La residencia de la Seguridad Social de Vigo carece de director, administrador y junta de gobierno

Sin director titular, sin junta de gobierno, sin administrador y con recortes presupuestarios que llegan hasta el 40%, la residencia sanitaria Almirante Vierna, de la Seguridad Social, en Vigo, está pasando por uno de los peores trances de toda su historia, además de contribuir a la dramática situación sanitaria de la provincia de Pontevedra, reiteradamente denunciada por diversos estamentos sociales.

Entre tanto, el proyecto de construcción de una nueva residencia de la Seguridad Social en la provincia continúa detenido, según el comité de empresa de la Almirante Vierna, por el propio Ministerio de Sanidad. Los cincuenta millones de pesetas incluidos en el presupuesto general de este año pueden perderse si no se emplean ya en los cimientos del nuevo edificio, para el que todavía no hay localización definitiva. La nueva residencia tiene presupuestados mil millones de pesetas para su construcción, que están repartidos en los presupuestos de 1981 y 1982, a razón de 350 y 560 millones, respectivamente, además de los de este año, para el comienzo de las obras.El comité de empresa de la residencia Almirante Vierna ha explicado que se acaban de terminar las obras de ampliación y acondicionamiento del área de urgencias de aquel centro hospitalario, pero el ministerio se niega a conceder los cincuenta millones de pesetas necesarios para la contratación de 36 ATS y auxiliares y veintinueve no sanitarios, imprescindibles para que el servicio de urgencias pueda funcionar, con la adquisición de material. Aunque este servicio podría entrar en funcionamiento en agosto, parece que no lo hará en lo que resta de 1980. Ya hace un año el ministerio denegó la solicitud de 109 ATS y 126 Auxiliares que tendrían que ser contratados para el normal desarrollo de la atención sanitaria.

Concurso de caza de ratas

La ausencia de administrador y de junta de gobierno de la residencia mantiene también bloqueadas órdenes de compras, mientras que las reducciones presupuestarias afectan fundamentalmente a la alimentación de los pacientes, a la compra de material y a los servicios de limpieza. El deterioro de las condiciones sanitarias es tal que el comité de empresa convocó un concurso de caza de ratas, ratones y cucarachas en el interior de la residencia, en el que participaron enfermos y personal de la plantilla, con resultados alentadores para los improvisados cazadores.A todo lo anterior se suma la amenaza pendiente de la delegación provincial del Ministerio de Industria de decretar un cierre absoluto de la residencia sanitaria, por el peligro que representa la deficiente instalación eléctrica del edificio. El Ministerio de Sanidad se vio obligado a habilitar un presupuesto de treinta millones de pesetas para atender a las obras de reparación más urgentes en el sistema eléctrico de la residencia. Sin embargo, el problema no está resuelto.

Medicina de guerra

En los primeros meses de este año, médicos de la residencia Almirante Vierna calificaron como «medicina de guerra» la que se estaba practicando en el área de urgencias de aquel hospital. Por muy gráfica que sea la frase, es posible que no abarque el problema en su totalidad.Diariamente se atienden en el servicio de urgencias 150 consultas, además de las cincuenta diarias que entran para ginecología. Aunque las necesidades son mucho mayores, sólo un 10% o un 15% pueden ser internos. En la residencia Almirante Vierna, la forma habitual de ingresar es por urgencias, porque las listas de espera no corren en absoluto. Más del 90% de los ingresos se hacen por urgencias.

Quinientas camas para medio millón de habitantes

Con sólo quinientas camas, la residencia sanitaria ha de dar servicio a una población de más de medio millón de habitantes en una zona, el sur de la provincia de Pontevedra, que tiene un índice de 1,5 camas hospitalarias públicas por cada mil habitantes. En su conjunto, la provincia tiene 3,1 camas por mil habitantes, contabilizando todas las clínicas y sanatorios privados, la mayoría de los cuales no cuentan con garantías para una atención eficaz y completa.Mientras aumentan las atenciones por enfermedades infecciosas, fruto de una situación sanitaria de las más precarias de España -la península de Morrazo es un foco endémico de meningitis y no cuenta con un solo dispensario-, los médicos de urgencias se ven obligados a atender casos de enfermos psíquicos, «porque en el único centro psiquiátrico oficial que existe, el de la diputación, ya nos rechazan a cualquiera que enviamos desde aquí», dice un médico.

El Cies sigue infrautilizado

Las pocas posibilidades que existen de mejorar en algo la atención continúan desaprovechadas. El policlínico Cíes, también de la Seguridad Social, sólo utiliza la mitad de las cien camas de que dispone, y en la Almirante Vierna hay una unidad de coronarias inhabilitada, con todo su material dispuesto, por falta de personal.Sólo el sistema de conciertos con clínicas privadas parece ser tenido en cuenta por los órganos rectores del ministerio. Pero las posibilidades en este sentido son muy escasas, como no sea para conseguir que el rendimiento económico de dichos centros se mantenga fundamentalmente a base de tales conciertos.

No parece ajeno a esta situación de dirigir hacia las clínicas privadas el exceso de la demanda que llega a la Seguridad Social, pero ello crea situaciones que facilitan la corrupción. No hace mucho, un fisioterapeuta de Vigo fue condenado por las desorbitadas facturas que pasaba a la Seguridad Social, fruto de las atenciones a pacientes que le eran remitidos a su clínica particular mediante concierto. Hay quien asegura que el centro médico Povisa ha podido hacer frente a la inversión que supone el scanner que ha comprado hace poco más de un año, precisamente en la perspectiva de una importante amortización a base de su concierto con la Seguridad Social.