Adolfo Suárez intentará concertar con el PSOE las autonomías y el desarrollo constitucional

Adolfo Suárez cerrará en septiembre algún tipo de pacto político con la Minoría Catalana, como paso previo para intentar un acuerdo puntual con los socialistas sobre cuestiones de Estado que requieren una amplia base de coincidencia, entre ellas las autonomías y el desarrollo constitucional. Por parte catalana, los observadores políticos han detectado un cierto enfriamiento, al menos en el líder de Convergencia, Jordi Pujol. Fuentes gubernamentales aseguraron que, en todo caso, existe predisposición de la Minoría Catalana para concertar con Suárez un pacto de Gobierno o, al menos, de legislatura.

Hasta el momento no se ha producido, después de la rentrée, una entrevista entre los presidentes del Gobierno y de la Generalidad, pero en la Moncloa existe la certeza de que hay una comunicación telefónica intensa entre Suárez y Pujol. Las resistencias de este último a pactar, o la exigencia de contrapartidas excesivas, tienen, por lo demás, en Miguel Roca un oponente hábil y pragmático, capaz de contribuir a la culminación del acuerdo. Por parte centrista, el peligro de que el pacto con Minoría Catalana acabe con Unión de Centro Democrático (UCD), en Cataluña no es tomado en consideración por el Gobierno, a la vista de las ventajas que podría reportar al partido gubernamental, especialmente al proporcionarle una situación desahogada en el Parlamento, cara a otros pactos y a las vicisitudes del período de sesiones que se inicia en septiembre.

Los miembros del Gobierno consultados por EL PAIS insistieron con mucho interés en que el pacto de UCD con los catalanes no excluye, en ningún caso, otros acuerdos con las restantes minorías, y de modo destacado con el primer partido de la oposición, sobre todo si los socialistas se mantienen en la posición responsable marcada por la reciente declaración de su líder, Felipe González. Como tema principal para el acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), las citadas fuentes aludieron al proceso autonómico. «No se pueden realizar unas autonomías que puedan ser cambiadas por el primer Gobierno de signo distinto a UCD que acceda al poder», manifestó uno de los ministros consultados.

Otros de los temas susceptibles de concordar con los socialistas, según el Gobierno, son las leyes orgánicas que desarrolla la Constitución, especialmente en su aspecto institucional. Asimismo existe una serie de nombramientos para los que es preciso, por imperativos legales -se exige el acuerdo de tres quintos de cada Cámara, es decir, en el caso del Congreso, de 210 diputados-, unir los votos centristas y socialistas. Los ocho miembros del Consejo General del Poder Judicial y los doce consejeros de administración de RTVE -en ambos casos a propuesta, a partes iguales, del Congreso y del Senado -requerida definitivamente una negociación UCD-PSOE que acabe con el retraso registrado hasta ahora en el levantamiento del edificio institucional derivado de la Constitución de 1978.

En esta línea es preciso también un acuerdo para la designación del Defensor del Pueblo. La proposición de ley socialista establece un quórum de tres quintos, mientras que UCD se inclina por la mayoría absoluta. En todo caso, la elección del Defensor del Pueblo deberá contar con un amplio respaldo parlamentario que exige también una negociación previa entre los grandes partidos.

Fuentes centristas insisten en negar que el Gobierno haya solicitado, ni piense hacerlo, el retraso en el comienzo del período de sesiones. Sin embargo, ninguna de ellas -tampoco el vicepresidente del Congreo de los Diputados, Modesto Fraile, en sus declaraciones del martes último- aseguraron que antes de la primera sesión plenaria de la Cámara baja Adolfo Suárez tenga ultimada su estrategia y presentada al Parlamento. Sobre la identidad de los nuevos miembros del Gobierno, una alta personalidad de la Moncloa se limitó a decir humorísticamente: «Estarán muchos barones y ninguna hembra».