Podrá haber divorcio tras dos años de no convivencia

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Tras el estudio de la ponencia, el artículo 86 recoge como causas de divorcio:

1. «El cese efectivo de la convivencia conyugal durante, al menos, un año ininterrumpido (el proyecto decía dos años) desde la interposición de la demanda de separación personal, a petición de quien hubiere formulado conforme a lo establecido en el artículo 82 (relativo a las causas de separación), una vez firme la resolución estimatoria de la demanda de separación o sí, transcurrido el expresado plazo, no hubiera recaído resolución en la primera instancia».

2. «El cese efectivo de la convivencia conyugal durante, al menos, un año ininterrumpido (el proyecto decía también dos años) desde la interposición de la demanda de separación personal formulada por ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro, siempre que el divorcio sea pedido por ambos o por uno de ellos, con el consentimiento del otro, una vez firme la resolución estimatoria de la demanda de separación o si, transcurrido el expresado plazo, no hubiere recaído resolución en primera instancia».

José Antonio Escartín, ponente ucedista, explicó que se había introducido la posibilidad de iniciar los trámites de divorcio si en un año no hubiera habido una sentencia de separación en primera instancia, «para evitar al máximo la existencia de dos procesos, uno de separación y otro de divorcio. Tratamos», dijo Escartín, «de que, a partir del transcurso de un año desde la interposición de la demanda de separación de los cónyuges, éstos tengan vía abierta al divorcio, posibilidad que sólo se cerraría si en ese tiempo hubiera una sentencia que denegara la separación».

3. «El cese efectivo de la convivencia conyugal durante, al menos, dos años ininterrumpidos: a) desde que se consienta libremente por ambos cónyuges la separación de hecho, desde la firmeza de la separación judicial o desde la declaración de ausencia legal de alguno de los cónyuges, a petición de cualquiera de ellos; b) cuando quien pide el divorcio acredite que, al iniciarse la separación de hecho, el otro estaba incurso en causa de separación».

Los ponentes añadieron dos causas de divorcio más:

4. «En cualquier caso, el cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, al menos, cinco años, a petición de cualquiera de los cónyuges». Cumplido este plazo, no deberá acreditarse ante el juez ningún tipo de causa y podrá plantearse el acceso directo al divorcio.

5. «La condena por sentencia firme por atentar contra la vida del cónyuge, de sus ascendientes o descendientes». Esta sugerencia de la Minoría Catalana fue admitida por considerar que se trataba de un supuesto de especial gravedad.

Un punto especialmente conflictivo, y cuya redacción definitiva dentro de la ponencia levantó cierta polémica, fue la llamada «cláusula de dureza» o «cláusula de salvaguardia», recogida en el artículo 87, esto es, la potestad del juez, en última instancia, para denegar el divorcio. La ponencia estimó que eI juez no podrá aplicar esta denegación del divorció de oficio, segun su propio criterio, sino sólo a petición del otro cónyuge en casos determinados. El artículo 87 quedó redactado así: «Cuando el divorcio se funde en el cese efectivo de la convivencia conyugal a que se refiere al artículo 82.6 (transcurso de tres años tras el cese efectivo de la convivencia) y 86.4 (citado anteriormente) de este código, el juez, a petición del otro cónyuge, podrá denegar el divorcio, si se acredita que causa perjuicio de extraordinaria gravedad a los hijos menores o incapacitados, o al propio cónyuge, habida cuenta de la edad, estado de salud o larga duración del matrimonio, supuestos estos a los que deberá referirse la sentencia».

Sotillo dijo que, aunque el nuevo texto suponía una modificación importante y daba ciertas garantías, habría que perfilarlo «para. atar la decisión judicial a los casos concretos a los que pudiera aplicarse», calificó los avances del proyecto de divorcio como «prácticos, más que de fondo, aunque importantes desde el punto de vista del interés ciudadano».

Tres meses de diferencia

Javier Moscoso, ponente de UCD, manifestó que las diferencias entre la propuesta socialista de divorcio por mutuo acuerdo con un plazo de reflexión de seis meses y otro de tres, y el criterio centrista de poder acudir al divorcio después de un año de la presentación de la demanda de separación, «aun cuando no se admita en sentido literal el divorcio por mutuo consenso», suponían que, en el caso socialista, se alcanzaría el divorcio tres meses antes que en el de UCD.

Aunque las causas de divorcio y el arbitrio judicial (artículos 86 y 87 del proyecto) ocuparon a los exponentes durante casi toda la mañana, estudiaron también los artículos 88 y 89, que cerraban el capítulo octavo del proyecto del Gobierno, relativo a la disolución del matrimonio. En estos artículos sobre la extinción de la acción de divorcio, la reconciliación y la disolución del matrimonio por divorcio hubo un amplio acuerdo entre los grupos parlamentarios, aunque, a instancia del PSOE, se matizaran los conceptos de reconciliación y de cese efectivo de la vida en común. También quedó aprobado el primer artículo (102) del capítulo sobre medidas provisionales, que en el proyecto figura como décimo, pero se ha intercambiado con el noveno (efectos comunes).

La ponencia reconsideró asimismo el supuesto de quiebra de la vida conyugal como causa de separación (artículo 82, estudiado en la reunión anterior) y acordó que sean causas de separación el cese efectivo, durante seis meses, de la convivencia conyugal libremente consentido; el cese de la convivencia conyugal una vez transcurrido el plazo de tres años (supuesto similar al anterior, pero sin necesidad de acuerdo) y aceptó también la propuesta centrista de que cualquiera de las causas de divorcio sea causa de separación.