Otros diez funcionarios municipales pueden ser expulsados por delito de corrupción

Diez funcionarios municipales pueden ser separados del Ayuntamiento de Madrid si se demuestra en los expedientes disciplinarios abiertos por la comisión de personal que son ciertas las acusaciones de supuesto delito de cohecho que pesan sobre ellos. Estos expedientes forman parte de los 144 abiertos desde la llegada de la nueva corporación a la Casa de la Villa, según han informado a EL PAÍS fuentes municipales, dos de los cuales se resolvieron hace dos semanas con la expulsión de dos funcionarios.

Un total de 142 funcionarios municipales del Ayuntamiento madrileño se encuentra en estos momentos sometido a expedientes disciplinarios, por causas que van desde supuesto delito de cohecho hasta faltas de ausencias reiteradas al trabajo o indisciplina. Además, 190 funcionarios han sido sancionados por faltas calificadas de leves desde la toma de posesión de la nueva corporación, el 19 de abril de 1979.

Al margen de estos datos, hasta el momento hay veinticuatro expedientes disciplinarios ya concluidos, cuyo resultado fue veintidós sanciones de empleo y sueldo por un tiempo determinado y dos separaciones del cuerpo impuestas a los funcionarios Jaime Hacar, técnico de la delegación de obras y servicios urbanos, y Julián Arriero, jardinero de la delegación de Medio Ambiente.

Alonso Puerta, presidente de la comisión de personal y segundo teniente de alcalde del ayuntamiento, afirma que este paquete de expedientes no está relacionado directamente con la reforma administrativa interna del ayuntamiento, sino que se trata de cumplir con la transparencia de gestión prometida desde el primer momento por el equipo de gobierno municipal, aunque, inevitablemente, la reforma administrativa y el desempolvamiento de los casos de corrupción y corruptelas estén estrechamente vinculados.

Así, según un informe elaborado para la comisión de personal al que ha podido tener acceso este periódico, el colectivo de trabajadores más afectado, tanto por expedientes como por sanciones, es la Delegación de Seguridad y Policía Municipal (cuenta con más de 4.000 trabajadores). Le siguen las delegaciones de Saneamiento y Medio Ambiente y la de Sanidad.

Las faltas más frecuentes cometidas por funcionarios de estas delegaciones son las ausencias injustificadas del puesto de trabajo, conducta irregular -hay bastantes casos de embriaguez-, defectuoso cumplimiento de funciones, irrespetuosidad en acto de servicio y altercados o peleas.

Los casos de expedientes en los que se contemplan supuestos delitos de cohecho, están en torno a la decena -de los 88 casos tramitados desde el día 1 de enero hasta primeros de julio- y afectan a funcionarios de Gerencia de Urbanismo y Obras. Pese a que estos casos son los más difíciles de esclarecer, Alonso Puerta Asegura que las investigaciones de la comisión de personal atiende prioritariamente a los casos de corrupción sobre las pequeñas corruptelas. Sobre este punto, el concejal comunista Carlos Sotos asegura que la «corruptela municipal» está tan asimilada a nivel cotidiano que, por ejemplo -explica-, las concesiones administrativas se han estado dando sistemáticamente a funcionarios cuando tienen preferencia trabajadores en paro y que no ostenten ningún otro tipo de negocio. Tal es la situación, que en Moratalaz los siete quioscos de helados estaban en manos de funcionarios hasta que Carlos Sotos ha suspendido las licencias.

La postura de las centrales sindicales y asociaciones profesionales ante el paquete de expedientes ha consistido, hasta ahora, en un largo silencio, ya que, segun asegura Puerta, los casos de estos funcionarios son, en gran parte, conocidos por todos los trabajadores. Algunos de ellos fueron ya denunciados por corporaciones anteriores, aunque el día 11 de abril de 1979 Luis María Huete hizo público un decreto por el que se sobreseían todos los expedientes disciplinarios.