Tres mil personas acusan de estafa a la empresa Promocisa

Los tribunales de justicia decidirán en su día si los tres propietarios de la empresa Promocisa tuvieron intención de estafar a los casi 3.000 compradores de las viviendas que se habían de construir en Villalba, en Torrejón de Ardoz y en Móstoles. De momento, y ante los indicios apuntados por sus posibles afectados, muchos hablan de que pudiera tratarse de la mayor estafa inmobiliaria de este país en los últimos diez años. Y muy pocos presentan reparos a la hora de comparar el caso Promocisa con otro caso tristemente célebre, el de Construcciones Esperanza.

Promocisa es una empresa inmobiliaria constituida hace ya bastantes años gracias al tesón, impulso e ilusión de Ramón Fernández Soler, un antiguo maestro de obras que trabajaba para una importante empresa promotora, Construcciones San Martín. El señor Fernández Soler comenzó a hacer algunos pisos en la zona del pueblo de Vicálvaro, hacia el este de Madrid capital. Eran, en aquellos momentos, negocios de poco monte económico, pero lo suficiente como para poder ser considerado como un promotor serio.Con esa seriedad por delante, Ramón Fernández Soler buscó la asociación con dos antiguos compañeros de Construcciones San Martín: un contable, Luis Jiménez Redondo, y un aparejador, Saturnino Divasson. Entre los tres constituyeron la sociedad Promocisa, resultado, a su vez, de la fusión de varias sociedades anteriores. El reparto del capital social entre los tres se hizo al 66 %, 23 % y 11%, respectivamente. De la parte del señor Fernández Soler se hizo cargo, a su muerte, su viuda, Josefa Polo.

La compra a un buen precio y mejores condiciones de pago de unos terrenos cercanos a la localidad de Alcorcón, junto a la autopista de Extremadura, permitió a Promocisa conseguir la construcción, a un precio realmente bajo en comparación con el mercado entonces existente, de un buen número de pisos, que recibieron, en su conjunto, el pomposo nombre de Parque de Lisboa.

Las grandes ganancias conseguidas con la venta de los pisos del Parque de Lisboa -que llegaron a ser considerados por algunos como un lujo para los que, hace diez años, querían verse convertidos en clase media- hicieron pensar a los socios de Promocisa en repetir el negocio.

La base de ese negocio estaba en comprar solares a bajo coste que, tras pasar algún tiempo y gracias a haberse constituido directamente en constructores -cosas ambas que equivalen a rebajar sensiblemente los costes de producción-, les permitía ofrecer viviendas a un precio bastante inferior a la media del mercado de aquel entonces. Una buena publicidad.de la nueva promoción inmobiliaria haría el resto.

Pero enel año 1967, el escándalo de la estafa de la empresa Construcciones Esperanza mueve a la Administración a promover una nueva ley que impida que las promotoras de viviendas dediquen las cantidades recibidas a cuenta de los compradores a fines distintos de la construcción.

Según esa ley, conocida por la 57/68, las promotoras de viviendas deben establecer unas cuentas especiales en entidades bancarias, en las que serán ingresadas todas las cantidades entregadas a cuenta por los futuros compradores. Los bancos, por su parte, no podrán liberar las cantidades ingresadas en dichas cuentas si no tienen la absoluta certeza de que esas cantidades han sido destinadas a la construcción de la promoción inmobiliaria prevista. Para que el banco tenga esa certeza, nada mejor que la presentación de certificaciones de obra.

La ley, pues, impedía que Promocisa pudiera disponer de las cantidades entregadas por los compradores, a cuenta de la construcción de sus viviendas, a la compra de solares que, años después, revalorizados en su precio, servirían para poder seguir ofreciendo pisos para la clase media muy por debajo de la oferta media del mercado.

Obsesión por comprar solares

Sin embargo, todos los indicios parecen señalar que Promocisa no ingresaba el total de las cantidades entregadas en las cuentas especiales previstas por la ley. La parte no ingresada en ellas seguía siendo destinada a la compra de solares que, previsiblemente, habrían de servir para el desarrollo de futuras promociones y para la cobertura económica de las que se encontraban en marcha: si las cosas van mal, se venden solares y con el dinero obtenido se sigue construyendo. El sistema no era financieramente malo. Es más, no era Promocisa la única sociedad que lo practicaba.

Mientras, las compañías de seguros dedicadas al nuevo ramo del afianzamiento cubrían el riesgo de las cantidades entregadas a cuenta por los compradores mediante la suscripción de unas pólizas con Promocisa que aseguraban, en todo momento, la devolución de las cantidades entregadas a cuenta más el 6% anual en concepto de intereses, en el caso de que la construcción de las viviendas no se realizara o se demorara en exceso.

Pero el exceso de afán comprador de Promocisa, con tal de asegurarse sus futuras promociones y -según creía- su propio patrimonio, a base de solares, le lleva a un momento en que no tiene dinero efectivo suficiente como para hacer frente a los gastos derivados de la construcción de las viviendas. Ello a pesar de sus 10.508 millones de activo frente a 8.140 de pasivo. Es el momento en que ha comenzado la construcción de los parques de Estoril -en Móstoles-, La Coruña -Villalba- y Cataluña -Torrejón de Ardoz-.

Esto ocurre ya en el año 1978. Pero, un año antes, las protestas de los compradores de pisos habían comenzado en otra urbanización de Promocisa, el Parque Coimbra, también en Móstoles. Entonces, el crack financiero no llegó a aparecer.

Para intentar salir del atolladero económico, los responsables de Promocisa promueven una reunión con las entidades bancarias de donde se desprende la liberacíón por parte del Central, Industrial del Sur e Hispano Americano, de unos mil millones de pesetas. De ellos, sólo cuatrocientos tienen como destino final la construcción de viviendas. Del resto, trescientos sirven para pagar impagados y el resto, otros trescientos, para saldar deudas con proveedores.

Las obras se reinician a un ritmo muy lento. Mientras, se venden nuevos pisos de las tres urbanizaciones, todavía en poder de Promocisa, cuyas cantidades son destinadas a financiar la construcción de los bloques parados. A pesar de todo, en diciembre del año pasado, las dificultades económicas llegan a tal extremo que impiden la prosecución de las obras.

A partir de ese momento se produce la gran desbandada: los bancos aseguran que, en sus entidades, no habían sido abiertas las cuentas especiales previstas por la ley -cosa que, después, EL PAÍS se encargó de desmentir-; las compañías de seguros decían que, si no había cuentas especiales, las pólizas suscritas por ellas no eran válidas y, por tanto, no pagaban.

Pero el tema no era nuevo para la Administración. Por lo menos, no se dejó sorprender por las noticias aparecidas en los periódicos y actuó de forma inmediata: el Consejo de Ministros del día 6 de este mes nombró a un abogado del Estado destinado en la Presidencia del Gobierno como inspector especial en el caso Promocisa, y se le daba un plazo de dos semanas, que termina dentro de tinos días, para que evacuara su informe sobre el tema.