El fracaso de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, responsable de la política laboral del país, ha fracasado en la solución de un grave conflicto que le afecta por partida doble: de una parte, por el conflicto en sí mismo, que, como cualquier otra anormalidad laboral, alcanza a los responsables de la política social del país, y, de otra, por tratarse de un conflicto en el que el departamento aparece involucrado como juez y parte. Se trata de la huelga de puertos que mantiene paralizada la actividad de carga y descarga en los principales puertos españoles, con grave riesgo para la hegemonía que pueden perder las instalaciones portuarias españolas, en beneficio de otros países mediterráneos, principalmente Francia.El origen de la huelga que mantienen los estibadores portuarios arranca de la supervivencia del organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Trabajo, que engloba, con una inercia verticalista a los estibadores de este país. En efecto, la Organización de Trabajadores Portuarios (OTP), constituida en los tiempos en que Girón ostentaba la titularidad del Ministerio de Trabajo, mantiene una situación funcional que colisiona con la legislación laboral compendiada en el recientemente aprobado Estatuto de los Trabajadores.

Las relaciones laborales entre los estibadores y las empresas consignatarias para las que trabajan, y en función de las cuales existe este colectivo obrero, se ven condicionadas por el papel intermediario que desempeña la OTP, organismo con el que realmente existe de derecho una relación laboral por parte de los trabajadores Portuarios.

La OTP constituye un ente que suministra personal a las empresas estibadoras y consignatarias. Con una concepción verticalista del colectivismo laboral, la financiación de la OTP proviene fundamentalmente de los salarios abonados por las empresas en reciprocidad a la tarea prestada por los estibadores que la OTP pone a su disposición.

En este contexto, la patronal consignataria pretende forzar al Ministerio de Trabajo para que reestructure la OTP y permita el establecimiento de una normal relación laboral -lo que comporta una capacidad de control y exigencia de responsabilidades sobre los trabajadores contratados, en este caso los estibadores, inexistente en la actualidad- acorde con la definición que el Estatuto de los Trabajadores da a la unidad de contratación.

Tal pretensión de la patronal constituye al mismo tiempo condición sine quanon para negociar con la representación obrera de la OTP -también en el aspecto representativo imperan los modos verticalistas-, constituida en la práctica por la Coordinadora de Estibadores Portuarios, el convenío colectivo del sector.

La culminación a este círculo vicioso lo constituye la actual existencia de dos convenios: uno de ellos, suscrito entre Coordinadora y CC OO -central que sigue estratégicamente los planteamientos de la OTP, en la esperanza de que su definitivo desmontaje le permitirá heredar la movilización surgida en torno a la Coordinadora-, con una mínima representación patronal, y el otro, firmado por UGT y ANESCO, la patronal consignataria, una vez asumido por ambas organizaciones el documento de bases pare la reestructuración de Ia OTP.

Tan confuso panorama mantiene una larga huelga de estibadores, que está costando al país miles de millones de pesetas ya la que Trabajo se enfrenta con una ambigüedad en línea con la medrosidad que caracteriza al actual Gobierno.

De una parte, el decreto de Presidencia del Gobierno, autorizando la contratación de personal en paro para sustituir a los huelguistas, con el objetivo de paliar los efectos del conflicto, ha sido arbitrariamente aplicado por los distintos gobiernos civiles, y, en la práctica, su incumplimiento, ayudado por la actuación de piquetes, es generalizado en los distintos puertos.

Por otro lado, el subsecretario de Trabajo, señor Prados Terriente, que es al mismo tiempo el jefe jerárquico del delegado general de la OTP -la implicación del ministerio justifica que los presidentes natos de la OTP en cada puerto sean los respectivos delegados provinciales de Trabajo-, decide entrar en el fondo del problema y busca una mediación que se ha revelado imposible.

El último intento del señor Prados Terriente lo constituye la oferta de un laudo arbitral, que en vano ha tratado de consensuar entre las partes, lo que le ha hecho desistir de su publicación.

De esta manera, resulta manifiesta la incapacidad de Trabajo para resolver sus propios problemas laborales, mientras que el desabastecimiento de determinados productos puede comenzar a notarse en los próximos días.