La ruina de edificios enfrenta a propietarios e inquilinos

Los edificios declarados en ruina -actualmente 250 expedientados en la Gerencia Municipal de Urbanismo, en lo que va de año- son un intento, en muchas ocasiones, de los propietarios por conseguir unos beneficios a costa del solar ocupado por las viviendas, mientras otras veces, la falta de inspecciones puede provocar derrumbamientos, con el consiguiente peligro para los inquilinos, que, en muchos casos, se quedan en la calle.

Las edificaciones deficientes plantean ciertas contradicciones en una legislación que es preciso revisar, puesto que, en ciertas ocasiones, el Patrimonio Histórico Artístico ha visto derrumbar parte o la totalidad de obras arquitectónicas que deberían haberse mantenido, mientras muchas personas que viven en casas antiguas, principalmente en el centro y en los barrios antiguos, están en constante peligro por las grietas que se abren en las paredes de sus viviendas.«El 90% de las denuncias por edificios ruinosos vienen dirigidos por la propiedad de éstos, mientras el 10% restante parte de los inquilinos, que tienen miedo a que la casa se les venga encima. Por eso es un tema muy delicado que es preciso comprobar en todos los casos, cuestión que nosotros no podemos hacer rigurosamente por falta de personal», declaraba a EL PAIS Sebastián Arbolí, jefe de la Sección de Edificación Deficiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, «lo que supone un descuido en torno al tema».

Las intervenciones por hundimientos que ha realizado el servicio municipal de bomberos durante los cinco primeros meses de este año suman la cantidad de 208, alguna de las cuales han sido derrumbamientos totales, mientras otras han necesitado del apuntalamiento por la apertura de grietas. Por su parte, la Sección de Edificación Deficiente tiene abiertos 513 expedientes de tales viviendas, de las que caben destacar veinticinco en ruina inminente sin desalojar, 225 declaradas en ruina y 218 deficientes que pueden plantear problemas, todas ellas registradas en lo que va de año, lo que nos da una cifra alarmante, ya que a todas ellas se debe unir las que se encuentran sin denunciar y las que están pendientes de algún proceso contencioso-administrativo.

La zona centro -el casco histórico- es la más dañada, junto con gran número de viviendas antiguas que se encuentran en los barrios periféricos. La Asociación de Defensa Ecológica y del Patrimonio Histórico-Artístico (Adelpha) vaticinó hace unos meses que «en los próximos diez años, el 70% de los edificios situados en el casco antiguo estarían afectados de ruina, y el otro 30% caería irremisiblemente de no tomar las medidas necesarias».

Las causas principales de deficiencia en estos edificios son la vejez de las construcciones y la falta de calidad de los materiales utilizados, por lo que las casas se ven amenazadas en épocas de fuertes disturbios meteorológicos, según nos comentaban José Pascual, arquitecto subinspector del servicio de bomberos, y Sebastián Arbolí.

La legislación, en contra del inquilino

La política contradictoria en torno a este tipo de edificaciones parte, en primer lugar, de que los bomberos únicamente actúan en los casos de ruina física, es decir, cuando el problema existe ya y tienen que apuntalar o realizar un apeo provisional hasta que la vivienda es declarada con lesiones, ante lo que la autoridad municipal toma la decisión de desalojarla con la posibilidad, muy probable, de dejar a los vecinos durmiendo en la calle.Ante esto el inquilino no puede hacer nada y la legislación no subvenciona ningún alquiler durante estos momentos. Ahora las juntas de distrito pueden disponer de alguna subvención a convenir, pero ésta no suele exceder de las 10.000 pesetas durante seis meses.

Por otra parte, «el propietario de los edificios antiguos reclama la ruina de éstos porque el alquiler que cobra es muy bajo. Sin embargo, obtiene grandes beneficios por el solar, lo que ha producido muchas denuncias sin que hubiera ninguna deficiencia», nos manifestaba el señor Arbolí.

Frente a esto, Sebastián Arbolí señalaba que «los procesos por denuncias de casas en ruina son lentos, muy costosos y van contra el inquilino. Un proceso de este tipo suele durar de ocho a diez años, de lo que se deduce que es necesario cambiar la cláusula sobre ruinas en la ley de Arrendamientos Urbanos, aunque éstos no sean competencia municipal».

La Administración no ha resuelto este tipo de problemas, que con gran frecuencia se presentan en Madrid, sin que haya subvenciones y sin dinero en las arcas municipales, con lo que el caso se acentúa más gravemente, puesto que, como demuestran las cifras, las viviendas pueden sufrir un hundimientó con las personas que la habitan en su interior.

Falta de medios

La ruina legal, de la que se ocupa la sección de edificación deficiente, dependiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, está inspeccionada en estos momentos por tres personas para todo Madrid. Además, solamente cuenta con un arquitecto y seis aparejadores para cubrir más de seiscientos expedientes.El tema está siendo estudiado ahora por el Ayuntamiento, que acusa una gran falta de personal, sobre todo especializado, lo que dificulta ciertas necesidades urgentes.

Sebastián Arbolí nos indicaba, en este sentido, que «la plantilla de la sección está funcionando a un 40% del personal necesarioo, lo que hace imposible poder realizar una labor completa, aunque esto se está estudiando aceleradamente para llegar al nivel adecuado».

Por el momento, tampoco se ha podido llegar a realizar la inspección preventiva, que se basaría -según el propio Arbolí- en una revisión mensual o que no excediera los dos meses para obtener unos resultados óptimos.