La adhesion española no causara problemas a los países de la CEE en materia de pesca

La Comisión Europea ha cumplido su compromiso de elaborar antes de las vacaciones de verano todos los informes previos necesarios para la negociación hispano-comunitaria. El único documento que faltaba, el de la pesca, ha sido ya finalizado por los expertos de la Comisión. El inf6rme, al igual que el de agricultura, permanece, sin embargo, retenido por el Consejo de Ministros de la CEE.

La pesca es, según declaración de la CEE hecha pública el pasado lunes, un sector que exige el mismo «prudente» tratamiento que la agricultura, es decir, extensos, «trabajos preparatorios» en el seno de la Comunidad a nueve. Es, pues, uno de los capítulos que puede continuar «bloqueado» durante el tiempo que el Consejo de Ministros comunitario considere conveniente.Una detallada lectura del informe de la Comisión parece revelar, por el contrario, que no existen insalvables dificultades en la adhesión de España. La Comisión explica con gran prudencia que el ingreso de nuestro país ampliará la dimensión de los actuales problemas internos de la CEE y, curándose en salud, añade que sus conclusiones, «tanto en lo que concierne a la apreciación de los problemas como en materia de orientación de las negociaciones» tienen, necesariamente, un carácter «provisional», dado que el actual acervo comunitario experimentará una profunda mutación.

Salvadas todas estas precauciones, los expertos comunitarios analizan las inmediatas repercusiones de la adhesión de España en el capítulo de la pesca: la CEE se convertiría en la tercera potencia mundial, doblaría el tonelaje actual, la producción aumentaría en un 30%, en peso, y en un 50%, en valor, y la población empleada en el sector superaría 1.300.000 personas. Todo ello porque España aportaría 100.000 pescadores y unas 700.000 personas en empleos directos e indirectos, y 17.000 barcos, con un tonelaje superior a las 800.000 toneladas de registro bruto.

En definitiva, la Comisión considera que la adhesión de España no tendría por qué entrañar modificaciones sustanciales en la estructura de las actividades de pesca de los nueve Estados miembros de la CEE, que las medidas técnicas de conservación no plantean aparentemente dificultades particulares para los pescadores españoles, que la política de Madrid en el dominio del mercado de pesca está satisfactoriamente en evolución y que, en términos generales, el actual acervo de la Comunidad (anótese bien, «actual acervo») podría ser adoptado por el país candidato sin mayores problemas.

Evidentemente, no todo es de color rosa. Los expertos comunitarios expresan su preocupación por los conflictos de interés que se plantearían entre los pescadores españoles (fundamentalmente los procedentes de puertos del Cantábrico) y los de otros países comunitarios a la hora de distribuir las capturas en zonas como el golfo de Vizcaya y el oeste de Escocia e Irlanda.

Otro problema preocupante son las relaciones de España con países terceros, especialinente con Marruecos. Los expertos consideran que estos acuerdos bilaterales son interesantes, pero que, en ciertos casos, parecen «incompatibles» con la normativa comunitaria. En concreto, se alude a los acuerdos hipanomarroquíes, subordinados a un cambio de pabellón y a la apertura de contingentes de importación en régimen de franquicia aduanera. La CEE -explican- debe exigir la eliminación del régimen particular que España concede a esas empresas mixtas, si bien, considerando las características del consumo español, estaría dispuesta a asegurar una cierta progresividad. Por otra parte, el documento señala que ciertos de estos acuerdos bilaterales se acompañan de condiciones en materia de acceso preferente al mercado español de productos de esos países terceros.

La adhesión -prosigue la Comisión- implicaría la eliminación de las actuales restricciones que Francia e Italia imponen a las conservas de sardina y atún procedentes de España. La liberación del mercado -señala- podría plantear problemas a ambos países si no está precedida de adaptaciones que permitan aumentar la competitividad de la industria comunitaria frente al impacto de la concurrencia española. Los expertos proponen un período transitorio de tres años, durante los que los productos españoles estarían sometidos a las mismas restricciones que hoy día.

Debate sobre una eventual retirada española

La retirada temporal de España de las negociaciones de adhesión a las Comunidades Europeas podría ser una actitud política lógica del Gobierno español ante la necesidad de reestructuración de las políticas agrícola y financiera de la CEE, exigida por Francia y apoyada por otros países europeos. Esta retirada sería la consecuencia de la imposibilidad de que España pueda negociar ambos capítulos durante los años que dure la citada reestructuración comunitaria.

Estas son conclusiones esenciales a las que llegaron ayer en el curso de verano de la Universidad de Santander el corresponsal del diario Le Monde en Bruselas, Philippe Lemaître, y el corresponsal diplomático del diario EL PAIS Pablo Sebastián, ambos partícipes en el curso sobre «Parlamento y sistema de partidos de la Unión Europea», que dirige el profesor Miguel Martínez Cuadrado.

Para el periodista francés, la Comunidad debe reestructurarse en profundidad ante la crisis presupuestaria y agrícola que sufre en su interior y, con más razón, ante la eventualidad del ingreso de España y Portugal.

Philippe Lemaître comparte la idea de que hay que informar a la opinión pública española de las dificultades comunitarias y de sus consecuencias para España y, aunque es favorable a que se, pueda, mientras tanto, avanzar en la negociación en otros capítulos, admite como lógico un aplazamiento de la negociación hasta que se clarifique la reestructuración comunitaria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 25 de julio de 1980.

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