Los empresarios españoles descubren la productividad como salida de la crisis

«La rnejora de la productividad contribuye a la lucha contra el desempleo. Ganar el reto de la productividad exige una concienciación de la sociedad y un diálogo entre las organizaciones empresariales y las de los trabajadores». Estas palabras, pronunciadas por el presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat, resumen el interés empresarial por elevar los actuales niveles de productividad en la economía española, como medio para salir de la crisis.Durante dos días, empresarios y Administración han debatido el tema de la productividad, como preocupación capital del mundo industrial para elevar su nivel de competencia en los mercados exteriores y, antes incluso, como medio para salir de la crisis económica y generar empleo.

Los niveles de productividad en España se sitúan en términos próximos a la mitad de los que registran los países de la OCDE. No obstante, el crecimiento anual de la productividad en nuestro país viene siendo superior a la que se registra en los países occidentales.

El problema, pues, según se puso de manifiesto en las jornadas organizadas por la CEOE, se centra en la concienciación de la sociedad acerca de la productividad, «como objetivo nacional que pasa por la concertación social», se dijo en las referidas jornadas.

«La mejora de la productividad de toda nuestra economía es el instrumento privilegiado para lograr una contención duradera de las tensiones inflacionistas, para hacer frente a los problemas derivados del desequilibrio de nuestra balanza comercial y para afrontar un crecimiento del PIB superior al de los últimos años, que permita hacer frente a los problemas del empleo, sin agravar con ello los otros dos grandes desequilibrios».

«En el sexto año de la crisis económica, nos enfrentamos a la vez a la atonía de la demanda, la inflación de costes, el crecimiento cero, el crecimiento del gasto público improductivo, la pérdida de competitividad de nuestras empresas en el exterior, la dependencia energética, la falta de una tecnología propia y la necesidad de recuperar el excedente empresarial».

«Ganar el reto de la productividad, pues, permitirá a la sociedad conservar su nivel de vida; a los trabajadores, mejorar sus condiciones de trabajo y asegurar sus puestos, y a las empresas, consolidar sus posiciones en los mercados y mejorar su situación económica.

Afrontar el tema de la productividad plantea como primer problema la definición misma del concepto en sí. Tanto en las jornadas clausuradas ayer, sobre productividad, como en las que, sobre el mismo tema, organizó el pasado año la Dirección General de Política Económica, del Ministerio de Economía, las disquisiciones filosóficas alumbraron escasa luz sobre el término.

¿Qué es productividad?

En lenguaje corriente, productividad puede ser sinónimo de trabajar más. Pero no exclusivamente en terminología estajanovista, sino como idea de eficacia, de hacer bien las cosas, de saber cómo hacerlas.

De hecho, la corriente de identificación de productividad y más trabajo ha constituido un muro insalvable para que las fuerzas sociales encontraran una fórmula de diálogo tendente a su incremento.

En la actualidad, parece que tanto empresarios como sindicatos comienzan a sensibilizarse sobre la conveniencia de hablar de productividad.

Salvada la definición del término, las estadísticas señalan cómo el incremento de la productividad en España durante los últimos años es considerable. El promedio anual de crecimiento en el período 1964-1970 fue del 5,4%; del 5,8%, en 1970-1973; del 3,9%, en 1973-1977, y en los dos últimos años, un 4,8 % y un 3,5%, respectivamente.

No obstante, estas tasas de variación, que suponen que durante los últimos quince años el crecimiento de la productividad ha sido superior a la registrada en los países de la CEE, deben ser relacionadas con los niveles de productividad. Esta comparación de muestra que la producción en nuestro país en 1977 era el 47% de la alcanzada en la CEE, y el 42% de la correspondiente a los países de la OCDE.

El problema es su reparto

Según aseguraron los empresarios, los sindicatos son conscientes de la necesidad de plantearse el tema de la productividad en serio. De hecho, como demuestra la firma del Acuerdo Marco interconfederal, este tema ocupa un importante capítulo en dicho pacto entre CEOE y UGT.

