El sector eléctrico, entre la estatificación y la libertad económica

Decía una canción de niños que seres tan reales como las liebres y las sardinas eran por arte de magia manejados al capricho del coro y situados en un ambiente natura. distinto del propio; no me refiero a la cazuela, en donde suelen dar buenos resultados. Las sardinas corrían por los montes; las liebres buceaban sin problemas, y al final los niños tan contentos: con datos reales y un poco de fantasía habían contado un cuento en el que todo era al revés.El pasado 16 de julio publicó este periódico («El sector eléctrico, entre la racionalización y la nacionalización») una historia-ficción con datos reales. Tan reales como el esfuerzo de imaginación de sus autores. Venía a decir este artículo que, como las empresas eléctricas están seguras de su futura nacionalización, se dedican ahora a tirar la casa por la ventana.

Al aire de tan brillante intuición, las liebres y las sardinas eran situadas por los autores en un medio ambiente que no es el natural: los propios empresarios van a nacionalizar la industria eléctrica; los datos lo prueban.

Este artículo se puede interpretar mejor a la luz de dos precisiones que coloquen a sardinas y liebres en su lugar, aunque los niños se desilusionen. Hablaremos primero de quién y por qué se quieren las nacionalizaciones; después contaremos el problema financiero sin recurrir a adivinar lo que piensan los demás.

Nuestra tesis sobre este artículo es la siguiente: el fatalismo nacionalizador es una actitud inicial de los autores que sitúan arbitrariamente en el prójimo. Ciertamente se exponen unas cifras reales para explicar un proceso de descapitalización. Pero no queda probado que éste responda a la causa citada.

Dicho de otra forma: la descapitalización es una hipótesis que las cifras pueden o no probar. La identificación de las causas puede realizarse a través del análisis económico; o eludirse sibilinamente: basta imputar a terceros lo que es una impresión personal. Así se evita la incomodidad de investigar y la responsabilidad de expresar públicamente una idea.

Quienes han escrito el artículo están convencidos de que una fuerza inevitable nos empuja a una creciente estatalización de la economía. Se pide una mayor intervención de los poderes públicos para librar al país de la madeja de intereses del sector eléctrico. Pero el fatalismo nacionalizador tiene la mejor prueba en la creencia de que hasta los capitalistas saben que esa fuerza es inevitable.

¿El esto teoría económica o deformación cultural? Cuando se dice que la estatificación y los burócratas resuelven los problemas de estructura, el ponente se queda tan embriagado por la genialidad de la idea que prefiere no enturbiarla descendiendo a los detalles que justifiquen su propuesta. Pero hace política, no teoría económica. De esa creencia, lo que nos interesa destacar no es la pérdida de libertad incorporada en un proceso de estatificación. Esta es una clara razón que justifica la pereza explicativa de quienes confían en el proceso. Nos interesa aclarar que por el hecho de ser burócrata no se perciben dones del cielo que aseguren el acierto y eliminen los errores tan frecuentes de los gerentes de empresas privadas.

La cosa es clara. La economía la dirigen los burócratas o los empresarios y los consumidores. Nada asegura que aquéllos sean justos y benéficos y estos últimos pecadores. Pero hay una cosa real y evidente: con los burócratas decidiendo nos jugamos al azar que acierten, pero pagamos el coste de convertirnos todos en siervos.

Por ahora, incluso podemos decir que quien se ha equivocado es la Administración, que por temor a una política de precios reales ha originado, entre otros, el problema financiero, que padece hoy el sector eléctrico.

La determinación de los precios eléctricos corresponde al Gobierno. El Consejo de Ministros, como acaba de hacer, autoriza la revisión de las tarifas.

Cuando se produjo la crisis del petróleo, el Gobierno pensó que esta facultad le permitía dosificar los efectos sobre la economía del encarecimiento de los crudos. Se abrió así una etapa en la que el manejo de los ingresos de explotación a través de las tarifas permite al Gobierno determinar que parte del ajuste se carga en la cuenta de explotación del sector eléctrico.

Ese es el problema financiero. Su solución se ha visto complicada por la situacíón de la Bolsa y porque el sector estaba embarcado en fuertes inversiones para evítar que el país se quedara en el futuro sin luz.

La situación de la Bolsa ha limitado el ínterés por los valores, por todos, a pesar de la atracción de las emisiones liberadas. Además, el sector ha tenido que competir en dividendos con otros cuyos precios no están tan controlados y que por eso obtienen ingresos más ajustados a su mercado, a pesar de lo cual no han podido eludir la crisis bursátil.

En los tres últimos años las nueve principales empresas eléctricas privadas han repartido 143.100 millones de pesetas en dividendos, lo cual supone una retríbución media del capital del 10%, cifra que, habida cuenta de la tasa de inflación, no es tirar la casa por la ventana. Nos viene al pelo esta precisión al articulo para señalar dos falacias que lo honran: el dividendo es el rendimiento de una inversión anterior sucesiva y acumulada; no sólo de la inversión de cada año. En segundo lugar, hacer demagogia brillante con la hipótesis de que la banca pueda prescindir de los dividendos eléctricos, o debe esconder que quienes a lo mejor no pueden prescindir son el millón largo de accionistas del sector, muchos de ellos jubilados y pensionistas, que a lo mejor se han comido este año los dividendos en pagar impuestos.

El endurecimiento de la Bolsa no ha sido aliviado por la financiación en renta fija; la mayor competencia por entrar en los circuitos privilegiados de financiación y las emisiones del Estado para paliar su desbarajuste financiero han endurecido también esta vía.

¿Qué ha pasado entonces? Dos cosas: ha crecido la financiación crédito y sus costes financieros, que, por cierto, se contabilizan legalmente con el inmovilizado y es menor la acumulación de reservas. Todo este problema sería más grave si el sector no hubiese podido sostener las inversiones o amortizar. No ha sido así: los aumentos de financiación han cubierto las inversiones y el porcentaje de amortizaciones no ha disminuido.

Para arreglar la situación es más fácil, más barato y más eficaz que las tarifas reflejen la realidad que montar un comité supervisor y pagarlo con el dinero de los contribuyentes. Si las tarifas se ajustan a los costes reales, la economía está sana y la Bolsa normal, un sector administrado como el eléctrico puede canalizar ahorro hacia inversiones básicas y retribuirlo con estabilidad y seguridad. Los articulistas proponen justo lo contrario: que no se paguen dividendos para que se acabe de hundir la Bolsa, el ahorro y el sector.