Juicio fallido contra los asaltantes del Instituto San Isidro
El juicio de faltas celebrado ayer en el Juzgado de Distrito número 21 de Madrid, en relación con las agresiones cometidas por jóvenes ultraderechistas en el Instituto de San Isidro, el día 30 de enero de 1979, poco después de la agresión cometida por individuos de la misma ideología contra la facultad de Derecho de la Universidad Complutense, ha sido declarado nulo por el propio juez, a consecuencia de las irregularidades observadas durante el desarrollo del mismo.El juez ha anunciado que volverá a repetirse la vista en su totalidad en fecha próxima. El abogado que llevaba la defensa de los denunciarites, todos ellos alumnos del instituto, ha presentado un informe de los hechos al Colegio de Abogados de Madrid.
El juicio comenzó y se desarrolló con la presencia en la sala de audiencia de denunciantes, denunciados y testigos. Entre los denunciados y testigos figuran Alfonso Amador de los Ríos, ex alumno del instituto: Carlos Miguel Núñez, Angel Borreguero, Javier Salazar, Carlos de Miguel, Juan Jesús Campoy, Daniel Campos y Fernando Garrido. Cuando el abogado de los denunciantes, letrado Juan José del Aguila, preguntó a uno de los denunciados si portaba en el momento de la agresión, la insignia de la bandera nacional, según consta en su declaración ante la policía, el juez le prohibió hacer tal pregunta, cuya que no era delito llevar la bandera nacional». El letrado negó que su pregunta tuviera carácter pa.rtidista, ya que se basara en un hecho que consta en las diligencias policiales. El abogado, dado el clima de confusión y tensión creado en la sala, anunció que no se daban las condiciones mínimas exigidas para su actuación profesional y renunció a proseguir su defensa, con el beneplácito de su cliente. El juicio continuó, y el fiscal pidió quinientas pesetas de multa como autores de una falta de malos tratos, para dos de los denunciados y para un denuncíante. Cuando ya se iba a dar por finalizado el juicio, el tribunal se apercibió de que el citado denunciante, convertido en de nuncia(lo y acusado por el fiscal, iba a ser juzgado, y posiblemente condenido, sin haber sido oído ni escuchado, por lo que el juez ha declarado la nulidad de todo lo actuado. Uno de los denunciantes comunicó en la tarde de ayer a EL PAIS que había recibido en su domicilio varias llamadas telefónicas con amenazas de muerte.
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