El Polígono Aeropuerto o la destrucción de Sevilla

Si prospera el pacto entre el ayuntamiento y las juntas de compensación del Polígono Aeropuerto, a Sevilla no le va a quedar ni el consuelo que a otras ciudades, como a su difunta Itálica le queda en su ruina, de conservar algo de su ser para solaz de la gente que aún quisiera, pese al tiempo, al teleoráculo y, a quien diablos pesare, andurrear por entre el sol y sombra de sus calles.La Voz de su Amo ha entonado tipográficos cantos de sirena al decidido autor de la brillante gesta que, «ejerciendo, por fin, los poderes que le confiere el cargo, ha resuelto un problema trascendental para Sevilla, etcétera». Dicho así, con el mismo desparpajo con que suele clamar, en las secciones de huecograbado, contra la destrucción del patrimonio urbano. Clamor al adélfico modo. Reclamo, todo lo más, de futuro catálogo a presentar en sociedad en defensa de la historia por quienes no pueden, o no quieren, o no les dejan, afirmarse en sus cosas sin justificarlos superyoicamente en el nombre de alguna autoridad competente.

Lo que se ha dado en llamar destrucción de la ciudad no es sino el conjunto de efectos de los procesos de crecimiento y transformación urbana tal y como se perciben. Por ciudad se entiende ahí no el resultado de la abstracción del conjunto de rasgos comunes a todas las ciudades, puesto que «todas» son destruidas y ese rasgo común no sería diferencia específica respecto de lo que no es, o no debe serlo. Ciudad se refiere entonces a una idea de ciudad surgida además de la cultura urbana. Se alude a una ciudad formulada como deseo, a la ciudad deseada. La destrucción de la ciudad es ni más ni menos que la no construcción de esa ciudad deseada, ciudad cuyos elementos están, de algún modo, presentes a duras penas -más en tanto se pueda confundir el deseo con la nostalgia- en la ciudad histórica, el objeto tangible destruido por el modo capitalista de producción del espacio. Así es cómo la no construcción de la ciudad del deseo se manifiesta en la destrucción física, sobre la ciudad existente, de aquellos elementos que la prefiguran, es decir, los elementos que constituyen el patrimonio arquitectónico. Pero también como aparición de grandes conglomerados periféricos, cuyas caraterísticas hacen de ellos ámbitos ajenos a los sufridos y olvidados animales del género homo, y cuyo impacto de localización genera una dinámica que escapa al control que, en principio, debe pretender el planeamiento urbano.

Atendiendo a la dinámica de los procesos urbanos se puede decir que el Polígono Aeropuerto es como un detonador que acelerará la destrucción de Sevilla. El cual se está colocando con la ayuda moral de los hipócritas que a renglón seguido insertan retóricos comentarios a pie de foto, rasgándose las vestiduras por la demolición de un mercadillo o saludando con aparente contento la conservación in extremis de una fachada.

No se ha resuelto el problema de la vivienda

Polígono Aeropuerto es una actuación urbanística de un tipo que, con origen en una legislación predemocrática, permite actuar a los poderes centrales por fuera del planeamiento municipal y, por tanto, alterar y distorsionar las políticas urbanas locales. Sobre el conflicto gravita, pues, de lleno, la cuestión de la descentralización estatal y de las autonomías en el plano de los más abstracto. En el de las cosas más concretas conviene recordar que actuaciones como Polígono Aeropuerto no han resuelto el problema de la vivienda y sí han acelerado los procesos de destrucción de las ciudades en que mecanismo semejantes se han puesto en marcha por el Instituto Nacional de Urbanización (Inur). Que el propio Inur es un órgano en crisis y que se silencian o se difunden poco las cuestiones de fondo que afectan a la gestión municipal y al urbanismo, así como las contradicciones en que se debate el proceso de descentralización.

Por una parte, la producción del espacio urbano está sometida a tendencias contradictorias: como mercancía de consumo, a la presión «externa» de los otros sectores del capital que necesitan aumentar la productividad y, por tanto, la calidad de la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero también a la presión «interna» del propio sector, que tiende a maximizar las ganancias en el mismo. Como, de hecho, comparativamente, las expectativas de beneficio son mayores en otros ámbitos de la economía, la producción del espacio urbano no incentiva la inversión, sino a partir de condicionamientos propios de la distribución de la localización de inversiones en aquellos sectores. La preponderancia relativa del sector inmobiliario-contrucción en los ámbitos periféricos del sistema económico no corrupción de los mecanismos racionalizadores del mercado de suelo dimanantes de los ámbitos centrales y vigentes por razones políticas también en aquéllos.

La lógica económica del sistema conlleva, en el plano político, la tendencia a que se incremente progresivamente la intervención directa e indirecta del Estado, como empresa pública, en la gestión de los procesos de producción de las mercancías denominadas bienes y servicios (vivienda, infraestructurass urbanas, ciudad...), cada vez más necesarias a la reproducción global del propio sistema y, sin embargo, cada vez menos rentables y, por tanto, menos apetecibles para la inversión privada,

La lectura de los decretos de transferencias confirma que el proceso de descentralización más o menos en curso actualmente debe interpretarse como expresión de la tendencia del aparato gubernamental del Estado a cambiar sus funciones políticas, pasando su centro de atención de las políticas asistenciales (vivienda, servicios urbanos) a las políticas infraestructurales. El acercamiento de la gestión de las políticas asistenciales a los propios usuarios está dentro de la lógica económica antes mencionada, cuyo fin sería obtener una mejor relación entre inversión y rentabilidad en la gestión de las políticas urbanas.

