El director general de RTVE se sometió a un intenso interrogatorio parlamentario

Viene de primera páginaLas dos impecables telecámaras lkegami estaban en el mismo sitio que el jueves; una, en el centro del pasillo, para planos frontales del director general de RTVE y de la Mesa, y la cámara uno en la esquina, al lado de los centristas. Frente al señor Arias-Salgado, dos micrófonos. Uno de ellos fue calificado, desde un principio, por el socialista Pedro Bofill, como «inusual». Fernando Arias-Salgado respondería. más tarde que desconocía la naturaleza y fines de aquel micrófono, que se supone servía para una grabación más Fidedigna de radio o televisión.

Pedro Bofill y Pilar Brabo utilizaron el único turno para cuestiones de orden y criticaron severamente al director general por la información que RTVE dio en sus telediarios del jueves, en particular por el texto que leyó el locutor Celso Vázquez, dedicado casi exclusivamente al discurso del director general y omitiendo el contenido de las intervenciones de los diputados. Antonio de Senillosa se sumó a estas protestas y al rechazo por las censuras y vetos ejercidos en Radio Nacional de España sobre la información de la sesión anterior.

El presidente descendió de la mesa para sentarse en el lugar de su grupo y abrir el turno de preguntas. El centrista Soler Turmo asumió la presidencia y Antonio de Senillosa dijo: «Más que preguntar, voy a cumplir con mi deber. ¿Es usted consciente del profundo malestar, del enfado o melancolía expuesto en infinitas quejas por los trabaja ,dores de RTVE?» Antonio de Senillosa le dijo que había recibido un dossier, tan grande como el presentado por el director general, de trabajadores de todos los sectores profesionales de RTVE, NO-DO, sindicatos de actores, los autores de La clave, etcétera. El director general contestó: «Soy consciente de esa situación de malestar y desilusión, y me preocupa». Añadió que comprendía gran parte de las razones expuestas en esos escritos y que, después de haber sido abordada la reestructuración económico-administrativa, era urgente organizar el trabajo. Señaló que los redactores, realizadores y programadores son los profesionales que más inciden en la valoración y creación de los contenidos de los programas y que esto era el reto más grande y conflictivo «que todavía no ha resuelto ninguna de las televisiones públicas de Europa que conozco ».

Las televisiones privadas

A preguntas de Ramón Pi Sunyer sobre la televisión privada, el director general dijo que podrían ser otorgadas por el Estado o por las comunidades autónomas, según se interprete la ley.

El socialista Andrés Fernández, integrado en el Grupo Mixto, rogó al director general que optimizase la presencia de la unidad móvil de Televisión Española y que pasase al Pleno para que todos los españoles pudiesen ver el debate sobre la ley de empleo. Preguntó sobre la televisión por cable y sus inversiones y las deudas de RTVE a la Seguridad Social. El señor Arias-Salgado respondió que RTVE abonó 1.500 millones de pesetas, correspondientes a la cuota patronal de los dos últimos meses del pasado año y primer cuatrimestre del actual. La deuda se liquidó con el ingreso, también efectuado anteayer, de 1.800 millones de pesetas que el, Tesoro adeudaba a RTVE.

Ana Balletbó compartió con Rodolfo Guerra los diez minutos que correspondieron a Socialistas de Cataluña. La diputada socialista no consideró al director general competente para informar sobre el futuro de la televisión en Cataluña, y preguntó si el ex corresponsal de Televisión Española en Londres, José Luis Navas -en cuyo expediente constarían «abuso de confianza y falsificación de documentos», y al que se le aplicó falta muy grave, que supondría el despido-, se encuentra actualmente trabajando en RNE de Málaga, y si el director general pensaba perseguir legalmente el caso, a tenor del artículo 101 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Ana Balletbó añadió que el director general no combatía la corrupción en el medio. El señor Arias-Salgado informó que había puesto el caso en conocimiento de la dirección de lo Contencioso- Administrativo, y que José Luis Navas estaba pendiente de destino.

