El Gobierno "requiere" a la Generalidad para que renuncie a sus competencias sobre las cajas de ahorro

El Gobierno ha enviado un requerimiento a la Generalidad de Cataluña para que dé marcha atrás en sus intenciones de asumir las competencias sobre las cajas de ahorro de la región, según confirmaron ayer en medios próximos a la Administración central. Este requerimiento ha sido calificado como la fórmula «más suave» de la que se podía echar mano en estos momentos; en medios gubernamentales no se descarta la posibilidad de que pueda llegarse al planteamiento de un recurso de inconstitucionalídad si en un plazo prudencia¡ la Generalidad no renuncia a controlar las cajas de ahorro que operan en la región.

La Generalidad había asumido las competencias -no todas, pero sí en un sentido bastante ampliosobre las cajas de ahorro de la región a finales del mes de agosto mediante un decreto de la presidencia del órgano autonómico. En aquellos momentos, el partido dominante en la Generalidad y el partido del Gobierno tenían prácticamente perfilada su alianza parlamentaria. La reacción de las autoridades económicas ante esta disposición legal de la Generalidad apenas si tuvo eco en los medios gubernamentales. Pero transcurrido cierto tiempo, y a punto de vencer el plazo de dos meses para que el Gobierno central pudiera acogerse a la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad, el Consejo de Ministros -que ya por aquel entonces había eludido abordar este tema por considerarlo «altamente delicado»- ha iniciado el camino para revocar esta disposición legal, que en medios de la Administración central se considera contraria al espíritu de la legalidad vigente.De quién son las cajas

Aunque por ambas partes, en especial por parte de Madrid, se quiere quitar hierro al posible enfrentamiento en los tribunales, medios jurídicos señalaron ayer a EL PAIS que este tema puede constituir una prueba para las relaciones entre los entes territoriales y el Estado. En efecto, el artículo 10 del Estatuto catalán atribuye a la Generalidad una serie de funciones y competencias en materia crediticia, que afectan a la «ordenación legislativa» de esta actividad, aunque el propio Estatuto señala, al igual que la Constitución del Estado, que a éste le quedan reservadas las cuestiones relacionadas con el establecimiento de las bases sobre las que debe operar el sistema financiero. La diferencia entre esta legislación básica y el resto es algo que, a juicio de algunos juristas, no queda demasiado clara.

El decreto de la Generalidad transfirió las competencias del Ministerio de Economía sobre las cajas de ahorro que operan en Cataluña a la Consejería de Economía y Finanzas de la Generalidad, haciendo una mención expresa «por razones de política monetaria» a las facultades de inspección del Banco de España sobre las cajas, que seguirían en manos del banco emisor y, por tanto, del poder central. Sobre el resto de las materias, el decreto de la Generalidad atribuía a este organismo una serie de competencias que en algunos casos han sido consideradas como excesivas y claramente pertenecientes al poder central. Este tema, por otra parte, no ha pasado por la Comisión de Transferencias, según fuentes gubernamentales, y responde a una iniciativa en solitario de la Generalidad.

El centro de las desavenencias, según comentaron ayer altos responsables de la Administración central, se concretaría en dos puntos:

- En primer lugar, el ámbito de las instituciones afectadas por las medidas de la Generalidad. El decreto se refiere no sólo a las cajas de ahorro que tienen su sede en Cataluña, sino a las que operan en la región, propósito que en el Ministerio de Economía ha sido calificado de «desproporcionado». No hace, sin embargo, ninguna mención el decreto de la Generalidad a las operaciones, tanto en materia de captación de recursos como de inversiones, de las cajas de ahorro catalanas fuera de su región.

- En segundo lugar, la Generalidad se atribuye competencias sobre la computabilidad de los activos de las cajas, tanto catalanas como las no catalanas, que operen en el territorio de la Generalídad. Mediante esta atribución, las cajas catalanas podrían rechazar la suscripción de emisiones o empréstitos de ámbito nacional o de empresas que se benefician actualmente del crédito privilegiado de las cajas de ahorro, como Telefónica o las compañías eléctricas, pudiendo estas cajas negarse a suscribir tales emisiones en la parte que les correspondiera proporcionalmente.

Sobre ambos puntos, la Administración central estima que la Generalidad no puede arrogarse a sí misma competencias, por ser cuestiones que afectan a la política económica y monetaria de carácter general para la totalidad del Estado. Y mucho menos si con ello se afecta a instituciones financieras que no tienen su sede social en la región catalana.

Cordialidad y energía

En estas condiciones, «el Gobierno no está dispuesto a ceder unas competencias cuya generalización a otros entes autónomos podría desembocar en un desmembramiento generalizado del sistema financiero», manifestó un portavoz del Ministerio de Economía.

Sin embargo, con la cordialidad de las relaciones políticas que a nivel parlamentario existe entre los protagonistas de ambos sectores en estos momentos, hay un evidente intento por parte de Madrid de que «la sangre no llegue al río», según expresión gráfica de un alto cargo de la Administración. «El Gobierno», añadió, «no está dispuesto a pelearse con la Generalidad por este tema en el Tribunal Constitucional».

La forma de evitar este enfrentamiento puede venir por la vía del mencionado requerimiento, planteado antes del plazo que vencía el pasado día 27 de este mes, decisión que fue tomada en el último Consejo de Ministros. A partir de su recepción, la Generalidad tiene un plazo de un mes para contestar y otro mes más, si la contestación no resulta satisfactoria para el Gobierno, para que éste plantee el recurso ante las autoridades competentes, que en este caso sería el Tribunal Constitucional.

Un sector de peso

«Confiamos en que nos harán caso», manifestó una fuente de la Administración. Aunque el texto del requerimiento gubernamental no ha sido facilitado, amparándose en el secreto de las decisiones del Consejo de Ministros, parece que el Gobierno ha planteado a la Generalidad la ccinveniencia de modificar el decreto de su presidencia con objeto de que el ente autonómico renuncie a sus atribuciones sobre el manejo de la política de inversiones de las cajas catalanas y, desde luego, sobre las cajas de ahorro no catalanas que operan en la región.

La trascendencia de este polémico asunto no radica solamente en su carácter de precedente para posteriores regulaciones legales en otros entes autonómicos, sino en el hecho de que las cajas de ahorro catalanas constituyen el sector firianciero más fuerte del país atendiendo a su localización geográfica, con la excepción quizá de Madrid. En el conjunto de las cajas de ahorro, las catalanas son además las más potentes de España. La caja más fuerte del país es la Caixa (Caja de Pensiones de Cataluña), cuyos recursos financieros sitúan a esta entidad entre las siete grandes instituciones financieras españolas, con una dimensión similar al Banco de Vizcaya o al Banco de Santander. Pero el conjunto de las cajas catalanas es aún más importante, ya que tienen unos recursos ajenos del orden de un billón de pesetas y representan alrededor del 28% del potencial de todo el sistema de financiación de las cajas del país.