Escasos medios para resolver el problema de una grave falta de potabilidad

El jueves 24 de septiembre, la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Madrid dio a conocer una sorprendente noticia: el agua que los madrileños consumían desde los días 18 y 19 pasados estaba contaminada. La rotura de una válvula de comunicación entre los dos embalses de Santillana había provocado que las aguas de un tercer embalse, insalubres por su alta concentración de materias orgánicas, se incorporasen al caudal que las conducciones habían traído hasta Madrid.Cuatro distritos altamente poblados -Retiro, Salamanca, Moratalaz y Tetuán- sufrían una grave amenaza de contaminación bacteriológica. Unas 700.000 personas de todas las edades podrían sufrir, en opinión de los expertos, «infecciones gastrointestinales que, en los casos más agudos, pueden provocar intensos vómitos ... ». El mito del agua de Madrid, «milagrosa agua de Lozoya», decían los antiguos juglares, se convertía en papel mojado, y varios millares de los madrileños más impresionables comenzaron a pensar que al fin se había hecho la luz, y responsabilizaron a toda clase de bacilos acuáticos de todos los dolores y aflicciones todavía impunes.

Los técnicos propusieron inmediatamente tres soluciones caseras: dos gotas de lejía por litro de agua destinada a la bebida o al lavado de frutas y verduras; agua hervida para los biberones, y detergentes convencionales para la limpieza de vajillas. La dirección del Canal de Isabel II respondió inmediatamente a las alarmantes noticias llegadas desde el ayuntamiento. «No se ha detectado ningún tipo de contaminación bacteriológica, ni por el Canal ni por la Delegación municipal de Sanidad». Sólo veinticuatro horas después, el ayuntamiento aseguraba que la contaminación ya había sido superada; los nítricos, amoniacos y colis que amenazaban a los madrileños estaban bajo control.

Corte del suministro a la capital

Desde el 11 de septiembre, los funcionarios de la Dirección General de Protección Civil habían estado trabajando en uno de los cuatro hipotéticos casos de catástrofe que les habían sido entregados por EL PAIS. Precisamente en el de una hipotética y grave contaminación de aguas que podría haber empezado exactamente donde terminara el caso de los pantanos de Santillana.

En este supuesto, como en casi todas las situaciones de catástrofe, el gobernador civil de Madrid asume la dirección de un PBP o Plan Básico Provincial de emergencias en tres fases. Probablemente, el despliegue habría comenzado el propio día 25.

El 25 de septiembre, todos los equipos de megafonía móvil disponibles se desplazan hacia los barrios de Retiro, Salamanca, Moratalaz y Tetuán. Las casetes previamente grabadas en el gobierno civil avisan a los ciudadanos de que las tres medidas domésticas para corregir la contaminación detectada el día anterior carecen ya de utilidad, porque los índices de concentración de bacterias y otros microorganismos peligrosos se han disparado.

Por tanto, las autoridades han decidido cortar el suministro a los barrios afectados. El vecindario deberá esperar nuevas instrucciones; «por el momento, va a ser aplicado un plan de abastecimiento de emergencia en condiciones que serán dadas a conocer por estos mismos medios en las próximas horas».

Todo el equipo de cisternas del ayuntamiento comienza a ser tratado con desinfectantes bajo la supervisión de los sanitarios. En coordinación con los directivos del Canal de Isabel II son luego dirigidos a puntos de abastecimiento en los que la calidad del agua está garantizada. Desde la dirección del Canal son alertados los funcionarios encargados de los almacenes de agua potable envasada.

En una segunda fase, desde el gobierno civil, se designan unos puntos de distribución: todo el parque de cisternas y camiones de contenedores cargados con las bollas deberán dirigirse a los puntos señalados. El 25 de septiembre, los contenedores del Canal de Isabel II se desplazan hacia la planta de tratamiento de Colmenar, donde hay una reserva permanente de 30.000 a 50.000 bolsas de un litro de agua. Es decir, apenas de 50.000 litros. La maquinaria de la planta podría expender unas 80.000 bolsas por día, trabajando las veinticuatro horas; una cantidad ínfima en comparación con la de consumo diario medio en Madrid, que en 1979 fue de 1.242.000 metros cúbicos. En consecuencia, el trabajo más duro sería encomendado a los camiones-cisterna, que podrían proveerse directamente en embalses o depósitos no contaminados.

La Policía Municipal sería encargada de la asignación de itinerarios; de evitar los colapsos circulatorios que impidiesen un abastecimiento regular, y de aconsejar al vecindario para evitar aglomeraciones y acaparamientos. En la práctica, las patrullas habrían de estar ociosas durante largos períodos de tiempo, a la espera de la llegada de los camiones de provisión.

Finalmente, en una tercera fase, el sistema habría de mantenerse continuamente en activo para renovar las existencias en los puntos de distribución. El mando provincial instala radioteléfonos de enlace con el jefe del sector, que se encarga de la regulación y control de los almacenes para evitar vacíos en el sistema de aprovisionamiento. Una simple confrontación de cifras y disponibilidades llevarían muy pronto a una conclusión: en el supuesto de una contaminación generalizada, Madrid estaría condenada a padecer la llamada «plaga de la sed ».