Dificultades para la comisión parlamentaria investigadora de presuntos malos tratos

Un incidente se produjo ayer por la mañana en el Gobierno Civil de Vizcaya, al negarse su titular a recibir a los miembros de la comisión del Congreso que investiga presuntos malos tratos, quienes, ante los impedimentos puestos por las autoridades policiales para permitir una visita a las instalaciones de la comisaría de Bilbao y la comandancia de la Guardia Civil, pretendan obtener el visto bueno a su trámite por vía gubernativa.

El propio gobernador civil explicó luego que su actitud había estado motivada por la carencia de los parlamentarlos de una credencial especial -a nombre de tres de ellos- del Ministerio del ¡nterior, facilitando su acceso a las dependencias policiales.Un miembro de la citada comisión declaró a EL PAIS que desconocía la existencia de las m,encionadas acreditaciones, «que estaban en poder del presidente de la comisión, Gregorio Peláez (UCD), que no nos la ha proporcionado ni informado de su existencia».

La citada comisión llegó el jueves al País Vasco, donde, repartida en dos grupos de trabajo, inició su actuación en San Sebastián y Bilbao (véase EL PAIS del 18 de julio). El grupo que se desplazó a'la capital de Vizcaya estaba integrado por los socialistas José Bono y Donato Fuejo, el comunista Solé Barberá y el peneuvista Joseba Azkárraga, a los que se unió ayer el centrista Vega Escandón. Durante las dos jornadas de trabajo que el grupo realizó en la sede del Colegio de Abogados de Vizcaya en Bilbao, se tomaron dieciocho declaraciones individuales y una treintena -fundamentalmente familiares de presos- de forma colectiva.

Al parecer, a la vista de que en las declaraciones mencionadas se aludía repetidamente a la comisaría de policía de San Mamés, de Bilbao (sede de la Jefatura Superior) y al cuartel de La Salve (sede de la Comandancia de la Guardia Civil) los miembros de la comisión decidieron realizar una visita a ambas instalaciones. Según declaró a EL PAIS José Bono, el representante de UCD, Vega Escandón, telefoneó a la comisaría de policía citada. para preguntar a qué hora podíi personarse allí la comisión. Se le conte sió que, por órdenes superiores, no estaban autorizados a permitir dicha visli.a. El propio Vega telefoneó luego al gobernador civil y aquél no acudió al teléfono, «porque estaba ocupado». Posteriormente, se intentó -a través del general Sáenz de Saritamaría- visitar el cijartel de La Salve, pero al parecer era impos;ible, por tratarse de una instalación militar, afectó a la Capitzinía General de Burgos, «y no haber en ese momento allí ningún detenido».

Ante esa situación, José Bono llamó al presidente del Congreso, Landelino Lavilla, y al director de la Seguridad del Estado, quien le indicó que debía dirigirse al Gobierno Civil de Vizcaya, «donde ya tienen instrucciones».

Sin embargo, en el Gobierno Civil cle Vizcaya continuaron los problemas cuando, a pesar de identificarse como diputados del Congreso, el titular del mism se negó a recibirles. «Hemos sido maltratados verbal y moralmente én el gobierno civil», afirmó posteriormente José Bono, al explicar su versión del incidente.

Una. hora más tarde, el re:staurante donde almorzaba la comisión se recibió una llamada del propio gobernador de Vizcaya, invitándoles a recoger las credenciales necesarias para visitar la comisaría de policía. Los diputados marcharon nuevamente al gobierno civil, donde les esperaba el general Sáenz de Santamaría, cuyas gestiones perinnitieron aclarar el incidente. Se les explicó allí que existían unas acreditaciones especiales del Ministerio del Interior para visitar instalaciones de centros dependientes de dicho departamento, a nombre de Vega Escandón, Josep Solé y José Bono, que habían sido entregadas al presidente de la comisión, Gregorio Peláez, quien al parecer no se las había proporcionado ni tampoco había informado de su existencia.

«El general Sáenz de Santamaría», afirmó a EL PAIS José Bono, «nos ha facilitado entrevistas con el jefe superior de Policía de Bilbao y el teniente coronel de la Guardia Civil. Con todos ellos hemos realizado toda clase de preguntas, se nos ha proporcionado documentación amplia y una visita a la comisaría de policía de Bilbao».

Por su parte, el gobemador civil de Vizcaya calificó de «subjetiva y parcial» la versión facilitada por el socialista José Bono. La primera autoridad vizcaína, después de aclarar que se había enterado por la prensa de la llegada de la comisión parlamentaria, explicó que el Ministerio del cInterior había dado instrucciones de autorizar inspecciones en las instalaciones dependientes del departamento, provistos de la correspondiente acreditación, y previa notificación al gobernador civil. «Los miembros de la comisión», afirmó el gobernador, «ni me habían comunicado su intención de visitar dependencia policial alguna ni estaban en posesión de las mencionadas acreditaciones. Por eso, los funcionarios, que tenían orden concretas mías, consideraron que para darles acceso a mi despacho eran insuricientes las credenciales de diputados».