El puerto de Bilbao permanece paralizado desde el miércoles
El puerto de Bilbao está paralizado desde la tarde del pasado miércoles al haber declarado huelga general los diversos colectivos de trabajadores portuarios en respuesta al cierre, por orden del gobierno civil, de los centros de contratación de contenedores creados por los trabajadores autónomos del transporte de Vizcaya.
El gobernador, Fernando Jiménez, explicó que la medida de precintar los mencionados centros fue dada a la vista de las numerosas denuncias presentadas por agencias de transporte y algunas consignatarias sobre supuestos casos de extorsión y coacción. Según el señor Jiménez, los centros de contratación cerrados no estaban inscritos en registro alguno y sus locales no cuentan con la preceptiva licencia. El gobernador comentó, igualmente, la existencia de «actividades de tipo mafioso, como el envío de cartas con amenazas de muerte o extorsión a las consignatarias que no aceptan pasar por el centro de contratación».Por su parte, representantes de los distintos colectivos de trabajadores del puerto de Bilbao, incluyendo la Agrupación de Trabajadores Autónomos del Transporte de Vizcaya (ATATV), en conferencia de Prensa celebrada ayer, precisaron que el centro de contratación era una necesidad para regular y repartir el transporte disponible, y que ni los consignatarios ni la mayoría de los transportistas -«el 90%», precisaron- se oponen a dichos centros. Acusaron, por el contrario, a la patronal de agencias de transporte (Asetravi), «que no controla más del 10% de los camiones», de oponerse a ese mecanismo regulador por «querer mantener los porcentajes que cobran, que pueden llegar a las 15.000 pesetas por un viaje de Santurce a Madrid».
En cuanto a las acusaciones de «comportamiento mafioso», negaron que se hubiera amenazado a nadie y, por su parte, emplazaron al gobernador a investigar «el comportamiento verdaderamente mafioso de ciertos funcionarios, como los carabineros, que cobran comisiones por los productos de contrabando sacados del puerto».
Por su parte, la coalición Euskadiko Ezkerra -cuyo representante Juan María Bandrés fue el anterior responsable de la Consejería de Transportes del Consejo General Vasco- acusó ayer al PNV y al actual titular de la citada cartera de «permitir e instigar el cierre de los centros, cuyo fin era defender a los pequeños transportistas frente a los grandes empresarios del sector». Juan María Bandrés apoyó desde su consejería la creación de tales centros.
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