La Junta de Andalucía propone inmediatas conversaciones sobre el Estatuto
El consejo permanente de la Junta de Andalucía ha acordado por unanimidad recomendar a los cuatro partidos políticos integrados en su seno (PSOE, UCD, PCA y PSA) el inmediato comienzo de conversaciones tendentes a perfilar los criterios -«aún divergentes en alguna medida», señala el texto oficial del acuerdo- que deben inspirar el futuro Estatuto de Autonomía.En su primera reunión tras el acuerdo de desbloqueo de la autonomía andaluza, los consejeros decidieron que, por parte de la presidencia de la Junta, se mantengan contactos con los secretarios generales de los cuatro partidos a fin de reconstituir con carácter urgente la ponencia redactora del anteproyecto. Los criterios que se consensúen servirán de orientación a la Asamblea de Parlamentarios Andaluces. El documento básico sobre el que habrán de trabajar ahora los ponentes del PSOE, UCD, PCA y PSA es el borrador elaborado conjuntamente en el parador nacional de Carmona (Sevilla) en agosto de 1979, que, en 74 artículos y varias disposiciones adicionales y transitorias, compendia el nivel de consenso al que fueron capaces de llegar las fuerzas políticas andaluzas en aquella fecha, meses antes de la ruptura provocada por UCD.
Entre los criterios «aún divergentes», destaca, a en el artículo primero del texto del borrador, la propia definición de Andalucía. Los tres partidos de ámbito estatal (PSOE, UCD y PCE) aprobaron una redacción en la que se hablaba de «el pueblo andaluz, corrió expresión de su identidad histórida y política», mientras que el PSA pretendió sustituir la última frase por «su identidad histórica y su nacionalidad». Es bastante previsible que este desacuerdo suponga uno de los grandes obstáculos para lograr un acuerdo unitario en torno al Estatuto, dado que los dirigentes del PSA han anunciado ya una defensa a ultranza de la caracterizacion de Andalucía como nacionalidad histórica.
Un segundo bloque de enfréntamientos se refiere a la composición definitiva de la asamblea legislativa, que tendría que contar con 90 miembros, según UCD; de 90 a 105 (PSOE), de 110 a 140 (PCA), o por cada 50.000 habitantes -aproximadamente, 120 (PSA), así como el número de diputados asignados como mínimo a cada provincia.
