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Aprobación definitiva de la ley de Empleo, protestada por la izquierda

La votación de diversas enmiendas introducidas por el Senado a la ley básica de Empleo suscitó ayer una viva polémica en el Pleno del Congreso sobre el contenido de la mencionada ley y la política sociolaboral del Gobierno. Participaron en el debate los secretarios generales de las centrales mayoritarias del país, CC OO y UGT, y el ministro de Trabajo. Las enmiendas de la Cámara Alta fueron aceptadas todas, con excepción de una que preveía la financiación de algunas acciones protectoras de los trabajadores en paro con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.En el turno de explicación de voto intervino en primer lugar, en nombre de los socialistas vascos, el secretario general de UGT, Nicolás Redondo, quien insistió en que este proyecto de ley debería ser retirado de la Cámara. Redondo comentó que esta ley no ataca al paro, sino exclusivamente al parado, al desempleado. «Es una proposición de ley cerrada, regresiva en función del proyecto del grupo socialista. Se han rechazado todas nuestras enmiendas tendentes a un control social. Estimamos que el Gobierno es francamente alérgico a cualquier tipo de participación efectiva y real de los sindicatos en la gestión del empleo y en las prestaciones de desempleo».

El secretario general de CC OO, Marcelino Camacho, indicó que esta ley condena a pasar más hambre a los que ya están en situaciones críticas. Argumentó que con los votos del Congreso se va a poner en marcha una ley que no crea empleo, sino que va a provocar más paro y más hambre. El programa económico del Gobierno, según Camacho, tiene como objetivo enriquecer más aún «a ese puñado de grandes ricos de la gran banca». Los trabajadores, en estimación del secretario general de CC OO, van a perder el 9% de la capacidad adquisitiva de los salarios, ya que el acuerdo-marco no permite la revisión salarial.

En nombre del Grupo Socialista del Congreso tomó la palabra José Vida Soria. Este diputado señaló que esta ley es un desatino. «Es una ley regresiva», agregó, «cuyo título segundo no cumple los convenios. de la OIT. La filosofía de la misma nos pone en el camino de la privatización de la Seguridad Social, ¡y ojo a este tema!, porque es dinamita pura. Con esta ley y la privatización de la Seguridad Social, el partido del Gobierno se va a cortar la hierba bajo sus propios pies».

El ministro de Trabajo, Pérez Miyares, cerró las intervenciones en torno a este proyecto de ley señalando que el Gobierno ha preferido rechazar una posible popularidad en aras de la justicia; criticó a los portavoces de la izquierda que habían puesto en entredicho la capacidad del proyecto para crear empleo y aseguró que «es una ley democrática, porque nace de este Parlamento y porque en su discusión han intervenido destacados miembros del mundo del trabajo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de septiembre de 1980