La población reclusa española superará en 1984 las 25.000 personas
Un aumento espectacular de la población reclusa española en el futuro inmediato -17.000 presos en estos momentos, 20.000 a finales de año, y más de 25.000 en 1984- fue anunciado en la mesa redonda sobre La reforma penitenciaria celebrada en Pamplona en el marco del 29º Curso Internacional de Criminología, que viene desarrollándose en la capital navarra desde el pasado lunes, organizado por la Fundación Bartolomé de Carranza bajo el patrocinio de la Diputación Foral de Navarra.
En la mesa redonda participaron Francisco Bueno Arus y Enrique Ruiz Vadillo, el primero, letrado del Ministerio de Justicia, y el segundo, jefe adjunto del gabinete de estudios e informes de dicho departamento, y Gonzalo Martínez-Fresnedal, uno de los abogados firmantes de la querella por supuestos malos tratos en la cárcel de Herrera de la Mancha, y Manuel Revuelta, periodista, autor del libro Sumario 22 /79. Herrera de la Mancha. Una historia ejemplar. Los dos representantes del Ministerio de Justicia forman parte actualmente, caso de Bueno Arus, o lo han formado en el pasado, caso de Ruiz Vadillo, del equipo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.Gonzalo Martínez-Fresnedas y Manuel Revuelta dieron un balance desolador de la reforma penitenciaria y de la ley General Penitenciaria, entrada en vigor en julio del año pasado, que fue asumido, o al menos no fue refutado, por los representantes del Ministerio de Justicia. «La reforma penitenciaria no existe», comenzó su disertación el primero, para afirmar, a continuación, que lo único que parece importarle al Estado en estos momentos es llenar las cárceles con los cientos de prisioneros que se cobran todos los días en la guerra que libran contra la llamada inseguridad ciudadana. «En enero de 1979 había 10.500 presos. El director general habla actualmente de 17.000. A finales de año habrá 20.000. La misma Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha dado la cifra de 25.000 para 1984, dijo Martínez-Fresnedas. El hacinamiento actual en las prisiones españolas, en que la promiscuidad es la regla, origina unas condiciones de vida cada vez más penosas, que llevan, según el ponente, a intentos de suicidio cada vez más frecuentes. «Los suicidios consumados, también», añadió Martínez-Fresnedas, «aunque no se dé noticia oficial de los mismos. En lo que va de año se han detectado siete ».
«La reforma penitenciaria», concluyó Martínez-Fresnedas, «nació muerta, y nadie relacionado con la justicia y las cárceles cree en ella. Es una ley que se hizo para no cumplirla, con la intención turbia de crear la sensación de reforma. Puede decirse que la llamada reforma penitenciaria ha quedado reducida al triste experimento de Herrera de la Mancha». Refiriéndose a esta prisión manifestó que es un caso de «abuso, impunidad e incivismo del poder».
En la misma línea, Manuel Revuelta se refirió al primer aniversario de la ley General Penitenciaria y de la cárcel de Herrera de la Mancha, nacida esta última en junio, y la primera, en julio del pasado año. «Se puede constatar ya»; dijo, «que esta reforma penitenciaria que se promulgaba entonces en olor de multitud, que permitía a los partidos políticos quitarse de encima el asunto de una posible amnistía p ara los presos comunes. La cárcel de Herrera ha tenido, en cambio, mejor o peor suerte, según se mire, presente como noticia permanente en las páginas de los periódicos y como elemento conflictivo de esa problemática que parece tan difícil de aclarar y resolver: las torturas». Manuel Revuelta analizó el contenido de la reforma penitenciaria, para afirmar a continuación que el objetivo de la misma viene expresado en las declaraciones hechas por el actual director general de Prisiones, Enrique Galavís, el 11 de febrero de 1980, a Radio Nacional de España: «Hay que Ir a un cajón de hormigón armado, es decir, que por todos los lados no se puede taladrar y no se puedan hacer túneles. Eso es factible. y técnicamente posible, y eso es lo que justificaría que un ingeniero estuviera de director general de Prisiones, y no un jurista ».
Ruiz Vadillo y Bueno Arus hicieron hincapié, por su parte, en que los distintos factores que inciden en la reforma penitenciaria no son controlables por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. «Una reforma penitenciaria no tiene sentido sin un marco: Constitución, Código Penal, Administración de Justicia», dijo el segundo. «Los tipos delictivos, la aplicación de las penas, son hechos decididos por otras instancias ajenas a la administración penitenciaria. A ésta ya se le da decidido el número de personas de las que tiene que hacerse cargo». Admitió que el número de reclusos es altamente creciente, y que pronto se llegará al índice más alto de los últimos lustros, salvo los años inmediatamente posteriores a la guerra civil. Reconoció también las malas condiciones de vida de las cárceles -edificios en su mayoría muy antiguos-, manifestó que en tales condiciones la administración penitenciaria «lo único que puede hacer es tratar de hacer que el ingreso de los reclusos y su permanencia en las cárceles se haga en las condiciones más dignas o menos indignas posibles».
