La Administración incumple sus compromisos con Tornillería del Nalón

El incumplimento de los compromisos adquiridos por la Administración en la solución de la crisis de Tornillería del Nalón pone de nuevo sobre el tapete las dificultades que atraviesa esta sociedad, actualmente en manos del empresario vasco Galarraga, quien desde el otoño de 1977 desarrolla una gestión eficaz que se ha traducido en el saneamiento de la empresa y la recuperación de un mercado que se encontraba prácticamente perdido.Tornillería del Nalón se convirtió hace tres años en un símbolo para la clase obrera asturiana, por la lucha tenaz de sus trabajadores para evitar un cierre que se presentaba inevitable. Esta empresa, creada a finales del siglo pasado en el valle del Nalón para la fabricación de tornillería, entró en una situación de quiebra financiera a finales de 1976. Después de tres meses de intensas movilizaciones promovidas por sus trabajadores y numerosas negociaciones en las que participaron los ministros de Industria y Trabajo, los directores generales de Empleo e Industrias Siderometalúrgicas, autoridades provinciales y dirigentes sindicales, surgió la providencial «solución Galarraga», empresario vasco que fue requerido oficialmente para la compra y relanzamiento de Tornillería, comprometiéndose la Administración a participar en la salida del conflicto con facilidades y ayudas en cuanto a las jubilaciones anticipadas, el pago de los salarios atrasados, créditos a bajo interés y deudas a la Seguridad Social.

El incumplimiento de algunos de estos compromisos por parte de la Administración acaba de motivar una interpelación en el Congreso, presentada por el diputado socialista por Asturias Avelino Pérez, quien pregunta al ministro de Industria las razones por las que el Fondo Nacional de Protección al Trabajo declara nulos los acuerdos sobre jubilaciones anticipadas y pago de los haberes adeudados al personal: porque el Ministerio de Industria incumple el acuerdo relativo a la concesión de un crédito de sesenta millones de pesetas al menor interés y un plazo de amortización de quince años, porque la Seguridad Social fuerza a la empresa a una modalidad de pagos distinta de la pactada y porque Ensidesa no da facilidades de pago y aprovisionamiento a Galarraga.