Pero la existencia de las otras tensiones o tendencias contrarias -carácter periférico de la economía española en el sistema económico mundial- se expresan a su vez en la debilidad del proceso descentralizador, en la falta de convicción política del Gobierno, en la contradicción entre un programa económico restrictivo del gasto público y un programa de descentralización de la Administración que debe suponer un aumento del gasto público, si bien con las debidas garantías de rentabilidad..., en las dificultades de racionalizar la actividad de sectores empresariales -basada en el carácter especulativo de su economía y en la corrupción Institucional.

En todo caso, las desfavorables condiciones competitivas para las inversiones constituyen la justificación de la descentralización desde una óptica ucediana: se desconcentran, sin descentralizar, competencias de gestión, mientras que las correspondientes funciones asistenciales de la empresa pública se privatizan. reproduciendo, mediante aumento de la presión sobre los salarios, el modelo de dependencia-económica consolidado en los años del franquismo. La empresa local, pequeña y mediana, queda igualmente marginada, impidiéndose su desarrollo y la formación de poder económico autóctono allí donde no existiera con antelación. El poder político queda también en el centro, donde permanecen concentrados los efectivos personales, técnicos y financieros de los aparatos que se deberían transferir. Si este no es el Gobierno de las multinacionales, no cabe duda de que las multinacionales han tenido mucha suerte con este Gobierno.

El conflicto suscitado respecto del Polígono Aeropuerto es un caso de esa tensión entre centro y periferia, entre poder central y poder local. El convenio propuesto es, por mucho que se quiera elogiar, una derrota de la tendencia autonomista frente a la inercia jacobina, protagonizada, para más divertimiento, por un alcalde del Partido Andaluz. Las paradojas, como decía Unamuno, para los tontos.

4. Sépanlo los que, desde la prensa más o menos local, han aplaudido la derrota municipal como una brillante gestión: Polígono Aeropuerto es destrucción de la ciudad sin resolver a cambio los problemas de la vivienda ni problemas de desempleo. La historia reciente de la política de vivienda en España muestra la imposibilidad de solución del problema con planteamientos de tipo «cuantitativo», como mero intento de producción de nuevas viviendas para absorber los déficit calculados, porque no es posible disponer de capacidad financiera para absorber de esta manera las necesidades, además de que ello supone un despilfarro de capacidades. La posibilidad de conceder prioridad a la reutilización del patrimonio inmobiliario existente, con preferencia a los nuevos crecimientos, está bloqueada por las políticas de vivienda que está imponiendo la Administración central, que sigue siendo una prolongación de la vieja política de vivienda del franquismo.

La actuación del MOPU durante la titularidad de Joaquín Garrigues no fue más que un lavado de cara de aquella política, que a su vez se continúa en el proyecto de ley de protección oficial a la vivienda. El Estado queda corro mediador entre los usuarios y los bancos, que no resultan implicados en las operaciones. La ley otorga prioridad en la adjudicación a las familias de menores ingresos y con más hijos, que son, por otra parte, las más insolventes y, por tanto, incapaces de obtener o amortizar el correspondiente crédito.

La única innovación consiste en que la promoción directa de viviendas por el Estado se presenta ahora como más amplia, pero sólo aparentemente, ya que las repercusiones de la adquisición de viviendas van a seguir siendo, incluso en los casos más favorables, muy superiores al 20% del salario. La clave de la cuestión está precisamente en reconocer la incapacidad financiera del Estado para atender a la demanda total de viviendas y que, por tanto, las políticas de vivienda deben ser selectivas, para concentrar las capacidades financieras de la Administración en las capas verdaderamente necesitadas. Y eso exige descentralizar las políticas de vivienda en favor de los ayuntamientos. ¿Por qué?

Pues porque esta estrategia es inviable sin una adecuada política de suelo urbano, que nadie pone ya en cuestión -en el plano teórico, aunque luego se boicotee tal principio en la práctica-, como cometido específicamente municipal, a través del planeamiento y la gestión urbanística, potenciada de modo que permita determinar no sólo la localización de las viviendas sociales, sino también el precio máximo del suelo y la edificación.

Esta integración de las políticas de suelo y vivienda exige ligar los mecanismos de política crediticia-financiera con las medidas específicamente urbanísticas de intervención y hacerlo desde competencias municipales dotadas de capacidades presupuestarias de gestión.

El convenio con las juntas de compensación del Polígono Aeropuerto supone para, el Ayuntamiento de Sevilla escoger la vía de la suinisión, en vez de la de la oposición, aceptar el bloqueo centralista de la gestión municipal e innpulsar la supervivencia y legitimación de los mecanismos que, detrayendo áreas del término municipal a las competencias de la Administración local, introducen factores de distorsión que convierten el planeamiento en papel mojado y dejan a los órganos locales en la imposibilidad absoluta de controlar como deben los procesos y conflictos urbanos sin, en contrapartida, mostrarse capaces de producir esa racionalidad desde el centro.