El problema, como señaló el director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Crisanto Plaza, surge a la hora de establecer el reparto de la productividad.

«En este tema, el papel de la Administración debe ser de Catalizador de la atención social hacia la productividad. La política de concertación social que hemos logrado imponer, tras muchos esfuerzos de acercamiento entre las partes, permite la libre negociación entre los interlocutores sociales, a los que corresponde establecer las metas de productividad y la forma de revertir el logro de estos objetivos en beneficio de todos los componentes de la empresa».

En opinión de Crisanto Plaza, opinión por cierto un tanto revolucionaria por venir de la Administración, «no todos los incrementos salariales deben ser inflacionistas. Si hay una productividad importante, ésta se debe repartir y puede permitir incrementar los salarios por encima del índice del crecimiento de los precios, con lo que tendremos más consumo y, consecuentemente, mayor crecimiento de la economía».

Esta teoría difícilmente podrá tener, sin embargo, respuesta oficial en la política económica del Gobierno. La Dirección General de Política Económica que ostentaba Crisanto Plaza desapareció precisamente ayer, por decisión del Consejo de Ministros, que, al parecer, animado por el intento de reducir el gasto público, acordó eliminar algunas direcciones generales del Ministerio de Economía -fundido con el de Comercio- y ha suprimido también la de Planificación, refundiendo en Previsión y Coyuntura la labor que venía desarrollando la de Política Económica.

En este sentido, Crisanto Plaza no oculta su temor de que la «política de concertación social que desde la anterior vicepresidencia económica se logró implantar en este país se vea, cuando menos, disminuida. Y este es uno de los capitales más importantes que hoy tiene España. Ha sido una labor lenta, de continuo diálogo con las partes sociales, impulsándolas a la negociación, y finalmente, dejándolas en libertad para que sean ellas las que concierten la política industrial del país».

En esta línea, la Dirección General de Política Económica tenía el proyecto de crear el denominado Centro Español de Productividad, concebido como una fundación privada que, en su primera etapa, contaría con la provisión de fondos exclusivamente públicos -en el proyecto de Presupuesto elaborado por Economía se incluía la oportuna partida para la creación del referido centro-, y que podría reunir a la Administración, la patronal y las centrales para fomentar el estudio de la productividad, entendida ésta como un objetivo nacional.

Escasos logros

En el plano de la relación laboral individual, la atención a la productividad ha de estar presente -según afirma la patronal- a la hora de contemplar la contratación, el desarrollo y contenido, la modificación y la extinción del contrato de trabajo.

En este sentido, la patronal considera urgente el desarrollo teglamentario del Estatuto de los Trabajadores, en el que se contempla una amplia gama de contratos temporales que dan respuesta a problemas de organización y de empleo sin menoscabo de la productividad.

Respecto al análisis de la normativa sobre negociación colectiva, las sucesivas órdenes, decretos y otras legislaciones apenas si han servido para implantar una ligera concienciación social acerca de la conveniencia de establecer pactos concretos sobre incrementos de la productividad.

En la práctica, incluso, los pactos establecidos sobre estos presupuestos se han revelado como pretexto para justificar un incremento salarial que no se ha visto correspondido con la mejora de la productividad, a la que se comprometían las partes signatarias de dichos pactos.

El decreto que marcó la pauta de la negociación colectiva en 1979 incluía la sugerencia de incrementar los salarios de acuerdo con una banda que iba del 11% al 14%, considerando, entre otros aspectos, el hecho de que se incluyeran «compromisos de incrementos o productividad, entendidos fundamentalmente como reducción del absentismo y permanencia en los puestos de trabajo».

Esta sugerencia constituyó un claro fracaso, por cuanto en modo alguno se generalizó. Tan sólo tuvo acogida en el 42% de los convenios de empresas públicas, y en cuanto a su repercusión en una mayor competitividad de estas empresas, las reservas son absolutas, señalándose que en la mayoría de los casos consistió en simples declaraciones de intenciones o buena voluntad. Con frecuencia, de lo que se trató fue de justificar formalmente un mayor incremento salarial.

