Uno de los expedientados exigía dinero por las licencias de apertura

El rigor con que la corporación proyecta realizar su reestructuración interna quedó ayer patente en el despido de dos funcionarios autores de faltas muy graves; tema que fue ayer tratado en el pleno. Los dos despedidos son Jaime Hacar Serrano, perito agrícola, y Julián Arriero, ayudante de jardinero.Según consta en el expediente, Jaime Hacar, perito industrial que trabajaba en el departamento de Industrias y Actividades, se había ofrecido a diferentes entidades para conceder licencias de apertura de establecimientos por un precio que oscilaba entre las 200.000 y las 300.000 pesetas. Parece que una de las entidades a las que ofreció este servicio es la Compañía Telefónica.

El caso del ayudante de jardinero, Julián Arriero, hasta ahora funcionario de la Delegación de Saneamiento y Medio Ambiente, consiste en una ausencia de su puesto de trabajo, sin motivos justificados, durante más de once meses. Durante el pasado año, estuvo seis meses sin acudir al trabajo. Volvió unos días y pasaron otros tantos meses sin que hiciera acto de presencia.

El expediente del señor Hacar se inició hace más de tres años. Fuentes de la comisión de personal han precisado que es sumamente difícil reunir pruebas de corrupción por muy evidente que sea el tema, aunque en el caso del señor Hacar parece que las pruebas eran tan determinantes que se ha podido proceder a su expulsión del cuerpo, aunque hasta el momento la mencionada comisión no ha decidido cuáles son las responsabilidades que se le van a exigir al funcionario en cuestión, ya que las consecuencias para muchas personas afectadas por este tipo de actuaciones pueden llegar a ser graves y ocasionar serios perjuicios.

Alonso Puerta, segundo teniente de alcalde, aseguró que lo ocurrido con estos dos funcionarios va a ser norma de actuación en la casa.

«En todos los casos en los que detectemos incumplimiento o corrupción, los responsables van a ir directamente a la calle. Hay más casos de irregularidad y bastantes expedientes abiertos para reunir las pruebas necesarias y acabar con esta clase de situaciones. Esta actitud clarificadora va a beneficiar fundamentalmente a la gran mayoría de funcionarios, cuya competencia y honestidad está fuera de toda duda». Puerta volvió a insistir en que la reorganización interna va a clarificar los papeles de todos.

Juan Torres (UCD) manifestó que no hay que dramatizar en este tipo de casos porque son cosas de siempre, no de hoy. Añadió que, en su opinión, la corruptela peor no es la de los casos que puedan presentarse de manera aislada, sino que la gravedad aumenta con el colectivo que día tras día no cumple con su trabajo.