Son más de cuarenta los funcionarios de la Diputación implicados en posible delito de corrupción

La Diputación Provincial ha enviado ya al ministerio fiscal las conclusiones de las diligencias previas y todos los datos recogidos en la investigación sobre la presunta corrupción de varios funcionarios de alto rango de¡ servicio de Vías y Obras, por si sus actividades irregulares pudieran llevar aparejadas responsabilidades penales. Simultáneamente continúan los trámites del expediente administrativo y disciplinario, que no sólo afecta al ingeniero director del servicio, Manuel Bada (como informó EL PAÍS en varias ocasiones), sino a otros dos ingenieros encargados de obras, siete ingenieros técnicos y más de treinta funcionarios de menor rango. Los dos ingenieros encargados de obras son Pedro Dijes y, Javier Ruiz Jarabo, hijo del ex ministro de Justicia en el anterior régimen franquista.

El juez instructor del expediente es el diputado socialista y deIegado de Hacienda José Borrell, quien se encuentra enfermo desde el lunes y no ha ido estos días a la Diputación. El expediente disciplinario podría estar concluido a principios de la semana próxima y puede significar la expulsión del cuerpo de funcionarios para los máximos responsables, como sanción más grave. Aunque las personas que han llevado a cabo la investigación y el diputado que en su. día destapó las irregularidades, el delegado de Vías y Obras, Lorenzo Hernández, continúan guardando un silencio absoluto sobre la marcha del expediente y las pruebas recogidas, hay una serie de hechos que no han escapado a la atención de los empleados de la Diputación, y que revelan que este asunto ha provocado un amplio revuelo.Por de pronto se sabe que Manuel Bada y los restantes inculpados han devuelto ya unos ocho millones de pesetas, cantidad que se barajaba ya como posiblemente apropiada en el curso de las diligencias previas al expediente.

De no haber sido descubiertos, y dado el volumen de obras contratadas por los servicios de Vías y Obras y de Coordinación y Cooperación en este año, las cantidades que hubieran pasado a engrosar sus cuentas personales, y no las de la Diputación, habrían sobrepasado ampliamente los cien millones de pesetas, según los cálculos realizados sobre el importe total del presupuesto de obras de la Diputación.

Los sistemas utilizados para este fraude, tal y como publicó EL PAÍS en su edición del pasado 23 de octubre, consistían en quedarse con el porcentaje del 1,1 % sobre el total del proyecto que el contratista abona a la Diputación en concepto de replanteo y liquidación de obras, y lo mismo con el 3,68% que el contratista abona en las obras encargadas por la Delegación de Coordinación y Cooperación al Colegio de Ingenieros. Que estas apropiaciones no eran algo esporádico lo demuestra el hecho de que las cantidades se repartían entre los tres ingenieros directivos, los siete íngenieros ayudantes y otros funcionanos del departamento, mediante un elaborado- sistema de porcentajes para cada uno, según el rango de su trabajo en el servicio. Los sistemas de porcentajes eran dos: uno para las obras contratadas por la Delegación de Vías y Obras y otro para las de la Délegación de Cooperación y Coordinación.

Los mayores porcentajes de las cantidades apropiadas iban a los bolsillos de los tres máximos responsables: el ingeniero director y los dos ingenieros encargados de obras.

Una cuenta en la Banca March

El habilitado del departamento, a cuyo nombre y el de Bada figura la cuenta de la Banca March en la que se ingresaban las cantidades clandestinamente parece que no tiene tanta responsabilidad, comparativamente hablando, como la que de este dato podría derivarse a simple vista.

En la Diputación ha comenzado a circular un escrito en el que se intenta difuminar la responsabilidad del caso entre todos los componentes del departamento, lo que se analiza como un intento de provocar reacciones entre todas las categorías del funcionariado en su conjunto y exaltar el espíritu corporativo, como si todos los implicados fueran a ser tratados de igual forma a la hora de aplicar las posibles sanciones.

En un sentido similar, un colectivo de funcionarios, de los que se desconoce el número y sus promotores, ha enviado una poesía a todos los diputados provinciales. El conjunto de ripios que configura el citado poema viene a decir que por qué no se controla a los propios diputados y se deja en paz a los funcionarios, y hace votos porque se vayan de la Diputación aquellos que han traído la intranquilidad a la casa.

También entre las empresas constructoras que con más frecuencia realizan trabajos bajo encargo de dicho organismo se han detectado síntomas de disgusto por este asunto, que las implica indirectamente.