Acuerdo PNV-UCD-PSOE sobre la ley de Financiación de las Autonomías

El Pleno del Senado aprobó ayer la mitad del proyecto de ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Aunque las cuestiones más importantes quedaron aplazadas para la sesión de hoy, ayer se llegó a un acuerdo firme para el tema vasco, entre UCD, PSOE y PNV, para plasmar en la ley una garantía para los conciertos económicos vascos suficiente para los nacionalistas de Euskadi, hasta el punto de que podría ser decisivo para su vuelta a las Cortes, según declaró ayer su portavoz en el Senado, Michel Unzueta.

El acuerdo se plasmará en un nuevo texto de la disposición adicional primera de la ley, que dice así: «El sistema foral tradicional de concierto económico se aplicará en la comunidad autónoma del País Vasco de acuerdo con lo establecido en el correspondiente Estatuto de Autonomía». Este texto sustituye al aprobado por el Congreso, según el cual la LOFCA se aplicaría en el País Vasco de acuerdo con su Estatuto de Autonomía.El portavoz del Grupo Socialista, Juan José Laborda, juzgó que el acuerdo supone una mano tendida al PNV para permitirle normalizar la situación. Igual que el día anterior, ayer permanecieron en la sede del Senado los parlamentarios peneuvistas Juan María Ollora y Josu Elorriaga.

Antes de comenzar la sesión, por la mañana, se celebró una última reunión negociadora, en la que participaron el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, el redactor de la LOFCA, Francisco Fernández Ordóñez, y el socialista Ernest Lluch. Después se incorporaron a las negociaciones el secretario general de UCD, Rafael Calvo Ortega, y el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra.

Al salir del Senado, Fernández Ordóñez manifestó que no pasaría porque quedase la sospecha de que la LOFCA no se aplicará en el País Vasco. No obstante, la opinión general es que este tema queda salvado, a pesar de la ambigüedad del texto del acuerdo, entre otras cosas, por la existencia de una disposición final según la cual la LOFCA será aplicable a todas las comunidades, debiendo interpretarse armónicamente con sus respectivos estatutos, lo que se considera una garantía.

Acuerdo UCD-PSOE

Por otra parte, los tres puntos de discrepancia que aún quedaban entre UCD y PSOE estaban ayer prácticamente resueltos, dos de ellos a favor del grupo centrista, y uno del socialista. Aunque ninguno de los portavoces quiso hablar de pacto, lo cierto es que el PSOE aceptará la inclusión de dos enmiendas sobre el régimen económico-fiscal de Canarias, con las que los senadores centristas de esta región habían presionado fuertemente, meintras UCD retirará una propuesta según la cual las normas presupuestarias de las comunidades autónomas tendrían que haberse adaptado a los principios de la ley General Presupuestaria.

En el último punto en discordia no hubo acuerdo, sino que UCD impuso la supresión de un párrafo por el que los créditos de las cajas de ahorro a los entes autónomos se habrían contabilizado como parte del fondo que las cajas deben dedicar a inversión. De todas formas, frente a los reparos de UCD, expresados por el senador Julio Nieves, el socialista José Antonio Biescas no hizo más que una defensa técnica del párrafo.

Su supresión fue la única variación que el Pleno introdujo en la parte de dictamen de la ponencia aprobada ayer. Fueron rechazadas, con los votos unidos de socialistas y centristas, varias enmiendas de los independientes Vicente Bosque Hita y Ramiro Cercós, así como de Jaume Casademont, de Convergencia de Cataluña y del propio grupo vasco, que defendía el mismo senador catalán. En el debate a la totalidad previo, Casademont hizo fuertes críticas al proyecto, aunque no lo rechazó por completo, señalando que existen defectos de procedimiento, como es la gestación de los acuerdos por personas ajenas al Senado, y de fondo, ya que, en su opinión, en la LOFCA existen lagunas que provocarán conflictos en el futuro.

También Bosque Hita manifestó que la nueva ley no podrá hacer frente a todos los mandatos constitucionales sobre la materia, y se quejó duramente de lo que calificó de «imposición de criterios» al Senado por parte de Alfonso Guerra y Fernández Ordóñez. A ello contestaron centristas y socialistas que se trata de acuerdos entre partidos, con independencia de las personas concretas que los hagan.