El panorama de la negociación colectiva en 1979 resulta, pues, manifiestamente insatisfactorio en cuanto al objetivo de incluir en los pactos el compromiso de incrementar la productividad. Tan sólo un 19,22% de la población laboral con convenios incluidos en la muestra obtenida para la realización de una encuesta al respecto contaba con cláusulas, genéricas en no pocas ocasiones. sobre aumento de productividad. Los primeros síntomas serios de que la productividad es tomada en consideración por los interlocutores sociales se producen en la negociación del acuerdo-marco interconfederal, que suscribieron en enero pasado CEOE y UGT.

Ambas organizaciones alcanzaron coincidencias en los factores que influyen en la productividad, reconociendo explícitamente la importancia del absentismo, sus causas, el grave quebranto que origina en el orden económico, la necesidad de establecer mecanismos para reducirlo, así como la renegociación de los complementos económicos en caso de incapacidad laboral transitoria, promoviendo la eliminación de situaciones abusivas o fraudulentas.

Otro avance en el tratamiento de la productividad lo constituye su consideración no sólo en la empresa, sino también en niveles superiores, siempre que existan condiciones de homogeneidad.

Este acuerdo, como recordaron ayer los empresarios, constituyó el pretexto final para el descuelgue de CC OO de las negociaciones del acuerdo-marco. En este sentido, los empresarios recuerdan cómo CC OO no tuvo inconveniente durante 1979 en firmar convenios provinciales en los que se regulaban aspectos de la productividad (por ejemplo, tablas de rendimiento en el convenio de la construcción de Madrid), y que al final de ese mismo año, durante la negociación del acuerdo-marco, no admitía más que acuerdos sobre productividad a nivel de empresa. Acuerdos que además debían negociarse tras la firma del convenio colectivo.

En opinión patronal, este planteamiento de la central comunista rompía la relación entre salarios (contenidos en el convenio) y productividad (negociada después), «buscando al mismo tiempo introducir un procedimiento de conflictividad permanente y una manifiesta limitación al papel de iniciativa y de dirección del empresario».

Balance del acuerdo-marco

El primer balance del acuerdo-marco resulta satisfactorio en este sentido. Las estadísticas correspondientes a los años 1977, 1978 y 1979 denunciaban con rotundidad el deterioro de la productividad en función de un incesante crecimiento de las horas perdidas por huelga, que en 1979 superaron los 170 millones.

Con la racionalización de la negociación colectiva y su mayor homogeneidad en función del acuerdo-marco, en el primer semestre de 1980 la disminución de la conflictividad y, consiguientemente, de las horas perdidas por huelgas se cifra en un 60%.

De otra parte, se generalizan en los convenios colectivos suscritos dentro del acuerdo-marco las referencias a declaraciones y compromisos sobre productividad. Aunque en gran número de convenios estas referencias se siguen limitando a formulaciones genéricas y continuas citas del mismo acuerdo-marco, e incluso a las ordenanzas laborales y hasta al Estatuto de los Trabajadores, no obstante se aprecia una progresiva ampliación en la aplicación de sistemas de productividad internacionalmente reconocidos, así como de las tablas de rendimiento.

Otros mecanismos pactados consisten en complementos por día trabajado o tarea realizada.

En cuanto al absentismo, si bien los resultados del acuerdo-marco distan mucho de ser espectaculares, sí ha supuesto el inicio de su consideración en gran parte de los convenios suscritos en 1980. En algunos casos se pactan detracciones salariales cuando se rebasa un determinado nivel de absentismo, pasando el importe de las cantidades detraídas a un fondo social.

En cualquier caso, el acuerdo-marco ha sentado un precedente importante y ha supuesto el inicio de una concienciación por parte de los sindicatos de que se puede hablar de productividad, abandonando el carácter tabú que dicho término ha tenido tradicionalmente en este país.