Censura en Televisión Española

El socialista Rodolfo Guerra desmintió la afirmación del director general de que no había censura en RTVE y dijo que se desacataba el artículo 20º de la Constitución. Rodolfo Guerra preguntó: «¿Por qué ha hecho a la censura más intensa y grave que en tiempos de la dictadura?». El socialista catalán citó más de veinte títulos, personas y respectivos programas censurados desde 1978 hasta la fecha; aportó otra lista de programas censurados integramente, como La clave, Encuentros, Erase una vez el hombre (capítulo de la Inquisición); sumó al repertorio de censura una tercera lista de los desaparecidos definitivamente, como Escuela de salud y La semana; los catalanes Giravolt y Personatges; añadió que cinco telefilines (El joven Garibaldi, La caída de las águilas, El origen de la Mafia, El castillo de Copla y Hombres de nuestro tiempo) comprados y doblados no se han emitido por censura ideológica, con el agravante de que Televisión Española ya perclió los derechos de emisión al caducar los contratos, y que en la misma situación se encuentran quince largo metrajes comprados y no emitidos. Fernando Arias-Salgado felicitó a Rodolfo Guerra por su información y le dijo que desconocía la mayoría de los hechos expuestos. «Estos problemas dependen del límite de tolerancia de una sociedad respecto a los contenidos de los programas que pueden herir, y de hecho hieren a determinados sectores de la audiencia», comentó el director general de RTVE.

También los comunistas consumieron sus diez minutos en dos turnos. Pilar Brabo preguntó si había aconsejado u ordenado la incomparecencia de los funcionarios y si era cierta la carta del director general publicada en EL PAIS, en la que proponía al Gobierno que no autorizara la comparecencia. La diputada comunista dijo que no había pluralismo en Televisión Española, sino franquismo, y que sus programas daban la imagen de que el Parlamento estaba ocupado por UCD. Citó las denuncias presentadas por los trabajadores en reiteradas ocasiones, distintas y concretas manipulaciones informativas y, por último, preguntó qué puesto ocupaban en el organigrama cuatro censores: Antonio Sánchez, Jesús Cea, Mariano Palacios y Agustín Valdivieso. El director general dijo que no había aconsejado ni ordenado la incomparecencia y que se reconocía autor del fragmento de la carta publicada en EL PAIS, que la información la valoran los profesionales y que era necesario acordar una serie de criterios básicos siguiendo el modelo italiano, para comprobar después si se cumplen a través del control parlamentario. Sobre el programa de José Luis Balbín, dijo: «Mientras La clave sea excelente como lo es ahora, no hay problemas de desaparición».

El comunista Antoni Montserrat dijo que no era cierto que se hubiesen rendido cuentas al Tribunal de Cuentas y que las subvenciones no deben ser consideradas como ingresos porque son subvenciones para pérdidas. El director general contestó que las cuentas se presentaron como manda la ley, por conducto de la Intervención General del Estado.

El socialista Alfonso Guerra formuló al director general las 33 preguntas, advirtiendo que no sabía si llamarle «funcionario, como hacía ayer, porque algunos se han molestado, ya que a un superministro no se le debe llamar funcionario y, sin embargo, otros funcionarios me han dicho que no le llame funcionario porque ellos se sienten molestos». Las preguntas se refirieron al porqué del micrófono personal para el señor Arias-Salgado, si mentía o no EL PAIS al afirmar que se habían prohibido en RNE declaraciones de diputados de la oposición -en concreto, las del propio Alfonso Guerra- y sobre la identidad de quién había dado la orden de desmantelar a los enlaces que permitían la transmisión en directo desde el Congreso. Manifestó que algunos documentos entregados por el director general estaban repetidos. Hizo referencia al edificio de Somosaguas alquilado a la Unión de Explosivos Río Tinto, y dijo: « Por cierto que tiene la entrada a Televisión Española por la calle del Polvorín, que pudiera ser un símbolo de lo que está pasando ».

