La educación superior en los años ochenta
En todo el mundo occidental existe una crisis de confianza en la capacidad de la educación superior para responder a las necesidades sociales. Entre los factores que contribuyen a ella, el más visible es, sin duda, el creciente desempleo de los graduados. Jóvenes que protagonizaron grandes huelgas en contra de cualquier limitación en el acceso a la educación superior, sienten hoy la frustración del paro o el desempleo. Muchos que lucharon arduamente contra cualquier criterio de utilidad en la ordenación de los estudios, reprochan hoy a la universidad el que no les diera una preparación profesional seria. Pero no son sólo los recientes graduados sin empleo adecuado, o los estudiantes con escasas perspectivas de obtenerlo, quienes critican la situación de la educación superior. Los empleadores denuncian una escasa capacidad de las instituciones académicas para preparar adecuadamente a los cuadros profesionales y técnicos que requiere el mundo productivo; los políticos encuentran cada vez más difícil atender los costes crecientes del sistema educativo, en una época de estancamiento económico y austeridad del gasto público, y sectores cada vez más numerosos de la opinión pública contemplan, con irritación, la aparente incapacidad de las comunidades universitarias para superar sus querellas intestinas.Mayor servicio a la comunidad
El cuestionario de la educación superior no es nuevo. Durante las dos últimas décadas ha estado de moda hablar de la crisis de la universidad. Lo nuevo es que este cuestionamiento se esté haciendo, fundamentalmente, por sectores no universitarios y desde fuera de la universidad. También lo es en gran medida la sorprendente acritud de las críticas, que no se limitan ya a atacar un modo de funcionamiento de la educación superior, sino que llegan a poner en tela de juicio la propia utilidad de las instituciones. «Si las universidades no existiesen», se dice en un reciente número de Le Nouvel Observateur, «no habría que inventarlas, al menos en su forma actual. Y si desapareciesen silenciosamente, tardaríamos varios años en darnos cuenta de ello». En la conferencia sobre La educación superior y la colectividad, organizada el pasado febrero por el CERI (centro para la investigación y la innovación en la educación, de la OCDE), se puso de relieve la exigencia creciente de los individuos y las colectividades de que las instituciones de educación superior asuman un papel más claramente orientado hacia el servicio a la comunidad, así como «la presión acentuada de la colectividad, a fin de aumentar su control sobre el funcionamiento de la enseñanza superior y la utilización de los medios financieros puestos a su disposición y de participar más activamente en la orientación de la investigación y de las enseñanzas». Y estas nuevas demandas sociales no se contemplan como una moda pasajera, sino como síntomas de una mutación en la concepción social de la educación superior, que plantea numerosos interrogantes hacia el futuro.
En una línea de búsqueda de respuestas a estas interrogantes, la OCDE está preparando una conferencia intergubernamental de alto nivel sobre Las políticas de la enseñanza superior en los años ochenta. Los documentos preliminares y las discusiones, preparatorias de esta conferencia, se hacen eco de la desconfianza de la opinión pública en la capacidad de la educación superior para responder a las nuevas necesidades de la sociedad y detectan una creciente exigencia de que «las instituciones de educación superior, como los demás servicios sociales, rindan cuentas de su eficacia y del modo en que responden a lo que se espera de ellas».
Educación y, empleo
En contraste con las inquietudes dominantes hace algunos años, aparecen, como principales temas de preocupación, las nuevas relaciones entre la educación superior y el empleo, el nivel de respuesta a las necesidades locales y regionales o la capacidad de contribuir a la revitalización de la economía a través de sus aportaciones científicas y tecnológicas y de la formación de personas con la preparación adecuada. Los trabajos preparatorios, a la vez que ponen de manifiesto la existencia de reformas e innovaciones en numerosas instituciones de educación superior, advierten también el peligro de que, en otros casos, los grupos y estamentos universitarios que controlan de hecho el funcionamiento de cada institución, puedan oponerse a las demandas renovadoras del entorno social exterior para mantener rutinas establecidas o situaciones privilegiadas. Y señalan que las tendencias actuales hacen prever que, en los próximos años, los poderes públicos se vean obligados por las limitaciones económicas y las presiones sociales a asumir una intervención más efectiva en algunos aspectos de la educación superior.
A fin de clarificar las opciones posibles, la OCDE convoca a una reunión de reflexión a los responsables de la planificación de la educación superior en los países miembros, acompañados -según la recomendación del comité preparatorio- de representantes del mundo universitario y dirigentes de empresas y de organizaciones sindicales y profesionales.
Para cualquier observador atento, resulta evidente que el funcionamiento de nuestra educación superior no está libre de ninguno de los grandes problemas que tanta preocupación causan en los demás países de la OCDE, y que necesitamos tanto o más que esos países una amplia reflexión conjunta de los propios universitarios, de los creadores de opinión y de los sectores sociales responsables del desarrollo económico y social del país. Sería deseable que -antes, en, y después de la discusión de la ley de Autonomía Universitaria- esta reflexión girase más en torno al examen de la situación real de nuestras universidades y a las necesidades de la sociedad española en el próximo decenio, que en torno a los ecos de las polémicas académicas y estudiantiles de los años sesenta, que no corresponden ya ni a nuestras circunstancias y problemas prioritarios de hoy, ni a las preocupaciones dominantes del mundo occidental en que estamos insertos.
