Suárez: "ETA es una organización que no practica más que el asesinato"

Viene de primera páginaEl presidente comenzó declarando su firme propósito de institucionalizar unas conferencias de Prensa en la Moncloa, con la finalidad e hacer más transparente la acción del Gobierno. No tomó compromiso alguno sobre su. periodicidad, pero manifestó su deseo de que en futuras ocasiones se acotaran uno o dos temas de forma que fuera posible abordarlos con mayor profundidad.

En respuesta a una pregunta, explicó su prolongada ausencia de contactos con la Prensa refiriéndose a la convicción que durante mucho tiempo había temido de que al transmitir sus preocupaciones y emitir juicios de valor sobre el comportamiento de los partidos podía añadir a la vida española una mayor dosis de acritud y virulencia.

A lo largo de una hora y cinco minutos, el presidente respondió a 32 preguntas. La limitación de tiempo establecida previamente impidió la intervención de otros muchos periodistas y las repreguntas de quienes obtuvieron turno de interrogación.

Tres sorbos de agua le bastaron al presidente para tragarse todas las cuestiones que se le plantearon y que el interesado esperaba que hubieran tenido mayor agresividad, según comentó posteriormente. Adolfo Suárez mantuvo un gesto sobrio, se llevó varias veces la mano derecha al bolsillo del pantalón, usó dos veces el pañuelo y enfatizó uniendo el índice y el pulgar y subiendo y bajando el brazo izquierdo al responder sobre el terrorismo.

Pactos estables

Sobre el acuerdo con la Minoría Catalana, respondió que «el señor Roca y Minoría Catalana no vendieron ningún acuerdo a cambio de una mayor gobernabilidad del país. Entendieron que era absolutamente lógico prestar su conformidad a esa cuestión de confianza, en función de la propia identificación de objetivos que la propia moción de confianza planteaba. Por tanto, hay una identificación en un deseo general, sentido por todos generalmente, de una mayor eficacia en la gobernación del país y al mismo tiempo, pienso, una identificación con los objetivos que fueron sometidos a la votación de confianza».

«En cuanto a los riesgos que puede comportar el voto positivo de Minoría Catalana a la cuestión de confianza, yo entiendo que difícilmente conseguiríamos integrar a todas las nacionalidades y regiones españolas si partimos de la base de que sus políticos no tienen más radio de acción que el territorio de su propia comunidad autónoma». Asimismo se manifestó convencido de la estabilidad de los pactos parlamentarios.

«A mí me parece que el hecho de que unas minorías hayan votado la cuestión de confianza no puede traer como consecuencia lógica la pretensión de que estemos potenciando la existencia de minorías regionales. Existen, ahí están y tienen perfecto derecho a existir y a estar. Lo que sucede es que puede haber identificación en algunos de los temas concretos, y con la Minoría Catalana existe identificación en objetivos económicos clarísimos y en la elaboración del Estado de las autonomías».

El retraso del nombramiento del delegado del Gobierno en Cataluña viene debido a la «enorme intensidad de trabajo que tiene acumulado el Gobierno en estos últimos tiempos -pienso que es de todos ustedes conocido- y a la elaboración correspondiente del decreto que fija la normativa general por la que se regulará la función del gobernador general o delegado del Gobierno en las diferentes comunidades autónomas».

Se le preguntó si había variado la solución andaluza tras las conversaciones con Felipe González, y respondió que éstas, «al igual que las que estoy manteniendo con otros líderes políticos de los partidos representados en el Parlamento, tienen su origen en el propio debate de la cuestión de confianza. Evidentemente, la posición del Gobierno y de nuestro partido es reconocer un hecho evidente, que es la voluntad autonómica del pueblo andaluz, al mismo tiempo que su deseo de igualdad. Por tanto, el Gobierno defiende las tesis del artículo 151 en Andalucía sin la menor duda, y establece también claramente que para desbloquear ese proceso se requiere la apelación al artículo 144 como instrumento que haga viable la instrumentación del desarrollo autonómico de Andalucía por la vía del artículo 151».

No a un Gobierno de coalición

Respecto a las condiciones en que recomendaría un Gobierno de coalición, contestó: «Yo recomendaría un Gobierno de coalición si el país fuera ingobernable; es decir, si el partido político que está ejerciendo la responsabilidad de gobernar tuviera clara conciencia de que no podía hacerlo sin la colaboración o, mejor dicho, sin la formación de un Gobierno de coalición».

