadanos, de los cuales una quinta parte viven en el exilio.

El foro español contra la dictadura uruguaya tuvo asimismo por objeto solicitar la puesta en libertad del general Liber Seregni, que, con cerca de 63 años, se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de catorce años. Presidente del Frente Amplio, fue el candidato más votado en las elecciones de 1971.