Los alcaldes y la "negociación permanente"

A finales de junio de 1980, el alcalde de Móstoles recibió una comunicación del Ministerio de Hacienda donde se venía a decir, más o menos, lo siguiente:«En la partida X, ustedes consignan, para 1980, los ingresos Y; envíenos documentos acreditativos de los ingresos reales habidos en el período enero-mayo de 1980 a fin de constatar que efectivamente pueden ingresar lo que presupuestan para todo el año».

Teniendo en cuenta que sin la aprobación del Ministerio de Hacienda los ayuntamientos están sin presupuestos, y recordando que un presupuesto es eso, una previsión, el ministerio aquí citado debiera dejar pasar, en buena lógica burocrática, no seis, sino los doce meses que componen el año para constatar con toda fiabilidad que, efectivamente, la no nacida previsión presupuestaria estaba bien hecha.

Se llega, de un lado, a la conclusión ampliamente sufrida de que «El proceso» kafkiano no es sino una versión edulcorada de la burocracia española, y, de otro, a que el mal trato a base de «legislación vigente» representa la aplicación municipal de dos principios judeo-cristianos «Dios aprieta, pero no ahoga», y, «Para resolver un problema, primero hay que crearlo», apareciendo así revueltos la presunción popular y el señor Kissinger.

A mediados de julio de 1980, una comisión de alcaldes se reúne con el presidente del Gobierno para llegar a las siguientes conclusiones:

1. Que se va a dar gran prioridad y marcha a la aprobación de los presupuestos municipales de 1980.

2. Que se va a marcar una senda de participación de las haciendas municipales en los Presupuestos del Estado.

3. Que es necesaria una ley del transporte en las grandes ciudades.

Las «alforjas» y «el viaje» se vienen a la mente. Es decir, los ayuntamientos corren el riesgo de conseguir la síntesis marxista (de Groucho) entre la nada y la más absoluta miseria. Dicho de otra forma, los ayuntamientos, salidos de las elecciones con unos problemas económicos insolubles por sí mismos y unas tutelas gubernamentales tan inconstitucionales como obstruccionistas, deciden, una vez más, elegir el proceso de negociación y desechar, por el momento, la solución más simple de «cerrar por fuera» con la llave de oro que había de entregarse al próximo visitante ilustre.

Elegido pues el «responsable método», queda por saber si de esta vez se van a sentar las bases para una solución de los problemas locales (bases que desbrocen, asimismo, partes importantes de la ley de Régimen Local tantas veces prometida) o si, por el contrario, se trata de bañarse en el mismo mar de todos los veranos y poner los parches que permiten un rodaje tan corto como problemático de unos ayuntamientos funámbulos sobre una cuerda floja, donde el Gobierno está en un extremo y los ciudadanos en el otro.

La problemática está, por lo demás, bastante clara:

Transportes urbanos: La solución de fondo sólo puede venir de una ley que permita financiar la parte no cubierta por las ya altas tarifas actuales. Entre tanto se apruebe y aplique la ley, será necesario que, desde el conjunto del Estado, incluidos los ayuntamientos, se trate de resolver el problema de proveedor (Pegaso) de los ayuntamientos y del propio Gobierno. Esta situación de interinidad exigirá esfuerzos financieros por ambas partes que no podrán tratarse con la cicatería habitual.

Hacienda: Un primer esfuerzo autónomo de los municipios se realizó de cara al presente año; las haciendas locales necesitan de una clarificación estructural donde quede diseñado: a) el peso que, dentro del total de presupuestos de las administraciones públicas, van a tener las haciendas locales (el horizonte para 1985 del 15% de participación en la imposición directa y una proporción equivalente en el impuesto sobre la renta no parece pretensión exagerada); b) un programa de inversión local que reconozca la mayor capacidad inversora que muestran los entes locales, para lo cual el Gobierno tendría que proponerse salvar al hoy deteriorado Banco de Crédito Local. En esta línea, las Cajas y otros entes financieros debieran de mantener sus coeficientes municipales; de igual forma, la salida al mercado financiero exterior por parte de los ayuntamientos debería asegurarse.

Tutelaje: La autonomía municipal que consagra la Constitución es, hasta el momento, auténtico papel mojado, ya que la Administración se viene reservando la aprobación de prácticamente todos los actos municipales, desde los antedichos presupuestos hasta la forma en que se organiza la participación ciudadana. A estas tutelas, generalmente múltiples, se unen las competencias tutelares que, sobre el propio ayuntamiento, tienen establecidas legalmente os cuerpos de secretarios e interventores y la dictadura de la minoría que para muchos municipios representa el quórum de 2/3 que requiere la ley en caso de inversiones financiadas con crédito. A todo ello se une la auténtica maraña legal creada en torno a las corporaciones locales, con lo cual gobernar éstas se asemeja a la filigrana del encaje de bolillos sin bolillos y sin hilo. Lo lógico sería deshacer esta maraña con visión de Estado, para lo cual e Gobierno haría bien en olvidarse de la composición política actual de los ayuntamientos.

Si en lugar de abordar abierta mente estos problemas es la cicatería quien preside las negociaciones, habrá llegado el momento de plantearse seriamente qué hacer en los ayuntamientos, pues está medianamente claro que la situación actual es insostenible y los ciudadanos no tienen por qué soporta una sistemática estrechez de miras encaminada a fines partidistas de quienes parecen mostrarse reticentes a la hora de aceptar los resultados electorales del ya lejano abril de 1979.