«Esas circunstancias ni se han dado ni, previsible m ente, son admisibles a corto plazo. No creo, en modo alguno, que, dados los datos de que hoy disponemos, sea necesaria la formación de un Gobierno de coalición para responder adecuadamente a los problemas que España tiene planteados».

«Lo que ocurre con bastante frecuencia -y esto es absolutamente normal- es que deseen formar parte de un Gobierno de coalición aquellos que no pueden obtener el Gobierno por otra vía, que es la vía de las elecciones».

Preguntado por el camino recorrido desde el Estatuto vasco, contestó que «en ciertos momentos estamos, no solamente por decisión política, que ya estaba tomada antes, en condiciones de poder garantizar que el desarrollo de las autonomías ofrecerá un espectro de mayor aceleración, como consecuencia lógica de que ya se han ido muchísimas resistencias que lógicamente hacían que el proceso autonómico no fuera con el ritmo deseado, porque una cosa es desear que las transferencias se hagan de la noche a la mañana y otra es ver cómo se cubren los servicios, cómo se dota de personal, las asignaciones presupuestarias correspondientes, etcétera. Es decir, no ha habido, en absoluto, ninguna intención por parte del Gobierno de retrasar el desarrollo de las autonomías».

Por lo que se refiere a una posible negociación con ETA, Suárez dijo que «el Gobierno ha dejado muy clara su posición de que nunca negociará con ETA y que ciertamente a ETA hay que combatirla como lo está haciendo el Gobierno, soportando tensiones impresionantes, a todos los niveles; pero combatirla con una mayor eficacia en la persecución de los delitos y con una mayor capacidad en la prevención de los mismos. Y, paralelamente a eso, con medidas políticas. La medida más importante es desarrollar en profundidad el Estatuto vasco de Autonomía».

Por tanto, ése es el camino que va a seguir España y el Gobierno español en esa cuestión. Y, evidentemente, en la forma en que se produjera, o cómo se produjera ese supuesto que ha mencionado, el Gobierno español tomaría su decisión también. Desde luego, no vería con buenos ojos dicha negociación.

Las declaraciones del primer ministro francés, Raymond Barre, así como las conversaciones que he mantenido en numerosas ocasiones con él, «evidentemente hay que enmarcarlas en un plano de deseo de colaboración con las autoridades españolas en la represión de todos los actos terroristas que se produzcan y, evidentemente, es el deseo de que todo eso se haga, como es lógico -y es deseo del Gobierno francés y deseo del Gobierno español-, dentro de la más estricta legalidad».

«Pero tropezamos, a veces, con algunas dificultades, dificultades que se derivan, en buena medida, de una concepción muy antigua de lo que ha sido ETA. Esta es una organización terrorista criminal, que no practica más que el asesinato y, por tanto, no caben paliativos a su actuación. Al mismo tiempo, sin embargo, persiste, quizá, como una secuela del pasado, la idea de que luchaba por la libertad de un pueblo oprimido. De haber sido cierto, lo que es evidente es que esos supuestos no se dan. En la actualidad hay un Estado democrático libre que busca una forma de autogobierno en todas las nacionalidades y regiones de España y que se pone en vanguardia en la defensa de los derechos humanos. Desde esa perspectiva, las razones que pueda alegar ETA para su actuación son inadmisibles».

«Pero, también, quizá, las dificultades que hemos tenido en algunas ocasiones con Francia han sido las derivadas del propio tratado de extradición actualmente en vigor entre España y Francia; tratado de extradición que tiene larguísimos años de vigencia y que no responde a la situación real de ambos países y que previsiblemente hay que modificar».

Conversaciones con Garaikoetxea

Las conversaciones con Garai koetxea fueron objeto de la si guiente respuesta: «En las conver saciones que hemos mantenido es tos días con el presidente del Gobierno del País Vasco y con varios miembros de su Gobierno y miembros del Gobierno español, de todo el Estado español, pienso que se ha avanzado mucho. Primero se ha desbloqueado la situación existente hasta este momento, con independencia de los acuerdos últimos del Consejo de Ministros en materia de transferencia de competencia al Gobierno vasco. En los conciertos económicos ha habido aproximación importante; yo diría casi de un 70% u 80%; y, sin embargo, hay algunas dificultades».

«Estamos firmemente decididos a potenciar la creación de las policías autónomas y, como establece el propio artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, a que se comience ya la formación y preparación y creación de los miqueletes y miñones en las respectivas provincias, así como la confección de sus proyectos de reglamento, con independencia de la constitución, en su día, de la Junta de Seguridad. Es evidente que nosotros consideramos que uno de los instrumentos más importantes para consolidar firmemente la democracia en España y construir el Estado democrático en que estamos comprometidas todas las fuerzas políticas es el de avanzar sin ninguna clase de recelos en el proceso autonómico, y en ese empeño está el Estado español».

