José Barrionuevo insiste en que la Policía Municipal debe llevar pistola
«El Cuerpo de la Policía Municipal debe ser un cuerpo armado», según aseguró ayer, en unas declaraciones distribuidas a través del gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Madrid, el tercer teniente de alcalde y encargado de la Policía Municipal, José Barrionuevo. El propio Barrionuevo añade que «ello no es obstáculo para que la corporación municipal determine que algunos servicios pueden realizarse sin armas».La declaración oficial del máximo responsable de la Policía Municipal llega después de que, el lunes de la semana pasada, los representantes de Comisiones Obreras en el seno de la policía pidieran públicamente, en el curso de una conferencia de Prensa, que el uso de la pistola fuera voluntario dentro del cuerpo.
El señor Barrionuevo razona que «los destinos en la Policía Municipal no son vitalicios. Se puede cambiar de un servicio con armas a otro sin ellas» y que «los policías municipales tienen la obligación legal y reglamentarla de acudir en ayuda y socorro de los ciudadanos en todas las circunstancias; incluso estando en un servicio sin armas puede encontrarse en situaciones en las que sean necesarias y esta posibilidad no debe descartarse».
Disciplina
Para el tercer teniente de alcalde, «los policías municipales están obligados a seguir los cursillos que se programan sobre el uso del arma y, de forma individual, deben tenerla, al margen de estar en un servicio que no la requiera».Acerca de la acusación lanzada por Comisiones Obreras de que la imposición de una férrea disciplina en el cuerpo está conduciendo a su militarización paulatina, el responsable político del servicio puntualiza que el plan para potenciar la disciplina «no ha hecho más que empezar» e indica que «la policía es un cuerpo civil en el que la disciplina es un elemento fundamental. El hecho de potenciarla no tiene nada que ver con la militarización».
José Barrionuevo termina su declaración con un elogio de la necesidad de que el policía municipal tenga la dedicación plena, para que «el servicio público no sea considerado como una actividad secundaria», lo que iría directamente «contra los acaparadores de empleos».
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