El Gobierno vasco, preocupado por las funciones de la policía autónoma
«No tenemos prisa en crear la policía autónoma hasta que todos los aspectos relativos a la misma no queden perfectamente claros y perfilados. La negociación con la Administración en este sentido es complicada. Deseamos que se respete al máximo el contenido del estatuto a este respecto. Se trata del todo o el nada», declaró ayer en Vitoria Ramón Labayen, consejero de Cultura y portavoz del Gobierno vasco.En la conferencia de prensa, que semanalmente se celebra al día siguiente de la reunión del Gobierno, el señor Labayen reconoció que, hoy por hoy, el tema de la policía autónoma y el de los conciertos económicos son los dos «puntos negros» o, si se quiere, los más difíciles en la negociación de las competencias que por el estatuto ha de asumir la comunidad autónoma vasca. Precisamente la comisión mixta Estado-Gobierno vasco celebró ayer una nueva reunión en la que estas cuestiones estuvieron sobre la mesa.
«Para nosotros», señaló Labayen, «es muy importante que queden perfectamente delimitados los campos de actuación de la policía autónoma vasca, sus competencias (numerus clausus que se contemplan en el estatuto), así como la fijación de efectivos, reclutamiento, modo de apelar y otros aspectos sobre los que tenemos diferencias. Insistimos, además, en que la Junta de Seguridad debe ser inequívocamente paritaria, tal y como se prevé en el Estatuto vasco».
El contencioso con respecto al tema de la Junta de Seguridad entre el Gobierno y la Administración no es nuevo. Esta última, a tenor de la ley de policías autónomas, que en su día retiró de las Cortes, ha sido hasta la fecha partidaria de que aquélla esté presidida por un delegado del Gobierno, extremo que no aceptan los vascos.
Mucho se ha hablado también de la desconfianza -no reconocida públicamente- que el Gobierno español parece tener con respecto al carácter que el ejecutivo vasco podría dar a la futura política autónoma. Ramón Labayen, preguntado a este respecto, eludió cualquier comentario, pero afirmó: «Eso implicaría una desconfianza hacia el propio Estatuto de autonomía, lo cual sería inconcebible».
Insistió también el portavoz del Gobierno vasco en que la fijación del cupo global con que la comunidad autónoma debe contribuir a las cargas generales del Estado que no asume y la determinación y límites de la capacidad normativa de aquélla en materia impositiva son hoy los dos obstáculos fundamentales para que pueda salir adelante el borrador de ley de conciertos económicos.
«Se han recibido en la noche del lunes», indicó el señor Labayen, «nuevas propuestas al respecto por parte de la Administración, que están siendo estudiadas. Con respecto al cupo, hay que afirmar que el tema es complejo, porque no sólo debemos examinar las cargas que, según el Estatuto, no vamos a asumir, sino, incluso, las que hoy no son asumibles, pudiendo serlo, por la comunidad autónoma vasca. Por lo que hace al tema de la capacidad normativa en materia de impuestos de sociedad y renta, hay que buscar una armonización para no distorsionar la política administrativa estatal».