¿Válido o no para la democracia?

A la pregunta de si Suárez es válido o_no para la democracia, respondió al periodista que «con independencia o no de que pueda considerarse una impertinencia su pregunta», la respuesta era que «el desgaste que, lógicamente, sufre un político cuando tiene responsabilidades de poder se tiene que medir en un sistema democrático no por los resultados de una opinión de unos sectores interesados y, mucho menos, por los sectores políticos de la oposición, sino por los mecanismos que por la Constitución están previstos para el releve) de la persona desgastada y que son muy claros: una moción de censura en el Parlamento, una decisión de mi propio partido por los órganos correspondientes o una pérdida en las elecciones generales. Cualquiera de esas tres circunstancias posibilitan de una inariera muy clara la decisión del pueblo español y no la decisión de un sector de opinión».

«Lo que ocurre es que en eljuego de la oposición es normal desgastar al. jefe del Gobierno y al presidente del partido que está gobernando. Eso es lógico y normal. Están en su función y yo estoy en la mía de no creerme lo que ellos me dicen y de no creerme tampoco que ese desgaste se haya producido de manera tan impresionante que provocara en mí una decisión de dimisión. Tendría que decírmelo de una rrianera muy clara, en primer lugar, mi partido, y en segundo lugar tendrían que producirse algunas de las circunstancias que están previstas en la Constitución. Como creo que ambas cosas no se dan y desde luego la oposición, en su juego legítimo, no va a perturbar mi ánimo ni mi serenidad, yo pienso, desde hoy, dedicarme exhaustivamente a lo que creo que es el mandato que he recibido, a través de los electores, que es gobernar este país».

En respuesta a otra pregunta afirmó que «es intención del partido y del Gobierno que presido la de ejercer su responsabilidad en función del mandato popular hasta el año 1983 y luego esperar el resultado de las elecciones para continuar gobernando otro período legislativo».

Guerra del Irak-Irán

Suárez afirmó que «la repercusión que tiene para nosotros la actual situación de guerra entre ambos países, en lo relativo al suministro de crudos, con ser importante, porque siempre es importante el suministro de crudos, nos afecta del orden de unos siete u ocho millones de toneladas/año. El stock español actual, quizá el más alto que hemos tenido en los últimos tiempos, es cercano a los 140 días, lo cual es un stock importante, y previsiblemente no tendremos dificultades en el abastecimiento de crudos para responder a las necesidades españolas, que están cifradas en 52 millones de toneladas al año.

En todo caso, las relaciones de España con ambos países siguen

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siendo muy buenas, yo diría que excelentes».

Preguntado sobre el calendario para el ingreso de España en la OTAN, contestó: «Si calendario es fijación de fechas, se va a sentir usted bastante defraudado. El Gobierno sigue en la posición, que ya ha manifestado en varias ocasiones, de ingresar en la Alianza Atlántica, y, sin embargo, no plantear el tema en tanto en cuanto pueda ser desestabilizador de la propia vida política española. La decisión será producto de la soberanía de España en este tema, previo un debate parlamentario en profundidad y, desde luego, con un respaldo parlamentario suficiente».

Preguntado sobre el impulso a las relaciones con América Latina, dijo que «las relaciones de España con América Latina, desde luego, continuarán avanzando en un sentido positivo. El posible o previsible retraso en el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, que vendrá determinado por el propio proceso negociador que España tiene emprendido en la Comunidad, no tiene efectos diferentes a los que ya estaban planificados en la política exterior española».

A la pregunta de si el Gobierno reconocerá a la República Saharaui, respondió: «Mi contestación es claramente negativa. La política española en el Magreb creo que es de todos ustedes conocida, y sí que quiero afirmar que por esos procedimientos que está utilizando el Frente Polisario, en violación flagrante de los más elementales prinicipios del derecho internacional, evidentemente no puede conseguir que nos acerquemos a unos presupuestos políticos difícilmente compatibles con la política exterior española.

Sin embargo, es obvio que el Gobierno español no mantiene ninguna hostilidad hacia el pueblo saharaui, de ninguna forma.

En cuanto a la normalización de comunicaciones con Gibraltar, dijo que una de las condiciones para el restablecimiento de las comunicaciones es el de la igualdad de derechos y oportunidades para todos los habitantes de ambas zonas».