Aprobado el proyecto para regular la estructuración autonómica de Navarra

Con la aprobación por parte del pleno del Parlamento Foral de Navarra del proyecto de bases sobre distribución de funciones, composición y forma de elección de las instituciones forales, a lo largo de cuatro maratonianas sesiones que finalizaron en la tarde del pasado jueves, se abre una nueva etapa en Navarra de cara al inicio de las negociaciones con el Gobierno en torno a la recuperación de competencias y la institucionalización interna de la provincia.

Según ha podido saber EL PAIS, es posible que antes de que finalice este año se constituya una comisión mixta Diputación-Gobierno central que negociará las transferencias, y se espera que la última semana de este mes los responsables de la Diputación de Navarra se entrevisten con el rey Juan Carlos, así como con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.Según el proyecto aprobado, los poderes de Navarra se administrarán a través del Parlamento, Diputación Foral y presidencia de la Diputación. El Parlamento, que tendrá las funciones legislativas, ejercerá la misión de aprobar los presupuestos de la provincia y controlar la gestión de la Diputación, así como las tareas propias del Legislativo. Sus sesenta miembros, que se elegirán en circunscripción electoral única, gozarán de inviolabilidad e inmunidad, excepto en casos de flagrante delito, en cuyo caso corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Navarra la decisión de inculpar, procesar, juzgar y encarcelar a los parlamentarios.

Iniciativa popular

La iniciativa legislativa de Navarra corresponderá a la Diputación, mediante la presentación de proyectos de ley foral, y a los miembros del Parlamento, a través de proposiciones de ley, cuya toma en consideración corresponderá al Pleno de la Cámara. Una ley posterior podrá regular la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley ante el Parlamento. La Diputación Foral necesitará la aprobación previa del Parlamento para formalizar pactos o convenios que se refieran a las facultades forales de Navarra, al régimen fiscal y económico, que supongan obligaciones financieras para la hacienda provincial, o que impliquen modificaciones de cualquier ley foral, o exijan medidas legislativas para su ejecución.En cuanto a la Diputación, el texto aprobado establece que es el Gobierno foral de Navarra, que dirige la política del viejo reino, el que ejerce la potestad reglamentaria y las funciones de carácter ejecutivo y administrativo. Durante su mandato, los miembros del Gobierno de Navarra no podrán ser retenidos ni detenidos, salvo en caso de flagrante delito, correspondiendo su inculpación y procesamiento al Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El presidente de la Diputación será elegido por el Parlamento foral de entre sus miembros y nombrado por el Rey. Entre sus funciones figurará el designar a los miembros de su Gobierno, que no serán menos de siete ni más de once, por lo que de esta forma desaparece el carácter corporativo que hasta el momento han tenido las anteriores diputaciones forales.

El texto aprobado por el Parlamento foral de Navarra deberá ser negociado por la Diputación con el Gobierno central y, en el supuesto de llegar a un pacto o acuerdo, será promulgada una ley orgánica votada por el Congreso y el Senado.