Juego limpio

La negociación política que en su momento permitió las propuestas institucionales de los diez primeros magistrados del Tribunal Constitucional dejó paso ayer a la actuación jurídica que a partir del próximo día 15 hará de este alto órgano el supremo guardián de la Constitución de 1978. Frente a las visiones pesimistas de quienes temen que la función del Tribunal constituya un peligro para el desarrollo democrático del país, su propio presidente salió al paso de este riesgo y ofreció garantías de juego limpio.Entre las críticas que se han esbozado frente a los tribunales constitucionales en general, y frente al español en particular, destaca la opinión del abogado José María Mohedano, quien advirtió en la revista La Calle, del pasado 5-2-1980, sobre el peligro de un Gobierno de los jueces, sobre todo en situaciones de crisis sociales o políticas en que la parte más regresiva de la sociedad ve posibilidad de hacer un uso conservador de un instrumento presentado ideológicamente como «neutral,».

García Pelayo cogió por los cuernos, desde el momento mismo del arranque del órgano que preside, este riesgo. Y sin ocultarlo, sino reconociendo que el llamado Gobierno de los jueces «es una patente y posible deformación del régimen democrático», explicó que los efectos políticos del Tribunal Constitucional nunca invadirán la esfera de libertad de otros órganos, limitándose a determinar si su acción «está dentro de los parámetros constitucionales ».

El presidente no dejó, en todo caso, de advertir por su parte a las formaciones políticas de que no intenten pedirle al Tribunal Constitucional que respalde sus particulares enfoque,s partidistas. Frente a la oferta de juego limpio que el Tribunal ofreció ayer ante el Rey y las máximas autoridades del Estado, la contraprestación legítimamente exigible es que la política, en su sentido peyorativo, no invada al órgano encargado de interpretar la norma suprema.