Alfonso Guerra preguntó por qué la memoria de contabilidad de RTVE se había impreso en la sociedad Rayear (a la que se abonó 1.200.000 pesetas) y no en la imprenta del Ministerio de Cultura. Dijo, asimismo, que se habían efectuado pagos por importe de 3.600.000 pesetas a otras empresas por servicios de contabilidad, cuando RTVE tiene un subdirector de contabilidad, «el señor Aranguren, cuyo salario parece ser de 3.500.000 pesetas. Alfonso Guerra destacó algunas contradicciones de la memoria, que no había culminado el proceso de rendición de cuentas, y se preguntó: «¿Cómo es posible que el inmovilizado material, en el capítulo de concesiones administrativas, sea de tres pesetas? ¡No tres millones, ni 3.000 millones, sino tres pesetas! ¿Cómo es posible que, dicierido la auditoría que una de las partidas más Importantes con que cuenta Televisión Española es la propiedad intelectual, pueda ser que su inmovilizado material sea de ocho pesetas? ». Alfonso Guerra insistió en que RTVE viola el derecho de réplica y que el director en funciones de Televisión, Luis Ezcurra, puso en duda que estuviese vigente ese derecho al que se acogió y del que todavía espera respuesta desde el pasado 9 de abril. Pidió que se explicase cómo pudo RTVE obtener un superávit de 4.000 millones de pesetas y la lista de componentes de Cosesa. «Nos interesa mucho esta lista», dijo, «porque hay nombres que pueden hacer restallar la famosa calle del Polvorín». Dijo que todavía no se habían entregado determinados documentos solicitados por el Parlamento y que su. respuesta a Pilar Brabo sobre el documento publicado en EL PAIS, el que proponía la incomparecencia de los funcionarios, era del todo insuficiente. El portavoz socialista volvió a la revista Tele-Radio y preguntó si acaso distribuye gratuitamente 442.000 ejemplares al año, con un coste de 22. 100.000 pesetas, y «¿cómo se contabiliza esa distribución gratuita e una revista deficitaria?». Sobre el cheque de veinticinco millones de pesetas enviado por el ministro del Interior al director general con ocasión de los referendos en el País Vasco y Cataluña, preguntó Alfonso Guerra: «Si las ordenanzas establecen que los altos cargos de Televisión no pueden recibir gratificaciones, ¿cómo es posible que de esos veinticinco millones de pesetas 6.626.200 pesetas se dedicaron, por ejemplo, al señor don Luis Ezcurra (225.000 pesetas), señor Irazazábal (180.000 pesetas), señor Arandes Massip (225.000 pesetas), hasta la cifra total?». Alfonso Guerra preguntó también por el expediente de José Luis Navas, si el ex director de Televisión Miguel Martin sigue cobrando su sueldo de director y, por último, «¿si el señor director general no cree que su gestión es un auténtico desastre?».

Fernando Arias-Salgado contestó rápidamente a Alfonso Guerra y dijo que ignoraba las manipulaciones de que informa EL PAIS, que él no dio orden de desmantelar los enlaces del Congreso, que no existió obstaculización a los interventores de Hacienda y que, sobre el derecho de réplica, Alfonso Guerra tiene abiertas las pantallas de televisión «para decir lo que quiera». El director general añadió que había enviado los documentos solicitados, que el tema de Tele-Radio está en estudio, que el cheque no era nominativo, sino a cargo, y a propósito de su gestión personal, manifestó que, aunque había errores, si se compara la situación anterior con la actual, se deben reconocer los aspectos positivos de la misma y la capacidad de respuesta para abordar temas pendientes.

Luis Apostua, por los centristas, calificó a la sesión como «muy dura, desde el punto de vista dialéctico», pero «muy esclarecedora desde el punto de vista informativo»; que se había celebrado a petición del director general y que éste había colaborado sincera y eficazmente con la comisión. El señor Apostua insistió en que su grupo tiene todo el interés en esclarecer los hechos y en colaborar con todas las fuerzas políticas para la puesta en marcha del estatuto.