Un informe "crítico"

EL AUMENTO de la violencia terrorista de todo signo en el País Vasco y la amenaza de ETA de continuar con su campaña asesina contra la seguridad pública han venido a alimentar la tensión política en vísperas de la desbandada general de vacaciones. La noticia de que el ministro del Interior ha informado al Gabinete sobre la deficiente seguridad en la que se realizan los movimientos de las propias Fuerzas de Orden Público -salvadas de puro milagro hace unos días, en Logroño,de una auténtica matanza- añade además nuevos e interesantes matices al anáde ademas de la situación.Las condenas, por virulentas que sean, de la violencia no valen en absoluto para aplacarla. La actividad de las fuerzas políticas, del Parlamento y la Prensa multiplicando declaraciones y anatemas, y la creación de una opinión pública extendida de repulsa a los métodos y objetivos del terrorismo ni son suficientes ni, a estas alturas, relevantes. Siempre hemos dicho que la cuestión vasca exigía de un doble tratamiento, político y policial, y que ninguno de los dos aspectos podía hacer olvidar en ningún caso el otro.

En el aspecto político se han dado progresos notables en los años de la transición y en los últimos meses. La radicalización de las posturas etarras viene paradójicamente motivada por el éxito de las vías del diálogo y la negociación a la hora de encontrar respuesta a las aspiraciones de autogobierno de Euskadi y de plantear un proyecto posible de pacificación de la zona. Se observa así, desde la toma de posesión del Gobierno peneuvista, una regresión, ni fulgurante ni espectacular, pero constatable, del apoyo en ciertas zonas de población al bandidaje político de ETA. Nada casualmente esta es la ocasión en que el bandidaje político fascista incrementa su actividad y contribuye, con el regocijo de la prensa del mismo signo y la complacencia bochornosa de los círculos llamados bienpensantes, al mantenimiento del clima de enfrentamiento civil que en Euskadi existe desde hace años.

Pero, pese a lo avanzado en el terreno político, mucho e importante queda por hacer, tanto en la aceleración de la puesta en práctica del Estatuto como en la contemplación de una solución, que no importaría tuviera aspectos negociados, si verdaderamente fuera una solución, al problema de Euskadi, cada día más revestido de los perfiles dramáticos que definen la situación en el Ulster.

La contestación política al terrorismo ha de hacerse también desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. La reiterada actitud inamistosa de Francia debe encontrar así algo más que soflamas o declaraciones de condena. Francia sigue siendo el cuartel general de los asesinos del turismo español, y no es Francia quien deba dar solución a nuestros problemas internos, pero hay que decir que no estaría mal que tratara de provocarlos un poco menos.

Sin embargo, ninguna solución política que no coincida con una efectiva acción policial podrá atajar a corto o medio plazo los aspectos de seguridad ciudadana y con tener la violencia creciente del conflicto vasco. El conocimiento de que el ministro Rosón ha presentado un «in forme crítico» sobre las medidas de autoprotección de la Guardia Civil y Policía Nacional en el Norte pone de relieve algo que desde hace años la opinión pública y sectores de la Prensa vienen denunciando: la ineficacia de las fuerzas de seguridad -sólo achacable a sus mandos y a sus sistemas de formación- en la represión del bandidaje político. No es preciso pensar mucho- para suponer que una mejor organización y capacitación de dichas fuerzas haría mucho por resolver el problema. Y no se puede seguir con la cantilena de que es desmoralizar a la tropa indicar los defectos de su actuación. El país entero se encuentra desmoralizado ante la poca capacidad de respuesta del aparato de la seguridad del Estado en el caso del terrorismo. La constatación de este hecho no empana para nada el sacrificio y la abnegación de sus componen tes, que han rendido y siguen rindiendo un alto tributo de sangre en defensa de las libertades.

Por último, si resulta que el ministro del Interior se ha mostrado «crítico» con las fuerzas de seguridad, debemos saber en qué consisten dichas críticas y qué tipo de responsabilidades se han pedido. El Estado no debe escatimar medios -dentro de la legalidad constituida- en la represión de la criminalidad política, pero tiene estricta obligación de explicar cómo y con qué criterio se están empleando, y las vacaciones del Parlamento no pueden ser una excusa para no hacerlo. Y piensen finalmente quienes reclaman insensata o interesadamente la intervención del Ejército en las provincias vascas que, en definitiva, la Guardia Civil es un cuerpo militar mandado y dirigido en gran parte por jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas. Lo que hace sospechar que no es en realidad al Ejército a quien se reclama, sino a la suspensión de garantías y derechos constitucionales.