El PSOE critica la central nuclear de Trillo
La Comisión Provincial de Urbanismo de Guadalajara ha acordado «aprobar inicialmente el proyecto de construcción de la central nuclear de Trillo, en dicho término municipal, sometiéndolo a información pública por período de quince días, como prevé el artículo 43.3 de la vigente ley del Suelo».El proyecto de construcción fue remitido a la comisión por el Ayuntamiento de Trillo el 5 de mayo de este año (las obras recomenzaron en octubre de 1979), y durante su estudio la ponencia técnica entendió que faltaba un plano de situación detallado y que no quedaba suficientemente justificada la calificación de «edificios o instalaciones de utilidad pública» y su necesidad de emplazamiento en el medio rural, según lo determinado por el actual Reglamento de Gestión Urbanística.
El proyecto se aprobó con el voto en contra del socialista Javier de Irízar, alcalde de Guadalajara, quien manifestó su disconformidad con el procedimiento, ya que estima que los documentos allí presentados deberían haber sido remitidos a la ponencia técnica, por lo cual el acuerdo tendría que posponerse hasta su informe.
Recurso socialista
La federación provincial del PSOE ha acordado presentar un recurso ante la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, ya que considera que la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Trillo, en 1976, es «nula de pleno derecho» o, en todo caso, anulable. Según el arquitecto Javier Solano, secretario provincial del PSOE, «están enclavadas en terreno rústico, por la ley del Suelo de 1956, o no urbanizable, por la ley del Suelo de 1975, y, dado que el planteamiento (normas subsidiarias de 1974) no autoriza la construcción fuera del casco urbano y las zonas de ensanche donde está ubicada la central no se pueden considerar "de ensanche", se produce un incumplimiento del planeamiento urbanístico vigente».«El suelo debería estar calificado como "urbanizable industrial"», agrega Javier Solano, «pero no les interesa porque supone gravar de forma importante los pagos sociales destinados a la comunidad».
«Además», dice Solano, «no se cumple el artículo 4 del Reglamento de Actividades e Industrias Molestas, Insalubres y Peligrosas, ya que la central está emplazada a menos de dos kilómetros de los núcleos de población agrupada».
Estos defectos, así como la falta del trámite de información pública -aprobado ahora por la comisión provincial-, fueron denunciados en una instancia del PSOE dirigida al delegado provincial del MOPU, el 1 de diciembre de 1979, «y aún no hemos recibido respuesta», según fuentes del partido socialista. «La respuesta», agregan, «ha sido la de sacar el proyecto a información pública en pleno verano».
