Los expedientes a los técnicos de la Diputación tardarán tres meses en resolverse

El juez instructor que entiende en los expedientes abiertos contra dos altos funcionarios de la Diputación Provincial, el socialista José Borrell, anunció ayer, en el transcurso de una conferencia de Prensa, que la resolución definitiva y la calificación de las supuestas faltas cometidas no podrán anunciarse antes de tres meses, como mínimo, en virtud de la complejidad que la normativa vigente establece para este tipo de procedimientos. El señor Borrell afirmó su intención de llevar la investigación a fondo, «hasta sus últimas consecuencias», y se mostró preocupado porque la opinión pública no confunda la lentitud del proceso, obligada por ley, con un hipotético frenazo al mismo.

Es precisamente la lentitud y falta de coordinación administrativas las que han motivado que el expediente aún no se haya comenzado. El señor Borrell no había recibido aún en la mañana de ayer las diligencias previas que forman los documentos base del expediente y, por un error administrativo, aún no ha transcurrido el plazo de ocho días que los dos encausados disponen por si quieren recusar al juez instructor o a alguno de los dos secretarios nombrados.Los expedientes son tres, uno administrativo, conjunto para el ingeniero jefe del servicio, Manuel Bada, y el ingeniero técnico habilitado pagador, Angel Llaguno, y otros dos disciplinarios e individuales. El objetivo del primero es determinar la cantidad total percibida por los encausados en estos años, así como la legalidad o no de dichas percepciones y los criterios de- distribución. Los dos disciplinarios son para calificar la gravedad de la falta, si se llega a la conclusión de que, efectivamente, su conducta fue ilegal.

El señor Borrell cuenta con un plazo de dos meses para acumular todas las pruebas, declaraciones y cualquier otra actuación que estime pertinente. En ese mismo período de tiempo tendrá que redactarse el pliego de cargos, dar un plazo a los expedientados para presentar su correspondiente pliego de descargos, y remitir luego toda la documentación recogida al Colegio Oficial de Ingenieros, que tiene quince días de plazo para contestar en el sentido de si considera que ha existido conducta irregular y sobre si el expediente se ha tramitado con todas las garantías formales. Es sólo después de cumplir todos estos trámites cuando el señor Borrell propondrá unas conclusiones definitivas, para lo que dispone también de quince días.

En las conclusiones, el juez instructor dictaminará si, en su opinión, existen otros funcionarios implicados, en cuyo caso habría que incoar nuevos expedientes contra ellos, que, a su vez, tendrían que seguir todos los pasos descritos en éste. No quiso pronunciarse, por último, sobre la que parece una cortedad de miras del expediente incoado (afecta exclusivamente a dos funcionarios, y sólo por uno de los conceptos por los que percibían cantidades). Sólo afirmó que no estaba dispuesto a dejarse influenciar por presiones de nadie.

El señor Borrell puntualizó también que el expediente se refiere sólo a las cantidades percibidas por el concepto de liquidación de obras y replanteos, que son el 1,1 % del importe total de cada proyecto.