El nuevo director de Seguridad del Estado mandará por primera vez la Policía Nacional y la Guardia Civil

El Consejo de Ministros, que se reunió ayer presidido por Adolfo Suárez, acordó dos reestructuraciones de extraordinaria importancia -según las definió el portavoz oficial, Josep Meliá- en el campo de la Administración territorial y en el de Interior. Por lo que hace a este último destaca el nombramiento de Francisco Laína -hasta ahora gobernador civil de Zaragoza- como director de la Seguridad del Estado, con rango de secretario de Estado, y que por vez primera tendrá el mando de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.Este hecho que, según informó Meliá, se produce por vez primera, supone una muestra de la voluntad política del Gobierno de coordinar la acción de las Fuerzas de Orden Público.

En cuanto a la Administración Territorial, se crean dos secretarías de Estado una, para las Relaciones con las Comunidades Autónomas, para la que se ha nombrado a Manuel Broseta, catedrático de Derecho mercantil y senador de UCD por Valencia, y otra, para la Administración Local, que todavía no tiene titular.

Las dos secretarías de Estado -se informa- no suponen aumento del gasto público, porque se han amortizado las dos existentes en el Ministerio de la Presidencia -Desarrollo Constitucional y Función Pública-, cuyos titulares han sido nombrados ministros adjuntos en la última remodelación ministerial.

Según la información oficial facilitada, el decreto que precisa el alcance del impuesto de gastos suntuarios unifica criterios impositivos entre los hoteles y establecimientos turísticos, tales como restaurantes, cafeterías, bares y similares. No se considerarán gastos suntuarios el menú de la casa en los restaurantes, el plato combinado de la casa en las cafeterías, ni los servicios de café, cerveza no importada, bebidas refrescantes y vino común en toda clase de establecimientos.

Otro decreto aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda es el que modifica determinados proyectos del reglamento general de recaudación. Según la, información facilitada por el secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, la citada disposición implica la puesta en marcha de mayores retenciones a cuenta del impuesto general sobre la renta de las personas físicas, con ocasión de las percepciones salariales.

Procedimiento laboral

En cumplimiento de lo establecido en la disposición final sexta del Estatuto de los Trabajadores, el Consejo de Ministros aprobó el texto refundido de la ley de Procedimiento Laboral, en el que se han modificado 132 de sus 230 artículos. Entre otros aspectos, se regulan los aspectos procesales del despido y, en especial, los efectos del improcedente frente al Estado por los salarios de tramitación cuando el pleito dure más de dos meses, y respecto al fondo de gararitía salarial en casos de insolvencia del empresario y de empresas con menos de veinticinco trabajadores. También se regula el procedimiento en materia de extinción del contrato de trabajo por causas tecnológicas y objetivas y se establecen procedimientos judiciales especiales para impugnación de elecciones sindicales y declaración de ilegalidad o posible lesión de terceros, derivada de convenios colectivos.

En cumplimiento de otra disposición del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno reguló, por decreto, el trabajo del personal civil no funcionario dependiente de establecimientos no militares.

Entre los restantes acuerdos de trámite del Consejo de Ministros figura la creación de 74 colegios nacionales y otros centros docentes que proveerán un total de 47.870 plazas escolares; regulación del overbooking en el transporte aéreo; creación de las bienales nacional e internacional de las artes plásticas; expedientes de obras públicas y urbanismo por valor próximo a 3.000 millones de pesetas, y concesión de doscientos millones de pesetas para ayuda al paro agrario a través del sector del corcho.