Un inmenso error

Respondiendo a una pregunta de Arbeloa, sobre la posible inmunidad de los miembros del Parlamento Foral, cuestión que ha originado una polémica después de las detenciones y encarcelamientos de los parlamentarios José Antonio Urbiola y Fernando Sáez, ambos de Herri Batasuna (HB), el Gobierno ha cometido el inmenso error de desconocer la realidad del régimen foral de Navarra, su capacidad de autogobierno y el límite de las funciones de las instituciones forales.Por una parte, el Gobierno asegura que el Parlamento Foral de Navarra es un organismo de autogobierno creado con la finalidad de preparar el acceso a la autonomía de la provincia. La ignorancia debe ser muy atrevida, para permitirse afirmaciones de este tipo, cuando es público y notorio, al menos a los efectos oficiales, que Navarra no tiene que acceder a la autonomía, sino completar sus competencias hasta el límite constitucional y reorganizar sus instituciones, porque ya tiene autonomía de hecho. Y lo que es más importante, ejerce su capacidad recaudatoria y administra un presupuesto de 24.000 millones de pesetas, en 1980, para un territorio de menos de medio millón de personas.

De otro lado, el Gobierno afirma que el Parlamento Foral carece de potestad legislativa, sin reparar que el Real Decreto 121/1979 de 26-1-1979, sobre elecciones locales y ordenación de las instituciones forales de Navarra, que fue negociado entre la Diputación de Navarra y el entonces ministro del Interior, Martín Villa, atribuye al Parlamento Foral actuaciones de rango normativo, al menos respecto a las competencias de la diputación. Dicho de otro modo, se reconoce que el Parlamento Foral tiene capacidad para dictar normas no reglamentarias -y, por tanto, legislativas-, que aun no denominándose leyes, tienen naturaleza legislativa. Y eso se ha visto en el quehacer diario del Parlamento, en temas, por ejemplo, relativos a los impuestos. El actual Parlamento no tiene iniciativa legislativa, eso está claro, pero sí cuenta con potestad legislativa, a pesar de la errónea interpretación que el Gobierno ha dado a este tema.