Posible expediente por abuso de poder contra un alto cargo de la diputación

La diputación provincial estudia con toda urgencia las diligencias preliminares que podrían conducir a un expediente sancionador contra la persona de Manuel Bada Herrera, ingeniero director del servicio de vías y obras de dicho organismo. Según la información recogida por EL PAIS, Manuel Bada había ingresado en una cuenta personal el 1% del importe de los proyectos municipales que pasaban por su manos, que él reclamaba a los ayuntamientos respectivos como requisito imprescindible para dar el conforme. Las cantidades así ingresadas en su cuenta sobrepasarían los veinte millones de pesetas.

Por ahora, un mutismo absoluto rodea este caso de presunta corrupción. Las diligencias preliminares se han encomendado a los diputados provinciales socialistas, que actúan como jueces instructores. Uno de ellos es la diputada María Gómez de Mendoza, presidenta de la delegación de asuntos contenciosos. Su misión en estos días consiste en recoger todos los testimonios y hechos probados y determinar si las pruebas son suficientes para abrir un expediente sancionador.María Gómez de Mendoza se negó ayer en redondo a facilitar cualquier tipo de información, ya que el sumario tiene carácter estrictamente secreto.

Por su parte, Manuel Bada declaró ayer a EL PAIS que el asunto no es grave, y que se reduce «a una cuestión sobre los honorarios y retribuciones que se cobran en el servicio, para ver de actualizarlo o modificarlo. Ahora se están estudiando los trámites necesarios».

Sin embargo, los datos recogidos apuntan a irregularidades más graves. El ingeniero director es la persona que debe dar el conforme a los proyectos de reparación de carreteras, apertura de nuevos accesos y cualquier tipo de obras que afecten a los caminos y vías dependientes de la diputación. Los ayuntamientos pueden encargar la redacción de los proyectos a sus propios funcionarios o a cualquier empresa, si no los tuvieran. Muchos de ellos recurren a los servicios técnicos de la diputación. Cuando el proyecto estaba terminado, a falta sólo del conforme de Manuel Bada, éste comunicaba a los ayuntamientos que antes deberían depositar en determinada cuenta de la Banca March, en su sucursal de la calle de Miguel Angel, el 1% del valor total del proyecto.

Después de varias entrevistas con el principal encartado -es posible que otros funcionarios puedan tener también responsabilidades-, en, el que éste se mostró muy abatido, se decidió la apertura del proceso de diligencias previas, que pueden desembocar, casi con toda seguridad, en el expediente sancionador. Se baraja la cifra de más de veinte millones de pesetas, como importe de las comisiones percibidas. El encartado parece que ha reconocido sólo la cantidad de ocho millones, que estaría dispuesto a devolver. La incoación o no de expediente se decidirá esta misma semana.

Este es el primer caso de un funcionarío de alto rango de la diputación que podría verse envuelto en un asunto de abuso de su cargo en beneficio personal.